El 28 de mayo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que ordena a las agencias federales que desarrollen regulaciones bajo una ley existente, la cual protege a las compañías de redes sociales de ser demandadas por el contenido del usuario. Las regulaciones apuntan a proteger a los usuarios de las prácticas de restricción de contenido injustas o engañosas empleadas por estas compañías.
La orden puede obligar a los gigantes de las redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube a relajar sus restricciones de contenido, especialmente en el discurso político, para que no corran el riesgo de perder importantes protecciones de responsabilidad.
Hace días, Twitter agregó una nueva etiqueta de «verificación de hechos» en dos de los tweets de Trump, a lo que Trump respondió acusando a la compañía de interferencia electoral.
«Las elecciones que hace Twitter cuando elige suprimir, editar, poner en lista negra, shadowban son decisiones editoriales, puras y simples», dijo el presidente. «En esos momentos, Twitter deja de ser una plataforma pública neutral y [se convierte] en un editor con un punto de vista, y creo que también podemos decir eso de los demás».
Trump acusó a Twitter de «aplicar selectivamente» su etiquetado de verificación de hechos, señalando que tienen el poder de elegir qué información verificar y qué ignorar o promover. Él dijo que no era más que «activismo político».
«Creo que todos ustedes lo ven, esta censura y parcialidad es una amenaza a la libertad misma», dijo. «Imagínese si su compañía telefónica silenciara o editara su conversación».
Trump pidió nuevas regulaciones bajo la sección 230 de la Ley de la Decencia de Comunicaciones de 1996 para que las compañías de redes sociales que se dedican a «censurar» o al «comportamiento político» no «puedan mantener su escudo de responsabilidad».
La Sección 230 exime en gran medida a las plataformas online de la responsabilidad por el contenido publicado por sus usuarios, aunque pueden ser consideradas responsables por el contenido que viole las leyes contra el tráfico sexual de personas o la propiedad intelectual.
La ley estaba destinada a proteger una «industria incipiente», aseguró el Fiscal General William Barr durante el anuncio de Trump de la orden ejecutiva, y agregó que desde entonces se ha «extendido mucho más allá de su intención original, y la gente siente eso en ambos lados del pasillo».
La ley permite a las compañías restringir o eliminar contenido «de buena fe» si lo consideran «obsceno, lascivo, indecente, sucio, excesivamente violento, acosador u objetable».
Sin embargo, las garantías no estaban destinadas a aplicarse a servicios que actúan más como editores que como plataformas, indicó Barr.
“Cuando ponen su propio contenido, como el contenido de verificación de hechos, en el contenido de otras personas, y cuando seleccionan su colección y cuando comienzan a censurar contenido particular, incluso en muchos casos bajo la dirección de gobiernos extranjeros, como la China comunista, se vuelven editores», dijo Barr.
La orden de Trump ordena a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que desarrolle regulaciones para lo que es y no es «buena fe» en las plataformas online. Las regulaciones deben detallar cuándo las restricciones de contenido son «engañosas, pretextuales o inconsistentes con los términos de servicio de un proveedor; o (…) tomado después de no proporcionar un aviso adecuado, una explicación razonada o una oportunidad significativa para ser escuchado».
La orden puede obligar a las compañías tecnológicas a proporcionar siempre una razón, una forma de apelar y algo de tiempo para responder antes de que la compañía tome una medida restrictiva contra el contenido publicado por el usuario. Es posible que las compañías también tengan que defenderse de las acusaciones de que la razón provista no sea la verdadera.
Los usuarios podrán expresar sus quejas directamente con la Casa Blanca a través del sitio web «Tech Bias Reporting» que Trump ya ejecutó durante varios meses el año pasado. Durante ese tiempo, recolectó más de 16,000 quejas de censura online. El sitio web se restablecerá y las quejas que reciba se enviarán directamente a la Comisión Federal de Comercio (FTC), que las resumirá en un informe público.
Trump ordenará a la FTC que «considere tomar medidas» contra las plataformas online por participar en «actos o prácticas injustas o engañosas», si «restringen el discurso de manera que no se alineen con las representaciones públicas de esas entidades sobre esas prácticas», dice la orden.
La FCC también será dirigida a proponer regulaciones que «concluya que pueden ser apropiadas para avanzar la política» establecida en la orden.
«La comunicación a través de estos canales se ha vuelto importante para una participación significativa en la democracia estadounidense, incluso para elegir candidatos», dice la orden. «Estos sitios proporcionan un foro importante al público para que otros participen en la libre expresión y el debate».
Menciona el caso de 1980 del Tribunal Supremo de Pruneyard Shopping Center v. Robins, que estableció que los estados son libres de aprobar leyes que permiten la libre expresión de la propiedad privada.
Eso sugiere que la Casa Blanca apoyaría a los estados que otorgan a sus residentes derechos adicionales cuando navegan por Internet, como el derecho a la libertad de expresión. Las plataformas online se verían obligadas a respetar esos derechos cuando presten servicios en dichos estados.
Barr acusó a los gigantes tecnológicos de tratar de influir en el debate público.
“Hay un poco de ‘carnada y cambio’ que ha ocurrido en nuestra sociedad. Estas compañías crecieron porque se destacaron como foros públicos gratuitos donde una variedad de voces diversas podían aparecer y ser escuchadas. Así es como crecieron. Así es como atrajeron las miradas. Por eso la gente se unió a ellos”, dijo Barr.
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