Para animar a los trabajadores estadounidenses a vacunarse, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), ha suspendido el requisito legal de que los empleadores informen de las lesiones laborales resultantes de las vacunas destinadas a combatir el virus del PCCh, que causa la enfermedad COVID-19.
Esta suspensión de la ley por parte de la OSHA no cambia el hecho de que los empleadores puedan ser considerados responsables en virtud de las leyes de compensación de los trabajadores o de las leyes de daños personales civiles, según el grupo sin ánimo de lucro Liberty Counsel.
A principios de mayo, el sitio web de la OSHA, una agencia del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés), declaró que los empleadores podrían ser considerados responsables si exigían a los empleados que recibieran vacunas contra con el COVID-19 como condición para el empleo y los empleados luego experimentaran reacciones adversas.
En una sección de «Preguntas frecuentes» (FAQ) del sitio web de la OSHA afirmaba: «Si usted exige a sus empleados que se vacunen como condición para el empleo (es decir, por razones laborales), entonces cualquier reacción adversa a la vacuna COVID-19 es laboral. La reacción adversa es registrable si se trata de un caso nuevo según el 29 CFR 1904.6 y cumple uno o más de los criterios generales de registro del 29 CFR 1904.7», según Liberty Counsel.
Pero los visitantes a la sección de preguntas frecuentes del mismo sitio web ven ahora un mensaje diferente, que dice:
«El Departamento de Trabajo y la OSHA, así como otras agencias federales, están trabajando diligentemente para fomentar la vacunación contra el COVID-19. La OSHA no desea que parezca que desanima a los trabajadores a vacunarse contra el COVID-19, y tampoco desea desincentivar los esfuerzos de vacunación de los empleadores. Como resultado, la OSHA no aplicará los requisitos de registro del 29 CFR 1904 para exigir a los empleadores que registren los efectos secundarios de la vacunación contra el COVID-19 hasta mayo de 2022. Vamos a reevaluar la posición de la agencia en ese momento para determinar el mejor curso de acción en el futuro».
Liberty Counsel dedujo del cambio de orientación que la Casa Blanca influyó en la decisión de dejar de aplicar el requisito de informar durante un año.
«Sin duda, recibiendo presión de la Administración Biden, la OSHA suspendió el requisito de registrar las lesiones adversas o la muerte por las vacunas COVID hasta mayo de 2022 con el fin de impulsar las vacunas COVID. Este cambio políticamente motivado por la OSHA no tiene precedentes», declaró el grupo en un comunicado de prensa.
El fundador y presidente de Liberty Counsel, Mat Staver, criticó en un comunicado la decisión de cambiar las directrices de la OSHA.
«Los empleadores que exigen a los empleados que se vacunen contra el COVID pueden ser considerados responsables de las lesiones adversas y de la muerte. El hecho de que la OSHA no haga cumplir los requisitos de registro no altera la responsabilidad legal de los empleadores que exigen, coaccionan o incentivan a los empleados para que se vacunen contra el COVID».
«La suspensión por parte de la OSHA del requisito de registro para no desincentivar las vacunas COVID experimentales revela que a la Administración Biden le importa un bledo el daño colateral que causan las vacunas COVID. La gente puede ver esta agenda sesgada. No son tontos».
Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 disponibles está aprobada o autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, señaló Liberty Counsel. Están bajo lo que se conoce como una autorización de uso de emergencia (EUA), lo que significa que no se puede exigir su uso.
La FDA reconoce en su página web que «debe garantizar que los receptores de la vacuna con una EUA sean informados, en la medida de lo posible dadas las circunstancias aplicables (…) de que tienen la opción de aceptar o rechazar la vacuna, y de cualquier alternativa disponible al producto».
La autoridad de la EUA, en virtud de la sección 564 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, permite a la FDA tomar medidas para proteger la salud pública contra «las amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (QBRN), incluidas las enfermedades infecciosas, facilitando la disponibilidad y el uso de contramedidas médicas (MCM) necesarias durante las emergencias de salud pública».
Cuando el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) declara que es necesaria una EUA, como lo hizo el 27 de marzo de 2020, en relación con la pandemia en curso, la FDA puede autorizar productos médicos no aprobados o usos no aprobados de productos médicos aprobados para ser utilizados «en una emergencia para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades o condiciones graves o potencialmente mortales causadas por agentes de amenaza QBRN cuando se cumplen ciertos criterios, incluyendo que no hay alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles».
The Epoch Times se puso en contacto con la OSHA para pedirle comentarios en el Día de la Recordación, pero no había recibido respuesta al cierre de esta edición.
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