La represión es “la epidemia que más afecta” a Cuba y en el último semestre “repuntó” con “severas condenas” para los manifestantes de las protestas contra el régimen del 11J, alertó este martes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe provisional semestral.
En su resumen, la SIP, con sede en Miami, considera que la libertad de expresión en la isla es “débil”, se enmarca dentro de una sociedad “sin respiro” y en un ambiente “hostil”.
Además, señala que los comunicadores independientes en la isla viven bajo “vigilancia y amenazas intermitentes”.
En los últimos meses, señala la SIP, “la mayoría” de periodistas fuera de los medios oficiales del país caribeño “sufrieron diversos grados de amenazas policiales y acoso” e “interrogatorios y amenazas judiciales” para que no divulgaran información sobre la protesta nacional convocada para el pasado 15 de noviembre, desautorizada por el régimen.
Dentro del informe, que debe ser aprobado en la Asamblea que comienza este martes, se citan varios casos de trabajadores de la prensa independiente detenidos –dos de ellos aún en prisión: Lázaro Yuri Valle Roca y Jorge Bello Domínguez– en el marco de la cobertura de las protestas del pasado julio.
Además de ellos dos, la SIP cita otros ejemplos como el de Esteban Rodríguez, quien fue excarcelado en enero tras más de ocho meses de prisión sin juicio y que, según la SIP, debió “aceptar el destierro a cambio de su liberación”.
Al igual que Rodríguez, otros comunicadores, como Karla Pérez, viven fuera del país por su labor informativa, apunta el documento.
Por otro lado, al menos 15 periodistas independientes “tienen prohibido salir del país”, como es el caso de Luz Escobar, del portal 14yMedio, dirigido por Yoani Sánchez.
Según el informe, el ambiente de libertad de expresión solo se ha beneficiado por “el creciente número de cubanos que se conectan a internet, consumen y divulgan información alternativa a la oficial”.
Sin embargo, advierte el documento, la empresa estatal de comunicaciones ETECSA se ha empeñado en censurar las páginas de internet de medios y ONG críticas del régimen, facilitar la cibervigilancia y hacer “cortes selectivos de comunicaciones a periodistas y activistas”.
Desde las protestas del año pasado, la organización ha detectado al menos 39 detenciones de informadores, el arresto domiciliario de 32 y “amenazas y agresiones psicológicas durante citaciones o detenciones arbitrarias” de 16.
Nuevo Código Penal
En el documento se alerta asimismo sobre el nuevo Código Penal, que será aprobado este mes, según adelantó el régimen insular. De acuerdo con la SIP, el proyecto “exagera la protección de los gobernantes, en detrimento de los ciudadanos” y “agrava la represión”.
El resumen provisional de la organización pone el foco en un artículo del proyecto (el 143) que aplica lo que califica de “altas penas” –de cuatro a 10 años de cárcel– para “los que se involucren en el envío, trasmisión o recepción de recursos dirigidos a organizaciones no reconocidas por el Estado, incluidos los medios independientes y las ONG”.
Según el anteproyecto, estas penas se aplicarán si se tiene el “propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.
Asimismo, en el capítulo “Propaganda contra el orden constitucional”, apunta la SIP, se castiga con hasta cuatro años de prisión a quien “incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista (…) mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma».
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