BRUSELAS—La Unión Europea condenó las elecciones «fraudulentas» en Bielorrusia y rechazó la autoridad de Alexander Lukashenko al anunciar sanciones contra los funcionarios involucrados en la violencia, la represión y el fraude electoral.
Los líderes de los 27 países del bloque autorizaron de manera unánime la prohibición de viajar y congelar los activos de personajes públicos clave del régimen y los servicios de seguridad durante una videoconferencia de emergencia el 19 de agosto.
También advirtieron con firmeza al presidente ruso Vladimir Putin que no intervenga en la crisis, insistiendo en que «el futuro de Bielorrusia tiene que ser decidido por el pueblo de Bielorrusia, no en Bruselas, ni en Moscú».
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que un «número considerable» de personalidades involucradas en el fraude de las elecciones y la subsecuente represión violenta de las protestas pacíficas se enfrentará a sanciones.
Dijo que se elaborará una lista de objetivos y se dará el visto bueno legal lo antes posible. Añadió que aún no se ha decidido si el propio Lukashenko será incluido en la lista, y el tema se decidirá en los próximos días.
Los líderes de la UE pidieron una «investigación completa y transparente» de los abusos y la «liberación inmediata e incondicional» de todos los detenidos ilegalmente durante los 10 días de protestas.
«Las elecciones del 9 de agosto no fueron ni libres ni justas, por lo que no reconocemos los resultados. El pueblo de Bielorrusia tiene derecho a determinar su futuro», dijeron los líderes de la UE en una declaración conjunta.
«La UE impondrá en breve sanciones a un número considerable de personas responsables de la violencia, la represión y la falsificación de los resultados de las elecciones».
En un aviso directo a Lukashenko de no intensificar la violencia, le advirtieron, «Cualquier deterioro adicional de la situación afectará nuestra relación y tendrá consecuencias negativas».
Michel dijo que Putin le había asegurado durante una llamada telefónica el 18 de agosto que el Kremlin no tiene intención de involucrar a su ejército en el manejo de la crisis.
El presidente del Consejo de la UE dijo que ambos tuvieron un «intercambio de opiniones muy claro y muy franco» y que había recalcado al presidente ruso la necesidad de «evitar las influencias negativas externas» sobre Bielorrusia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la UE no se involucrará en la política interna de Bielorrusia, y añadió que «el futuro de Bielorrusia debe ser decidido por el pueblo bielorruso. Debe crecer desde dentro».
«Es el pueblo bielorruso el que demanda una repetición de elecciones verdaderamente justas y libres. Los apoyamos en la elección del camino que quieren seguir. Es su decisión sobre a dónde quieren conducir a su país».
El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, dijo que la UE también debería considerar «elaborar ciertos mecanismos» para ayudar a reducir la dependencia económica del antiguo estado soviético con respecto a Rusia.
Un desafiante Lukashenko inmediatamente respondió acusando a una cantidad de países europeos, incluyendo a Francia y Alemania, de alimentar las protestas en su contra, instruyendo a su administración a advertirles «sobre la responsabilidad de fomentar los disturbios».
También ordenó a la policía sofocar las protestas, una acción que fue condenada por los líderes europeos, entre ellos a Gitanas Nauseda, el presidente de la vecina Lituania, quien dijo que podría «conducir a una amarga pena».
La comisión electoral central de Bielorrusia anunció que seguirá adelante con los planes para la investidura de Lukashenko como presidente del país en los próximos dos meses, a pesar de las protestas generalizadas.
La canciller alemana, Angela Merkel, ha descartado actuar como mediadora en la crisis, diciendo que había intentado hablar con Lukashenko por teléfono pero «se negó a hablar conmigo, lo cual lamento».
En cambio, los líderes de la UE dijeron que «apoyan firmemente» el uso de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, actualmente presidida por el primer ministro de Albania, Edi Rama, como intermediario.
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