El comisionado de salud de Virginia dijo que exigirá a la población que se vacune contra el virus del PCCh (Partido Comunista Chino), confirmando los temores de vacunación obligatoria en Estados Unidos.
Cuando se le preguntó si la vacuna para el virus sería obligatoria, el Dr. Norman Oliver dijo que «Sí», en una entrevista con 8News esta semana.
«Esto está matando gente ahora. No tenemos un tratamiento para ello y si desarrollamos una vacuna que pueda evitar que se propague en la comunidad, salvaremos cientos y cientos de vidas», dijo Oliver, y añadió que no sería obligatoria mientras no se «demuestre que la vacuna es segura».
La ley de Virginia permite actualmente al comisionado exigir la vacunación inmediata en caso de epidemia.
Solo se permiten excepciones si un médico certifica por escrito que la aplicación de una vacuna sería perjudicial para el paciente.
Sin embargo, tres legisladores republicanos presentaron un proyecto de ley (pdf) la semana pasada que añade otra excepción. Si la legislación se aprueba, las personas que se oponen a vacunarse por motivos religiosos podrán evitar el requisito.
Una solicitud de comentarios enviada al delegado Mark Cole —principal patrocinador del proyecto de ley— no fue respondida a la brevedad, ni tampoco la enviada al delegado Mark Sickles, el demócrata que preside el Comité de Salud, Bienestar e Instituciones de la Cámara de Representantes del estado, a donde el proyecto de ley fue remitido para su consideración.
Los demócratas controlan tanto la Cámara como el Senado en Virginia.
Una portavoz del gobernador Ralph Northam (D) tampoco respondió de inmediato cuando se le preguntó si Northam apoya los planes de Oliver para una vacuna obligatoria contra el virus del PCCh.
El virus causa la COVID-19, una enfermedad debilitante o mortal principalmente para ancianos y enfermos.
El escepticismo acerca de una vacuna segura contra el virus del PCCh está muy extendido en Estados Unidos. El 24 por ciento de los encuestados por Reuters/Ipsos en mayo dijo no estar interesado en lo absoluto, o no muy interesado, en vacunarse. Otro 11 por ciento dijo no estar seguros.
Las vacunas para la nueva enfermedad se están desarrollando a toda prisa y se prevé que algunas estén listas para fin de año. Normalmente se necesitan años de desarrollo para que una vacuna llegue al mercado.
Más del 40 por ciento de las personas con poco o ningún interés dijo estar preocupado por la rapidez con que se están desarrollando las vacunas y que temen que la vacuna sea más riesgosa que la enfermedad COVID-19.
En una encuesta de la universidad Marist y PBS de este mes, el 35 por ciento de los encuestados dijo que no se vacunarían. Otro cinco por ciento no estaba seguro.
Algunos temen que la vacuna sea obligatoria. Varias personas reaccionaron fuertemente en las redes sociales ante los comentarios de Oliver.
«Esto es absolutamente aterrador y debe ser enfrentado con toda la resistencia necesaria», escribió en Twitter Ben Jammin, partidario del presidente Donald Trump que trabaja para DFS Army.
Kathleen Medarie, portavoz de Virginia Freedom Keepers, organización que aboga por la libertad médica, dijo que debería ser decisión de cada persona si la vacuna es adecuada para su familia.
«Los estados pueden obligar la vacunación de manera más o menos invasiva», dijo el profesor de derecho Dov Fox, director del Centro de Políticas para Leyes de Salud y Bioética de la Universidad de San Diego, en una entrevista de la estación KGTV. «Pueden limitar el acceso a las escuelas, servicios o empleos si la gente no se vacuna. Podrían obligarles a pagar una multa o incluso encerrarlos en la cárcel».
«Los tribunales han determinado que cuando la necesidad médica lo requiere, la salud pública pesa más que los derechos y libertades individuales en juego», añadió, citando el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Jacobson contra Massachusetts.
Debbie Kaminer, profesora de derecho en el Baruch College de Nueva York, citó el mismo fallo en una columna, argumentando que «los estados probablemente tendrían el derecho legal de implementar» la obligación de vacunarse. Aunque el fallo se dictó en 1905, los tribunales siguen basándose en él, añadió.
El año pasado, la ciudad de Nueva York exigió que toda persona mayor de seis meses de edad, que vive, trabaja o asiste a la escuela en ciertas zonas recibiera la vacuna contra el sarampión o pagara una multa.
Kaminer dijo que los empleadores pueden exigir la vacunación de diferentes maneras, aunque pocos han decidido hacerlo antes de la pandemia.
No todos los estados exigirán la vacuna contra COVID-19.
El 5 de agosto, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, un demócrata, dijo a la prensa que no hará obligatorio que los niños se vacunen al regresar a la escuela una vez que la vacuna esté disponible.
Una acción a nivel federal podría no ser legal, según Y. Tony Yang, director ejecutivo del Centro de Políticas de Salud y Participación Mediática de la Escuela de Enfermería de la Universidad George Washington, y Dorit Rubinstein Reiss, profesora de la facultad de Derecho de la Universidad de California Hastings.
«Una obligación federal de vacunarse probablemente sería declarado inconstitucional bajo la Cláusula de Comercio, porque regularía una actividad que no es únicamente económica», escribieron en un artículo de opinión.
«Más allá de la legalidad, una obligación federal de vacunarse no resuelve los problemas de raíz que impiden a la gente vacunarse. Una obligación también es probable que alimente el movimiento antivacunación y una desconfianza aún mayor hacia el gobierno», añadieron.
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