La ciudad de Laredo, Texas, está demandando a la Administración Biden en un intento de detener el traslado a la ciudad de miles de inmigrantes ilegales de entre los detenidos en el Valle del Río Grande y Del Río.
Las autoridades de Laredo afirman en la demanda que recientemente se les informó que la Patrulla Fronteriza tiene la intención de duplicar el número de inmigrantes ilegales trasladados a Laredo desde el Valle del Río Grande —de unos 150 individuos a 300 por día.
La demanda solicita una orden de restricción temporal y una audiencia de emergencia sobre el tema. Se presentó el 16 de julio en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Texas.
Las autoridades municipales afirman que las ONG locales que prestan asistencia a los inmigrantes ilegales están desbordadas y que ha aumentado el número de inmigrantes ilegales que son puestos en libertad sin someterse a la prueba de COVID-19.
«Como Laredo es una de las comunidades menos atendidas en materia de salud y con recursos limitados, simplemente no puede adaptarse a un aumento en los contagios de COVID-19», afirma el documento judicial.
Continúa diciendo que los inmigrantes ilegales en los autobuses serán dejados entre el público en general, en las estaciones de autobuses y en el aeropuerto, potencialmente «exponiendo a la comunidad y a los ciudadanos a este virus mortal durante sus viajes por todo el país».
Los funcionarios de Laredo dicen que la Administración Biden está causando un «daño irreparable» con la avalancha de inmigrantes ilegales que se está dispersando en Laredo.
«Aunque el aumento de la afluencia de RIM es claramente un asunto federal, el gobierno federal ha convertido esto en un problema municipal que debemos resolver por nuestra cuenta», dice la queja, utilizando el acrónimo RIM para referirse a «refugiados, inmigrantes y migrantes».
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
Un agente de la Patrulla Fronteriza dijo a The Epoch Times que cuando los inmigrantes ilegales son llevados a un centro de detención en el Valle del Río Grande, «se les hace la prueba estándar de COVID, que es: ‘Voy a comprobar tu temperatura'».
Todos los menores no acompañados son puestos en compartimentos, y cuando es el momento de trasladarlos, van al área médica para una prueba real por el COVID-19, dijo el agente, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.
«Así que digamos que de 50 de ellos, 25 darán positivo por COVID y a los otros 25 se les permite viajar de todos modos», añadió el agente.
La demanda de Laredo afirmaba que se produciría una «pesadilla logística» si la Administración Biden levantara la orden de emergencia sanitaria del Título 42 en la frontera mientras los refugios de las ONG están llenos.
El Título 42 se instituyó en marzo de 2020 para permitir que los inmigrantes ilegales fueran rápidamente expulsados a México como precaución ante la pandemia, en lugar de ser procesados bajo la ley de inmigración del Título 8, que es un proceso mucho más prolongado dentro de Estados Unidos.
Con el presidente Joe Biden, el Título 42 se ha ido eliminando poco a poco desde marzo, primero para permitir la entrada de todos los niños no acompañados, luego de las familias con niños menores de 7 años, después de la mayoría de las familias y después de los adultos solos de países no hispanohablantes.
Se espera que el Título 42 sea eliminado cualquier día para los adultos solos que aún están sujetos a sus restricciones.
Cuando eso ocurra, «va a arder Troya», dijo el agente. «Eso significa que vamos a abrir las fronteras a todo el mundo y que no vamos a hacerles nada».
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