La cifra de detenidos en El Salvador durante un régimen de excepción, implementado para controlar la violencia generada por las pandillas, supera las 19,000 entre finales de marzo y este miércoles, día en el que concluye el primer periodo de 30 días de dicho estado.
De acuerdo con el presidente Nayib Bukele, han sido detenidos más de 19,000 supuestos miembros de pandillas o personas vinculadas a estas bandas y suman tres días consecutivos con más de 1000 detenciones.
Ni el mandatario, ni las autoridades de Seguridad han detallado cuántas de las personas detenidas son miembros de pandillas, a qué pandilla pertenecen y cuántas son señaladas de tener vínculos con dichas estructuras.
La Asamblea Legislativa aprobó el 27 de marzo la suspensión de garantías constitucionales tras una escalada que se cobró la vida de 87 personas en tres días y colocó el día 26 como el más sangriento de la historia reciente salvadoreña con 62 víctimas.
En una sesión extraordinaria del domingo, el oficialismo aprobó ampliar por 30 días más el plazo del régimen de excepción a petición del Ejecutivo de Bukele.
El mandatario firmó y mandó a publicar en la edición del Diario Oficial del 25 de abril la medida que le otorga por un mes más poderes especiales y cuyos efectos comenzarán a las 00.00 hora local del jueves (06.00 GMT).
La norma extiende la vigencia de los poderes extraordinarios para el gobierno de Bukele en su llamada «guerra contra las pandillas», bandas señaladas de cometer la mayoría de homicidios en el país centroamericano, que cuentan con más de 70,000 miembros y que han resistido a los planes de seguridad de las diferentes administraciones.
Las detenciones masivas ha sido la principal apuesta del Ejecutivo de Bukele durante el régimen de excepción, pero hasta el momento se desconoce si el Gobierno trabaja en un plan que plantee medidas para una solución de fondo a dicho fenómeno.
Con la ampliación de estado de excepción quedarán suspendidos hasta finales de mayo los derechos a la libre asociación y reunión, a la defensa y la detención administrativa pasa de un plazo máximo de 3 días a 15 días.
También se suspende la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones sin orden judicial.
Amnistía Internacional (AI) ha señalado que la ampliación de este régimen de excepción es una «tormenta perfecta» contra los derechos humanos.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, apuntó en un comunicado de la organización que «en los últimos 30 días, el Gobierno de Bukele ha pisoteado todos los derechos del pueblo salvadoreño».
«Desde reformas legales que incumplen las normas internacionales, hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a los detenidos, las autoridades salvadoreñas han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos, que ahora se espera que continúe con la prórroga del decreto de emergencia», indicó Guevara-Rosas.
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