El magistrado colombiano que debe desentrañar la verdad que rodea al reclutamiento de menores de edad por parte de las FARC dice que se han logrado documentar los casos en que los niños son obligados a matar a sus propios compañeros.
Los comandantes de la sangrienta guerrilla, que tiene una historia de más de 50 años, los entrenaban en el asesinato usando como víctimas a los reclutas que no acataban bien las órdenes.
“Ante ‘faltas graves’, jóvenes de 14 y 15 años tenían que fusilar a sus compañeros que consideraban parte del ‘parche’ de ellos, con quienes tenían una estrecha relación y, sin embargo, tenían que fusilarlos”, dijo el juez Iván González en una entrevista a Noticias Caracol, el 30 de septiembre.
“Hemos encontrado 60 fusilamientos”, dijo el magistrado, sin embargo es solo el inicio de recopilación de datos que el juez González inició al asumir el cargo en diciembre de 2018.
“Realmente la información oficial que tenemos es bastante precaria. Por ejemplo, no tenemos sino cerca de 9000 registros únicos de víctimas de reclutamiento. Sin embargo, hay otros datos a nivel no estadístico que cifran el reclutamiento de menores de edad en más de 15.000, la mayoría hombres y casi 3000 mujeres”.
Otro dato preocupante que encontró el Magistrado es que en 50 años casi no se han encontrado sentencias contra miembros de las FARC en relación al reclutamiento de menores.
“De todos estos datos, realmente solo hemos encontrado 10 sentencias condenatorias”.
“Es bastante preocupante que el Estado no le hubiera puesto atención al reclutamiento de menores, no solamente de parte de las FARC, sino de todos los grupos en conflicto. A mí me parece que la violación que se produce a los derechos fundamentales de los menores es absolutamente inadmisible. La guerra es atroz, pero es todavía más atroz cuando vinculamos a los niños a la guerra”.
Por otro lado mencionó que pese al conocimiento generalizado de la violencia sexual de parte de las FARC, “de eso no se habla”.
“Hemos podido establecer solamente 92 hechos ligados con violencia sexual”, dijo, señalando que los cargos son por conductas relacionadas con el acto sexual violento, la planificación forzada, el aborto forzado y la esclavitud sexual.
Según González “para los actores de la guerra es casi dignificante ser actor de muertes al enemigo, pero es muy denigrante ser actor de actos de violencia sexual”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición creado en un acuerdo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las guerrillas Farc-EP. Su función, que durará hasta 20 años, es la de “administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016”.
Ximena Norato, directora de la Agencia Pandi, que hace parte de la Alianza por la Niñez colombiana, dice que “todo niño que haya participado en un grupo armado fue reclutado de manera ilegal, lo dicen los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia, independiente de la motivación para hacerlo”, según cita El Colombiano.
La historia de Jeny
En 2014 Jeny, sin dar su identificación completa, contó su historia al medio El Tiempo, una vez que logró escapar de la guerrilla. La habían raptado con su prima (un año menor) cuando tenía 12 años.
Poco tiempo después la separaron y ella consultó al comandante qué pasaba. “¿Quiere saber de su prima? Fue fusilada, la matamos el 3 de enero porque se iba a volar. ¿Usted tiene algo que ver con lo que ella iba a hacer?», le respondió.
Cuando llegaron al campamento en zona rural de Urrao, departamento de Antioquia relató que no dejaba de llorar pensando en su familia, pero los veteranos les advirtieron que se callara.
«Si la ven triste, la sancionan o la fusilan por estar desmoralizada».
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