Orange, California— Por el bien de los dueños de pequeñas empresas de California que pierden ingresos debido a la pandemia de COVID-19, los líderes empresariales piden que se suspenda temporalmente una nueva iniciativa de privacidad de datos.
A partir del 1 de enero las empresas tenían que cumplir con la ley de privacidad del consumidor de California (CCPA). La CCPA exige que algunas empresas que recopilan datos de los consumidores les den acceso a los mismos y les permitan rechazar su venta a terceros.
Según la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB), una nueva iniciativa —la ley de Derechos de Privacidad de California (CPRA)— agregaría regulaciones y costos de cumplimiento a la CCPA.
Californianos por la Privacidad del Consumidor está detrás de la iniciativa y anunció el 4 de mayo que había reunido suficientes firmas para incluirla en la boleta electoral de noviembre.
En una carta del 5 de mayo dirigida a Alastair Mactaggart, presidente de la junta de Californianos por la Privacidad del Consumidor, NFIB y otras 19 organizaciones imploraron a Mactaggart que retirara la iniciativa de votación.
«En momentos como este, creemos que no es razonable agregar nuevos mandatos a las empresas, mayores costos de cumplimiento y cargas adicionales en la economía del estado», dijo la carta.
La dueña de una pequeña empresa, Teresa Razo, dijo a The Epoch Times que cualquier costo adicional en este momento podría hacer que sus operaciones sean insostenibles. Ella ya luchaba por lidiar con la CCPA, y eso fue antes de la pandemia.
Aunque la mayoría de las nuevas disposiciones de la CCRA no entrarían en vigor hasta 2023, ella espera que la recuperación del daño actual a su negocio tome años de atención.
«Tiempo y dinero»
«Desafortunadamente, todo es tiempo y dinero», dijo a The Epoch Times. «Y como dueños de pequeñas empresas, eso es lo que no tenemos».
«Debido a que todas las leyes están cambiando», dijo, se ha vuelto esencial pagar por el asesoramiento de expertos sobre el cumplimiento. «Ha sido muy, muy difícil», dijo Razo.
Ella y su esposo, Leo, son dueños de dos restaurantes en el Condado de Orange: Cambalache Grill en Fountain Valley y Villa Roma en Laguna Hills.
La orden de quedarse en casa del 19 de marzo del gobernador Gavin Newsom la afectó inmediatamente. Los ingresos de Cambalache Grill cayeron un 78 por ciento «en cuestión de días», dijo.
«Creo que probablemente una de las cosas más difíciles que tuve que enfrentar (…) fue despedir a algunos de mis empleados», agregó. «Especialmente a mi personal que ha estado conmigo durante 10, 12 años».
Al otro restaurante, Villa Roma, le fue algo mejor, porque la mitad del edificio funciona como mercado y tienda de delicatessen. Aun así, los ingresos cayeron rápidamente en un 60 por ciento.
«La primera semana fui un desastre», dijo Razo.
Desde entonces, las cosas han empeorado para Razo, quien también es presidenta de la Asociación de Restaurantes de Fountain Valley y miembro de la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Orange.
«Existe la posibilidad de que perdamos (…) ambos [negocios]», dijo. «Pero sabes, hay una gran posibilidad de que perdamos uno».
Cualquier costo adicional podría ser la diferencia entre sobrevivir o hundirse, dijo.
«Siempre hemos puesto a las empresas, los empleados y la comunidad primero, y luego a veces nos pagamos a nosotros mismos», dijo. Y agregó que «todas estas regulaciones» asociadas con la CCPA van a «ponernos una carga adicional».
«Es tiempo y dinero», reiteró. «Y a veces, ya sabes, es algo en lo que debes tener a cada uno de tus empleados bajo cierta capacitación (…) Y no es que tengamos un par de miles de dólares allí, solo para ver en qué podemos gastarlo —especialmente ahora».
La respuesta de Mactaggart
Pero Californianos por la Privacidad del Consumidor no tiene intención de posponer la iniciativa.
«No soy receptivo a esta idea de que debido al coronavirus ahora necesitamos [retirar la CPRA]», dijo Mactaggart a The Epoch Times.
“Creo que las empresas y varias cámaras de comercio (…) han utilizado, en los últimos cinco años, todas las excusas bajo el sol para afirmar que la privacidad es incompatible con los buenos negocios o la rentabilidad. No estoy de acuerdo con eso en absoluto».
Él dijo que la CCPA es «un logro tremendo en este país; por mucho, la ley de privacidad del consumidor de mayor alcance «. Y la CPRA lo mejora, a favor de las pequeñas empresas, dijo.
No se dirige a pequeñas empresas
La CCPA se aplica a las empresas que recopilan información de 50,000 o más residentes de California anualmente. La CPRA eleva ese umbral a 100,000, dijo Mactaggart.
Él dijo que la iniciativa no está dirigida a pequeñas empresas, sino a empresas más grandes que manejan grandes cantidades de datos personales. «Una de nuestras intenciones aquí era facilitar la vida de las pequeñas empresas», dijo.
“Tienes que ir a donde está el problema, y el problema no es con los padres y madres. El problema es con los grandes proveedores de información”, dijo.
La CCPA actualmente se aplica a cualquier negocio de California que recopile datos si cumple con una de tres condiciones: si genera más de USD 25 millones en ingresos brutos anuales, recopila datos de más de 50,000 residentes de California anualmente, o genera el 50 por ciento o más de sus ingresos anuales vendiendo información personal.
Sin embargo, para muchas pequeñas empresas, determinar si caen dentro del ámbito de la ley y bajo la nueva iniciativa requiere recursos, dijo John Kabateck, director del estado de California para NFIB.
Los restaurantes y los minoristas se encuentran entre las empresas más afectadas durante la crisis actual. Y tanto la CCPA como la CPRA «realmente se han dirigido hacia» esas empresas en particular, dijo Kabateck a The Epoch Times.
«Este es el peor momento posible en el que podría agregar más capas de regulaciones y costos y responsabilidades a las pequeñas empresas que apenas están sobreviviendo», dijo Kabateck. «Todo lo que pedimos es: no hacer daño».
Kabateck dijo que las pequeñas empresas han sido aplastadas por la pandemia, «y ahora, ¿van a crear un conjunto completamente nuevo de reglas que crearán (…) un laberinto más grande para las pequeñas empresas?».
La carta de NFIB del 5 de mayo argumenta que el lenguaje confuso de la CCPA, la ausencia de regulaciones finalizadas y los altos costos del cumplimiento devastarán a las pequeñas empresas que ya están luchando.
La carta fue firmada por la Asociación de Pequeñas Empresas de California, la Cámara de Comercio Asiática de California, la Cámara de Comercio Negra de California y la Cámara de Comercio Hispana de California, entre otras.
Los costos podrían ser de USD 50,000 por pequeña empresa
Una evaluación de la CCPA realizada por Asesoramiento e investigación económica de Berkeley, encargada por la Oficina del Fiscal General en 2019, estima que las pequeñas empresas con 20 o menos empleados tendrían que pagar un estimado de USD 50,000 en costos iniciales de cumplimiento.
A nivel estatal, el costo aproximado inicial de cumplimiento sería de aproximadamente USD 55,000 millones, el equivalente al 1.8 por ciento del Producto Bruto del Estado de California de 2018.
Pero Mactaggart impugnó estos números.
«No te dicen cómo lo calcularon», dijo. “Realmente me sorprendió lo mal hecho que era el estudio real (…) Francamente, este no es un buen trabajo, básicamente sin datos».
‘Vamos a descubrir cómo podemos sobrevivir’
Razo dijo: «No es que no queramos continuar mejorando las cosas, pero honestamente, el cumplimiento en este momento es bastante imposible».
Reabrir no será lo mismo que volver a la normalidad, dijo. Por ejemplo, sus restaurantes probablemente se verán obligados a usar artículos desechables, lo que ella llamó una «carga diferente».
«Estoy segura de que tendremos limitaciones de capacidad», dijo. «Vamos a tener muchas limitaciones y expectativas, y nos va a hacer sangrar».
Debido a la crisis, ella siente que muchas cosas —como CCPA y CCRA— deberían «dejarse de lado».
«Primero, descubramos cómo podemos sobrevivir», dijo.
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