Análisis de noticias
El gobierno ha sido poco transparente con los estadounidenses en relación con el escándalo de los documentos clasificados del presidente Joe Biden y, en particular, sobre los antecedentes del escándalo de los documentos clasificados del expresidente Donald Trump.
Mientras que en el caso de Trump, el público ha recibido actualizaciones frecuentes a través de filtraciones a los medios de comunicación y declaraciones oficiales, el caso de Biden se ha mantenido en secreto durante más de dos meses y luego se ha revelado por etapas.
Cuando el personal de la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, por sus siglas en inglés) recogió 15 cajas de registros presidenciales de la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, a mediados de enero de 2022, The Washington Post reportó de ello tres semanas después y la NARA confirmó la noticia ese mismo día, el 7 de febrero de 2022, añadiendo una cita de 150 palabras del entonces archivero David Ferriero en la que explicaba que «la Ley de Registros Presidenciales es fundamental para nuestra democracia».
Aproximadamente una semana después, la NARA reveló en respuesta a una investigación del Congreso que se había encontrado material clasificado en las cajas y que el asunto se había comunicado al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). En abril, The Washington Post reportó que el DOJ estaba investigando el asunto y ese mismo mes C-SPAN publicó una entrevista con Ferriero en la que confirmaba la existencia de la investigación.
En el caso de Biden, cuando el 2 de noviembre se alertó a la NARA que se habían encontrado documentos clasificados en el despacho de Biden en el Penn Biden Center, donde dio escasas conferencias y discursos entre 2017 y 2019, no se produjo ninguna filtración. De hecho, la NARA aún no ha emitido ni un solo comunicado de prensa sobre el caso Biden.
La historia se filtró por primera vez a CBS News y se reportó el 9 de enero con una confirmación de Richard Sauber, abogado especial de Biden.
El reporte de la CBS se produjo un día después de que el representante James Comer (R-Ky.) prometiera en una entrevista con Mark Levin que su comité de supervisión interrogaría a la NARA sobre su gestión del caso de los documentos de Trump y amenazara con retener la financiación de la agencia para forzar el cumplimiento de las solicitudes de información.
En una carta del 10 de enero a NARA, Comer dijo que su «trato inconsistente de la recuperación de registros clasificados en poder del expresidente Trump y el presidente Biden plantea preguntas sobre el sesgo político en la agencia».
La NARA respondió una semana más tarde, diciendo que «trata todas sus comunicaciones con la Casa Blanca, el DOJ y los representantes de los expresidentes (y vicepresidentes) como presuntamente confidenciales» y «por esta razón, la NARA no discutió ni reveló afirmativamente a nuestros comités de supervisión o al público nuestras actividades relacionadas con la devolución a nuestra custodia de los registros vicepresidenciales de Biden o los registros presidenciales de Trump, o nuestra remisión de ambos asuntos al DOJ porque encontramos información clasificada».
La agencia comenzó a responder a las preguntas del Congreso sobre los asuntos «solo cuando esos temas fueron posteriormente informados públicamente en la prensa».
«Nuestras acciones y respuestas con respecto a ambos asuntos han sido totalmente coherentes y sin ningún sesgo político», decía (pdf).
El DOJ fue alertado por el NARA sobre los documentos de Biden el 4 de noviembre, pero el FBI no empezó a investigar el asunto hasta el 9 de noviembre, el día después de las elecciones de mitad de periodo.
La Casa Blanca confirmó la noticia inicial el mismo día de su publicación, pero no reveló hasta pasados tres días que se había encontrado otro lote de documentos clasificados en el garaje de Biden, a pesar de que el DOJ fue informado por los abogados de Biden el 20 de diciembre.
La respuesta del gobierno indica que las promesas preelectorales de Biden de una administración transparente se han quedado cortas, según el periodista de investigación John Solomon.
«¿Fue esto un acto de desafío a su promesa de transparencia?», preguntó, señalando que parece que «el presidente dice que quiere ser transparente, pero no siempre cumple la promesa cuando las cosas son poco favorecedoras para él o para su presidencia».
Solomon argumentó que el DOJ debería haber sido más comunicativo sobre el asunto de los documentos de Biden, especialmente desde que el fiscal general Merrick Garland nombró a un abogado especial para supervisar la investigación de los documentos de Trump el 18 de noviembre, cuando su departamento ya estaba investigando el caso de los documentos de Biden.
«Sabían cuando hicieron ese anuncio que el actual presidente tiene asuntos similares y optaron por ocultárnoslo», dijo Solomon a The Epoch Times.
Garland nombró a un abogado especial para el caso Biden el 12 de enero.
En opinión de Solomon, la NARA parecía menos comunicativa con el público sobre el caso Biden en comparación con el de Trump.
«Nunca hicieron una declaración [sobre el caso Biden], pero sobre Donald Trump ofrecieron declaraciones proactivas», dijo.
«Es un patrón muy perceptible para quienes conocemos los Archivos Nacionales y trabajamos con ellos durante años».
Solomon ha sido autorizado por Trump para recuperar de la NARA documentos desclasificados relacionados con el escándalo Spygate, en el que el FBI espió ilegalmente a asociados de Trump usando como justificación falsas acusaciones producidas por operadores financiados por la campaña presidencial de 2016 de la oponente de Trump, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
La publicación de los documentos se ha retrasado porque el Departamento de Justicia sigue reteniéndolos, dijo Solomon.
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