Cinco países latinoamericanos y Canadá hicieron hoy oficial una petición para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá presentaron en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, una carta sellada ayer por los líderes de sus respectivos países solicitando la intervención de la Corte con sede en La Haya.
La misiva, remitida hoy a la CPI, va acompañada de informes elaborados por expertos internacionales.
Entre esos documentos, que ya son públicos, figura un informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas antigubernamentales de entre abril y julio de 2017.
Otro documento redactado por un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, concluyente sobre la existencia de un «fundamento razonable» para considerar que once individuos, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás Maduro y miembros de las Fuerzas Armadas, supuestamente habrían cometido crímenes de lesa humanidad.
El canciller peruano Néstor Popolizio destacó que, de comprobarse varios de los elementos contenidos en esos documentos, «quedarían claramente configurados los crímenes de lesa humanidad».
Popolizio insistió en que en Venezuela «no solo no existe la democracia, sino que impera un mecanismo de dictadura».
Su homólogo chileno, Roberto Ampuero, insistió en que los informes son «sólidos y contundentes» y «muestran de manera muy seria y documentada las denuncias de delitos de lesa humanidad en Venezuela».
«Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela deben terminar y las que han ocurrido deben ser investigadas para establecer, con la mayor claridad, quiénes son los responsables también en términos individuales», dijo a los periodistas.
«Consideramos (…) que permanecer impasible, indiferentes o especulativos ante esta realidad podría tener ribetes de complicidad con el régimen que se ha apoderado de la suerte de la República de Venezuela», apuntó el canciller paraguayo, Luis Alberto Castiglioni.
«¡No vamos a especular con esta situación! Vamos a comprometernos profundamente y lo estamos haciendo con los países hermanos», insistió, confiando en que la petición a la CPI sea una «herramienta eficaz» para devolver a los venezolanos «un Gobierno que se preocupe de ellos».
En la presentación de la carta ante los medios estuvieron también presentes la titular de Exteriores de Canadá Chrystia Freeland, el argentino Jorge Faurie y, aunque llegó con algo de retraso, el colombiano Carlos Holmes Trujillo.
Este recordó que la acción ante la CPI era algo que ya había anticipado el presidente colombiano Iván Duque cuando era senador, con una acción parecida apoyada por congresistas colombianos y chilenos.
La demanda de los cinco países latinoamericanos, inédita en los dieciséis años de historia de la CPI, activaría el artículo 14 del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal, que permite a los Estados parte denunciar crímenes de lesa humanidad perpetrados en terceros países.
La Fiscalía de la CPI ya comenzó por iniciativa propia un examen preliminar a Venezuela el pasado febrero, paso previo a la eventual apertura de una investigación formal.
La denuncia conjunta no abrirá automáticamente una investigación plena por parte del tribunal internacional, ya que ese paso depende de la Fiscalía del tribunal que actúa de manera independiente.
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