Los legisladores de California aprobaron en la Asamblea del 25 de abril un proyecto de ley que enmendaría la ley existente y les permitiría a ellos, a su personal y a los candidatos, gastar fondos de campaña para asegurar sus hogares y oficinas.
«Lamentablemente, hemos visto un aumento de las amenazas contra los funcionarios públicos, especialmente mujeres, y del acoso contra el personal legislativo que sirve a los electores que nos eligieron para el cargo», dijo la autora del proyecto de ley, la asambleísta Mia Bonta, durante los análisis legislativos. «Garantizar la seguridad de los candidatos y funcionarios electos es esencial para proteger nuestra democracia».
El proyecto de ley de la Asamblea 2041 permitiría a las personas elegibles instalar sistemas de vigilancia electrónica, contratar seguridad privada y comprar ciertos equipos de protección —incluyendo pistolas paralizantes y aerosoles de pimienta, entre otras cosas— pero excluiría las armas de fuego.
Se exigirían registros detallados y quienes utilizaran fondos de campaña para tales gastos tendrían que reembolsar a la campaña o al comité que proporcionó el dinero, una vez que ya no estuvieran al servicio del público.
El proyecto de ley eliminaría el tope de 5000 dólares establecido anteriormente por la Proposición 9 —conocida como Ley de Reforma Política— aprobada por los votantes en 1974 y ampliaría la definición de personas elegibles para incluir a los miembros del personal. Las enmiendas a la medida aprobada por los votantes requieren una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del gobierno.
El personal del comité legislativo señaló en sus análisis que el proyecto de ley «amplía significativamente» la norma vigente al permitir el uso de fondos de campaña para proteger a familiares y miembros del personal. También expresó preocupación por la eliminación del techo de gasto, sugiriendo que en su lugar podría plantearse un aumento.
Además, la ley actual exige que se denuncien amenazas específicas a las fuerzas del orden antes de utilizar fondos para la seguridad, mientras que la nueva propuesta lo permite cuando «surjan amenazas» y no exige documentación de respaldo de las autoridades legales.
Según la autora, el proyecto de ley es necesario debido a las amenazas y al creciente número de protestas dirigidas a los responsables políticos —señalando al expresidente Donald Trump como instigador de tal ambiente al cuestionar la integridad del proceso electoral.
«La retórica política en todo el país es cada vez más alarmante, y los legisladores, desde las juntas escolares locales hasta los líderes del Congreso, reciben amenazas constantemente», dijo la Sra. Bonta. «Cuando Trump asumió la presidencia y difundió mentira tras mentira sobre cómo se robaron las elecciones, sus seguidores radicalizados se encargaron en enfrentar a los funcionarios públicos, e incluso a sus familiares, por cualquier medio necesario, con la Gran Mentira justificando la violencia».
Ella argumentó que la perspectiva de la violencia política amenaza a los funcionarios democráticos.
«Cuando los elementos reaccionarios avivan las llamas de la violencia, están poniendo a los candidatos y los cargos electos directamente en su punto de mira», dijo la Sra. Bonta. «Es un honor ocupar un cargo público y servir a nuestra comunidad. Pero este honor nunca debe verse ensombrecido por el acoso y las amenazas contra nosotros mismos, nuestras familias y nuestros hijos».
Los partidarios de la propuesta estuvieron de acuerdo y señalaron un informe de 2023 de la Lista de Mujeres de California —un comité de acción política que apoya a las candidatas demócratas favorables al aborto— que argumenta que casi dos tercios de las candidatas sufrieron acoso durante la campaña, como prueba de que las funcionarias electas sufren niveles desproporcionados de intimidación.
«Estas amenazas no solo socavan nuestros principios democráticos, sino que también disuaden a personas cualificadas de presentarse a cargos públicos, debilitando así la diversidad y la representación en nuestro gobierno», afirmó un análisis legislativo de Courage California —una organización sin ánimo de lucro con sede en Los Ángeles. «La AB 2041 presenta una solución integral para abordar estos desafíos mediante la ampliación del acceso a las medidas de seguridad y la eliminación de las barreras existentes».
Los críticos del proyecto de ley sugirieron que las políticas originadas en la Legislatura van en detrimento de la seguridad pública y que los legisladores están intentando protegerse de los impactos de sus propias decisiones.
«[La] clase privilegiada puede tener protección, pero los ciudadanos no pueden disfrutar de la seguridad derivada de departamentos de policía totalmente financiados y de la persecución de delincuentes con todo el peso de la ley», publicó un californiano el 25 de abril en X.
El año pasado, el gobernador de California, Gavin Newsom, vetó un intento anterior de promulgar una ley de este tipo —el proyecto de ley 37 de la Asamblea presentado en 2023 por el mismo autor— porque la medida era demasiado amplia.
«Aunque apoyo la intención del autor, el proyecto de ley tal como está redactado no define claramente los ‘gastos de seguridad'», escribió Newsom en su carta de veto. «Sin más orientación sobre lo que se permitiría o no como uso legítimo de los fondos de campaña, este proyecto de ley podría tener consecuencias no deseadas y podría conducir al uso de donaciones políticas para gastos mucho más allá de lo que cualquier donante razonable esperaría».
Las intenciones de los donantes deben ser respetadas y protegidas por los candidatos, advirtió el gobernador.
«Debemos asegurarnos de que las donaciones políticas se usen de forma coherente con su finalidad», dijo el Sr. Newsom.
El nuevo proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea con una cláusula de urgencia y, si finalmente lo aprueba el Senado y lo promulga el gobernador, se convertiría en ley de inmediato.
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