Un proyecto de ley del Senado de Oklahoma presentado recientemente podría permitir a los empleados de entidades gubernamentales y privadas presentar demandas contra sus empleadores por hasta USD 1 millón debido a problemas de salud relacionados con la vacuna u otras formas de tratamientos médicos.
El senador estatal, Rob Standridge, un republicano, dijo en un comunicado que los empleados de Oklahoma podrían demandar a sus empleadores por problemas médicos relacionados con las operaciones o el tratamiento como condición para el empleo.
“Si se exige que un empleado reciba la vacuna o algún otro tratamiento médico como condición de empleo y le causa daño a esa persona, nuestros ciudadanos deben saber que tendrán algún recurso que les brindará un alivio significativo”, dijo. «Eso es lo que hará mi legislación».
La legislación, el Proyecto de Ley del Senado 1106, permite que un trabajador también pueda presentar una demanda si el «empleador a sabiendas exigió la vacunación o el tratamiento sin confirmar su seguridad basándose en pruebas y documentación médica disponible públicamente», continuó el comunicado.
El proyecto de ley también contemplaría las vacunas obligatorias de los empleadores para la COVID-19, la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino), según el comunicado de Standridge.
«Si se determina la responsabilidad después de una demanda», agregó su oficina, «el empleador estará sujeto automáticamente a USD 1 millón en daños punitivos».
La medida, que será considerada durante el inicio de la sesión legislativa de 2022, afectaría a todos los empleados y empleadores del sector público y privado.
Los funcionarios federales de salud han dicho reiteradamente que las vacunas contra COVID-19 son seguras y efectivas, argumentando que algunos estudios han indicado que los beneficios de las inyecciones superan a los posibles efectos secundarios.
A principios de este año, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), junto con los reguladores de salud en varias naciones europeas, dijeron que las vacunas contra COVID-19 de ARNm de Pfizer y Moderna están relacionadas con dos formas de inflamación cardíaca: miocarditis y pericarditis. Mientras tanto, los funcionarios de salud federales y las autoridades europeas detuvieron el uso de la vacuna de Johnson & Johnson en la primavera debido a reportes de coágulos sanguíneos.
La propuesta de ley del legislador estatal se produce luego de que la administración Biden a inicios de este mes diera a conocer una norma laboral general que obliga a los empleados federales, a las empresas con contratos federales y a los trabajadores de la salud que se encuentran empleados en instalaciones financiadas por Medicare o Medicaid a vacunarse.
La norma también exige a los empleados de las empresas con 100 o más trabajadores se vacunen o se sometan a pruebas COVID-19 periódicas.
Ambas disposiciones de la norma ya se han enfrentado a diversas demandas, principalmente de estados dirigidos por republicanos. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. suspendió la orden para las empresas privadas la semana pasada, y luego la ratificó el 12 de noviembre en una orden mordaz.
«La orden está asombrosamente extralimitada», escribió la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans en su orden antes de agregar que la norma “plantea serias preocupaciones constitucionales” y “probablemente excede la autoridad del gobierno federal”.
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