Legislador californiano señala obstáculos en auditoría sobre gasto en falta de vivienda en el estado

Los auditores informaron que el estado no había recopilado suficiente información para poder auditar todos los programas relacionados con la falta de vivienda

Por Keegan Billings
10 de noviembre de 2024 8:51 PM Actualizado: 10 de noviembre de 2024 8:51 PM

El senador estatal de California, Dave Cortese, dijo que solicitó una auditoría sobre el gasto en la falta de vivienda en California porque quería saber qué estaban haciendo las ciudades con el dinero, si sus prácticas podían mejorarse y también si a nivel estatal se podía hacer algo mejor.

Cortese habló sobre la auditoría en un episodio reciente de «Bay Area Innovators» de EpochTV.

Comentó que para el momento en que se publicó la auditoría, se habían invertido 24 mil millones de dólares en todo el estado de California, y con esa cantidad, la falta de vivienda debería haberse erradicado en los 58 condados.

«Queremos que la falta de vivienda se resuelva, que realmente se erradique… pero eso no ha sucedido, obviamente. Todos pueden verlo con sus propios ojos», dijo Cortese. «En San José… todavía hay entre 4,500 y 5,000 personas en las calles».

Indicó que existen dos tipos de personas sin hogar: aquellas que están albergadas y las que no lo están.

En el condado de Santa Clara, en el norte de California, cuyo principal municipio es la ciudad de San José, Cortese mencionó que a veces hay hasta 10,000 personas sin hogar, y alrededor del 80 % de ellas están en la calle, sin refugio.

Dijo que la idea del análisis surgió después de recorrer uno de los campamentos de personas sin hogar más grandes del estado en Columbus Park, cerca del Aeropuerto Internacional Mineta de San José, luego de que los defensores de los sin hogar le pidieran que fuera a ver las condiciones, ya que consideraban que representaban un riesgo para la salud pública.

Después de la visita, fue a la ciudad de San José para preguntar cuánto dinero se destinaba a ayudar a este campamento en particular, y le dijeron que no había ninguna asignación, comentó.

Con esto, redactó una solicitud para realizar la auditoría, buscando entender a dónde iba el dinero y su efectividad. La presentó al Comité Conjunto de Auditoría Legislativa, del que es miembro, y acordaron iniciar la auditoría.

Dijo que el auditor no pudo revisar todas las ciudades, por lo que Cortese ofreció su ciudad natal, San José. Posteriormente, el auditor añadió a San Diego al análisis.

Cortese cree que San Diego pudo haber sido elegido porque las áreas geográficas eran separadas, pero similares en cuanto a tamaño y administración.

La auditoría

El informe de auditoría publicado a principios de este año concluyó que el estado debe hacer más para evaluar la rentabilidad de sus programas contra la falta de vivienda.

El informe señala que más de 180,000 californianos estaban sin hogar en 2023, un aumento del 53 % en comparación con 2013. Nueve agencias estatales han gastado colectivamente miles de millones de dólares en los últimos cinco años en al menos 30 programas destinados a prevenir y erradicar la falta de vivienda. El Consejo Interagencial de California sobre la Falta de Vivienda (Cal ICH) está a cargo de coordinar, desarrollar y evaluar el trabajo de estas nueve agencias.

El informe señala que el Cal ICH no ha reportado la información financiera de los programas estatales contra la falta de vivienda desde 2021, y no ha garantizado la recolección de información financiera ni de resultados precisa y completa.

Debido a esto, el informe indica que el estado carece de información actualizada que pueda usar para tomar decisiones políticas sobre la falta de vivienda.

De acuerdo con el informe, los auditores solo pudieron revisar completamente dos de los cinco programas financiados por el estado que fueron seleccionados para su evaluación. Para los otros tres, encontraron que el estado no había reunido suficientes datos sobre los resultados logrados por los programas, por lo que no pudieron hacer una evaluación precisa.

Sin embargo, los dos programas que pudieron revisar completamente probablemente son rentables, según el informe. Estos dos son Homekey y el Programa de Apoyo a la Vivienda CalWORKs.

El informe indica que Homekey reacondiciona edificios existentes para proporcionar viviendas a personas sin hogar, lo que cuesta cientos de miles de dólares menos que construir una casa nueva. Por su parte, el Programa de Apoyo a la Vivienda ofrece asistencia financiera a las familias para evitar la falta de vivienda, lo que resulta más económico para el estado que si las familias quedaran sin hogar.

Cargos generales

Otros tres programas evaluados fueron el Programa Estatal de Asistencia para el Alquiler, el Programa de Resolución de Campamentos y el Programa de Subvenciones para Vivienda y Prevención de la Falta de Vivienda. Sin información suficiente, el estado no pudo determinar si estos programas utilizan correctamente sus fondos.

«No salió mucha información útil o nueva del informe», dijo Cortese. «El auditor tuvo dificultades para entender cuánto se estaba cobrando por gastos generales».

Por ejemplo, dijo que la ciudad le comentó que, cuando recibe dinero del estado para los sin hogar, este se canaliza a través de diferentes departamentos; y cada vez que el dinero pasa por un departamento, típicamente hay otro cargo por gastos generales, ya que ese departamento intenta autofinanciarse como un pequeño centro de ganancias.

“Ese es realmente un problema que está ocurriendo, porque si uno observa cómo esos 24 mil millones llegaron a las ciudades, y luego se les descontó un 15% para los gastos generales municipales, después el departamento legal tomó otro 15%, el departamento de vivienda otro 15%, y luego el departamento de Parques y Recreación estaba haciendo alcance comunitario en los campamentos, así que ellos querían un 15%, pronto no quedaría nada para construir refugios y viviendas”, explicó Cortese.

El legislador comentó que le preguntó al auditor si el problema era que todo el dinero se estaba consumiendo en contratos y salarios, sin llegar realmente al usuario final. Según Cortese, el auditor tuvo dificultades para determinar cuánto de ese dinero se destinaba realmente a la construcción de unidades de refugio.

“Y ni siquiera menciono a las organizaciones sin fines de lucro”, agregó.

Además, dijo que debido a que las ciudades y los condados no tienen suficiente capacidad para llevar a cabo todos los servicios, a menudo subcontratan el trabajo, lo que significa que alguien más recibe un pago adicional desde el inicio.

“El auditor estaba muy frustrado; no quiero decir que estaba enojado, pero estaba cerca, sintiendo que había llegado a callejones sin salida; porque básicamente las dos ciudades con las que trabajaron, en su mayoría, les dijeron que simplemente no podían rastrear todos esos cargos generales”, comentó.


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