Un legislador del estado de Arizona criticó el lunes a la gobernadora Katie Hobbs por vetar un proyecto de ley que pretendía tipificar como delito la filmación de pornografía en las escuelas públicas y proteger a los menores de materiales sexualmente explícitos.
El senador estatal Jake Hoffman, republicano, presentó el proyecto de ley 1696 del Senado después de que dos maestros del condado de Mohave —cónyuges que trabajaban en diferentes escuelas del mismo distrito— fueran despedidos después de que alumnos y padres encontraran material pornográfico que ambos habían filmado en una de sus aulas y subido a Internet.
En una dura declaración, Hoffman, que quería que tales actos fueran ilegales, destacó que el veto de Hobbs era indicativo del extremismo de extrema izquierda de los demócratas y de su desprecio por el bienestar de la juventud de Arizona.
«Es absolutamente repugnante que Katie Hobbs permita que se filme pornografía en las aulas de nuestro estado financiadas por los contribuyentes. Deberían ser espacios seguros para que nuestros hijos aprendan, no lugares para la industria del entretenimiento para adultos sexualmente explícito», dijo Hoffman.
«Ningún niño de 12 años debería tener que preocuparse nunca de que su pupitre de la escuela secundaria fuera el lugar de un rodaje porno, y sin embargo, debido a las acciones de Hobbs, éste es precisamente el caso», continuó en un aparente llamamiento a la indignación de los padres. «Hobbs debería avergonzarse de sí misma, y todos los padres del estado de Arizona deberían estar indignados».
En su carta de veto, Hobbs describió el proyecto de ley como un intento apenas velado de prohibir los libros.
«He vetado la SB 1696. Aunque estoy de acuerdo en que no todos los contenidos son apropiados para los menores, este proyecto de ley es una forma deficiente de abordar esas preocupaciones», escribió Hobbs (pdf). «El promotor ha afirmado que este proyecto de ley pretendía evitar que se repitiera una acción específica, mientras que en realidad está redactado de una manera tan vaga que sirve poco más que como un esfuerzo apenas velado para prohibir libros».
El proyecto de ley
El proyecto de ley vetado impide a los empleados de los organismos gubernamentales de Arizona «exponer a los menores a materiales sexualmente explícitos».
A los demócratas les preocupa que esta disposición pueda restringir potencialmente que los bibliotecarios públicos recomienden a los adolescentes determinadas obras literarias y libros que traten temas como la reproducción y la pubertad.
Sin embargo, la ley actual ya tiene exenciones. La normativa vigente prohíbe a los centros públicos remitir a los alumnos o utilizar materiales sexualmente explícitos a menos que posean un valor educativo, literario, artístico, político o científico serio. Además, el consentimiento paterno, obtenido por material, es obligatorio para el uso de tales materiales.
Antes de que Hobbs vetara la ley, la senadora estatal Priya Sundareshan, demócrata, se opuso a que Hoffman enmarcara la cuestión como una «práctica de filmar pornografía en edificios financiados con dinero de los contribuyentes».
«Ciertamente, calificar un incidente aislado de ‘práctica de filmar pornografía’ es engañoso», declaró Sundareshan al Arizona Mirror. «Definitivamente, no se trata de una práctica generalizada», añadió.
Después de que la Cámara de Representantes del estado aprobara el proyecto de ley, el 1 de junio Hoffman pidió a Hobbs que firmara la legislación, diciendo: «Sorprendentemente, no hay ninguna ley que prohíba que esto ocurra».
Hoffman discrepó de que las actividades de los dos maestros, que trabajaban para el Distrito Escolar Unificado de Lake Havasu, no fueran ilegales según la legislación estatal vigente. Su proyecto de ley habría tipificado como delito grave de clase 5 filmar o facilitar actos sexualmente explícitos en escuelas y otras propiedades gubernamentales.
El proyecto de ley define el material sexualmente explícito como cualquier cosa que incluya contenido textual, visual o sonoro que represente conducta sexual, excitación sexual o actos sexuales finales.
El proyecto de ley habría declarado ilegal que las oficinas, juntas, comisiones, subdivisiones políticas y sus contratistas expusieran a los menores a material sexualmente explícito. Los contratistas que trabajen con estas entidades también estarían obligados a cumplir las mismas normas.
El proyecto de ley recibió la aprobación final de la Cámara el 15 de mayo y se envió al gobernador el 30 de mayo.
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