Tras la cancelación por parte de la Administración Biden del programa contra el espionaje de la era Trump, la Iniciativa China, un legislador exige que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) dé cuenta de sus acciones para contrarrestar e informar sobre las amenazas del régimen chino.
El representante Scott Fitzgerald (R-Wis.) presentó el 31 de marzo la Ley para Contrarrestar el Espionaje Chino (H.R. 7325). El proyecto de ley «ordenaría al fiscal general preparar un informe sobre las actividades del Departamento de Justicia relacionadas con la lucha contra las amenazas a la seguridad nacional de China, y para otros fines».
En febrero, el Departamento de Justicia anunció que ponía fin a su «Iniciativa China», un programa de la era Trump destinado a prevenir las actividades de espionaje del Partido Comunista Chino (PCCh) y otras. En declaraciones a The Epoch Times, Fitzgerald dijo que la decisión de la Administración Biden de poner fin a la estrategia era parte de «una reacción instintiva a cualquier cosa que saliera de la Administración Trump».
La medida de poner fin a la iniciativa se convirtió en «la verdadera génesis» de la H.R. 7325, dijo Fitzgerald. Cuando su oficina en el Congreso comenzó a elaborar el proyecto de ley, dijo que hubo «una buena respuesta» de otro personal judicial y de liderazgo que entendió que un informe podría ayudar a frustrar las amenazas de seguridad nacional del régimen chino.
En su opinión, un informe anual del DOJ que describa las actividades y operaciones relacionadas con la lucha contra las amenazas a la seguridad nacional y el espionaje del régimen chino en Estados Unidos sería «bastante valioso en esta coyuntura», teniendo en cuenta lo mucho que el régimen se ha infiltrado y aprovechado de los recursos estadounidenses durante años.
Fitzgerald subrayó que «existe una verdadera preocupación por la seguridad nacional cuando se trata del régimen chino». Le preocupa especialmente el robo de secretos comerciales, el robo de propiedad intelectual y de investigación, y las amenazas de terceros, incluidos los investigadores en los laboratorios, en las universidades y en las instalaciones de la base industrial de defensa.
«También hay muchos otros ejemplos, [que han dado lugar a] cargos penales y condenas de individuos culpables de fraude a subvenciones, fraude de visados y de mentir a los fiscales federales», añadió.
Demasiada amenaza para el desmantelamiento
Frank Gaffney, presidente ejecutivo y fundador del Centro de Políticas de Seguridad, un grupo de expertos con sede en Washington, declaró a The Epoch Times que la premisa de un proyecto de ley para «hacer responsables a los que protegen [a Estados Unidos] del [régimen chino] no solo es aconsejable, sino absolutamente esencial, especialmente a la luz de la decisión de la Administración Biden de poner fin al programa que ya estaba en marcha».
Gaffney considera «completamente inconcebible que a la Iniciativa China no simplemente se le haya restado importancia, sino que ha sido totalmente desmantelada».
Destacó la larga amenaza del régimen chino, señalando que Beijing ha participado en una guerra sin restricciones contra Estados Unidos durante más de 20 años, si no más. «Y hoy», dijo, «el país se enfrenta ahora a la mayor amenaza de su historia por parte del PCCh».
Gaffney dijo que el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) deberían estar «persiguiendo implacablemente» cualquier prueba que pueda establecer e ilustrar cómo el régimen chino está «librando una guerra dentro de Estados Unidos a través de su penetración en los institutos de investigación, centros académicos, laboratorios, a través del robo de la propiedad intelectual, y más». En consecuencia, dijo, «este debería ser el trabajo número uno para el DOJ y el FBI».
Se ignoraron las pruebas y la amenaza avanzó
A finales del año pasado, Charles Lieber, excatedrático de química de Harvard, fue condenado por hacer declaraciones falsas en relación con la financiación recibida de China y su conexión con un plan de contratación patrocinado por el Estado chino que, según las autoridades estadounidenses, facilita la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos estadounidenses a China.
Fitzgerald dijo que el caso de Lieber parecía «caer en saco roto», explicando que «ciertamente no alcanzó el nivel de importancia que necesitaba». Según Fitzgerald, éste es solo un ejemplo de «[las] pruebas concretas de que hay que hacer algo [para] hacer frente a la abundancia de amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos».
El texto de la ley H.R. 7325 señala varias «amenazas generalizadas y crecientes a la seguridad nacional de Estados Unidos» por parte del PCCh. Entre ellas se encuentran el robo de secretos comerciales, el espionaje económico, las amenazas a las infraestructuras críticas y a las cadenas de suministro, etc.
Gaffney dijo que «las amenazas no solo provienen de un régimen chino al otro lado del Pacífico, sino que también pueden ser colocadas en manos de agentes de influencia o ‘idiotas útiles’ en nuestro propio país que los están ayudando e instigando».
Estados Unidos ha sido «profundamente comprendido por el PCCh», continuó Gaffney. «Y cuando tienes a un comandante en jefe, el presidente de Estados Unidos, desmantelando una Iniciativa China que parecía estar funcionando», dijo, «dice mucho sobre el grado en que el país se está posicionando para acercarse al peligro mortal».
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para que haga sus comentarios.
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