Un grupo bipartidista de congresistas estadounidenses emitió una resolución el 4 de junio, condenando la medida de Beijing de imponer una ley de seguridad nacional en Hong Kong.
«A medida que se impone la legislación de seguridad nacional en la ciudad [Hong Kong], nos solidarizamos con el pueblo de Hong Kong y hacemos una petición a la Administración [Trump] para que utilice todos los medios diplomáticos, incluyendo sanciones específicas, para proteger el estado de derecho y las libertades de Hong Kong», dijo James McGovern (D-Mass.), según un comunicado de prensa de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China (CECC).
Beijing adoptó la ley de seguridad nacional después de una votación ceremonial el 28 de mayo, lo que abre la puerta para que los organismos de seguridad de China establezcan operaciones en Hong Kong. La ley se aplicará en Hong Kong después de que Beijing termine de redactar los detalles de la legislación.
En respuesta a la ley de seguridad, el Presidente Donald Trump ha anunciado medidas para reevaluar los vínculos con Hong Kong, como la revocación del estatuto comercial especial de Hong Kong con Estados Unidos.
La resolución establece que la legislación señala una «violación del compromiso de China con el pueblo de Hong Kong de honrar ‘un país, dos sistemas'», al tiempo que supone «un duro golpe a la autonomía de la ciudad». Beijing prometió gobernar Hong Kong bajo el marco de «un país, dos sistemas» al transferir el territorio de la dominación británica a China en 1997.
Los legisladores de Estados Unidos observaron que China ha estado utilizando su propia ley de seguridad nacional para encarcelar y detener arbitrariamente a personas como disidentes y defensores de los derechos en el continente.
La resolución bipartidista fue encabezada por los representantes Chris Smith (R-N.J.) y McGovern, y los senadores Marco Rubio (R-Fla.) y Jeff Merkley (R-Ore.). Otros copatrocinadores de la resolución fueron los Senadores Cory Gardner (R-Colo.), Rick Scott (R-Fla.) y Dianne Feinstein (D-Calif.), así como los Representantes Tom Suozzi (D-N.Y.) y Ben McAdams (D-Utah).
La resolución también condenó las detenciones masivas de activistas democráticos de Hong Kong en abril, y conmemoró a las víctimas de la masacre de la Plaza de Tiananmen de 1989 en China.
«Con esta resolución, recordamos solemnemente la masacre de Tiananmen porque todavía no hay justicia para quienes perdieron sus vidas o sufrieron encarcelamiento y tortura por buscar pacíficamente la libertad y la reforma», dijo Smith en el comunicado de prensa.
Las protestas en favor de la democracia de 1989, que el régimen chino reprimió brutalmente, son un tema tabú en la China continental. Hasta el día de hoy, Beijing no ha revelado cuántos murieron durante la represión.
«La matanza de civiles chinos desarmados por parte del Partido Comunista Chino fue una tragedia que no se olvidará», dijo la Casa Blanca en una declaración publicada el jueves. Luego pidió a Beijing que «proporcione un recuento completo de los que fueron asesinados, detenidos o siguen desaparecidos» en relación con la masacre de hace 31 años.
El jueves en la noche, miles de hongkoneses desafiaron la prohibición de la policía de celebrar su vigilia anual a la luz de las velas para conmemorar la masacre. La policía prohibió el evento citando la preocupación por la propagación del virus del PCCh.
Joshua Wong, secretario general del partido local pro-democracia Demosistō, expresó su preocupación por el futuro de la ciudad después de la decisión de Beijing, «imponiendo unilateralmente la rigurosa» ley de seguridad nacional en Hong Kong, dijo en una serie de tweets el jueves.
Wong explicó que esto podría significar que a los habitantes [de Hong Kong] ya no se les permitiría hablar públicamente de la masacre o hacer la vigilia una vez que la ley fuera implementada. Añadió que los arrestos arbitrarios y la censura se volverían «omnipresentes» en la ciudad.
Lee Cheuk-yan, presidente de la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Democráticos Patrióticos de China, el organizador de la vigilia anual, también expresó su preocupación por la ley, al hablar por videoconferencia en una audiencia del Congreso el jueves.
«Es triste anunciarle al mundo que Hong Kong es ahora ‘Un país, un sistema’. El estado de derecho del que estamos orgullosos (…) se ha convertido en el estado de derecho y el estado del miedo», dijo Lee.
Lee señaló los cuatro delitos descritos en la ley: subversión, secesión, intervención extranjera y terrorismo, y cómo estos delitos «son muy vagos y mal definidos en China».
Por ejemplo, Lee dijo que el pastor Wang Yi fue condenado a nueve años de prisión en diciembre de 2019 por «incitar a la subordinación del poder del Estado» porque defendió la libertad religiosa.
«La violenta represión de la disidencia por parte de China estaba equivocada en 1989 y continúa así hoy en día, ya que persiguen a los uigures y toman medidas enérgicas contra la autonomía de Hong Kong», dijo Feinstein, en un comunicado de prensa. Los musulmanes uigures de la región china de Xinjiang están fuertemente vigilados y reprimidos por las autoridades.
Por último, la resolución pidió a la líder de Hong Kong, Carrie Lam, que permitiera a los hongkoneses ejercer sus libertades, incluidas las de expresión, prensa, reunión y asamblea, como se garantiza en el artículo 27 de la mini-constitución de la ciudad, la Ley Básica.
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