Después de que el año pasado el gobernador de California, Gavin Newsom, vetara un proyecto de ley idéntico, los legisladores estudian de nuevo la posibilidad de permitir que los trabajadores implicados en conflictos comerciales cobren subsidio de desempleo.
Se trata del Proyecto de Ley 1116 del Senado, cuyo autor es el senador Anthony Portantino, que autorizaría a los trabajadores en huelga o que se queden sin trabajo a recibir prestaciones del seguro de desempleo, incluidos pagos en efectivo, tras un periodo de espera de dos semanas.
Sin embargo, su futuro es incierto, ya que el 6 de mayo el Comité de Asignaciones del Senado colocó la medida en el archivo de suspenso, donde algunos proyectos de ley «mueren en silencio», según los analistas legislativos. Se espera una decisión en las próximas semanas para determinar si sigue adelante.
El autor afirmó que, puesto que Nueva York y Nueva Jersey ofrecen prestaciones similares, California también debería hacerlo.
«Volvemos de nuevo este año con esta medida apropiada para ayudar a nuestras familias trabajadoras», dijo Portantino durante la audiencia del Comité de Trabajo, Empleo Público y Jubilación del Senado el 24 de abril. «Otros estados lo han hecho, y adivinen qué, no se cayó el cielo, no hubo caos».
Sugirió que las huelgas nunca se toman a la ligera, sino que son utilizadas por los trabajadores para obtener una compensación justa y que deben proporcionarse prestaciones que permitan a las familias salir adelante económicamente en tiempos difíciles.
«Ofrecer subsidios de desempleo a los huelguistas durante dos semanas parece algo humano, digno y apropiado para que la gente pueda poner comida en su mesa, pagar el alquiler y tener un mínimo de subsistencia», dijo Portantino. «Nadie va a la huelga porque quiere, nadie va a la huelga como primer recurso, suele ser el último recurso».
Los partidarios dijeron que las empresas utilizan la falta de compensación de los trabajadores y su incapacidad para pagar las facturas como una herramienta para forzar las negociaciones durante los conflictos comerciales.
«Los trabajadores agotan sus ahorros a medida que las facturas se acumulan, el alquiler y las hipotecas no se pagan y las deudas se acumulan», dijo la Federación de Trabajadores de California en los análisis legislativos. «Las corporaciones confían en la expectativa de que los trabajadores en huelga tendrán pocos recursos, y su estrategia es a menudo matar de hambre a los trabajadores hasta que renuncien a sus demandas de mejores salarios, una compensación justa y seguridad en el empleo».
Los proponentes argumentaron que el proyecto de ley no aumentaría significativamente el monto en dólares de los beneficios pagados, que totalizaron alrededor de USD 5 mil millones en 2022 y se espera que aumente a alrededor de USD 6.7 mil millones en 2024, según el Departamento de Desarrollo de Empleo del estado.
Establecido en 1935, el programa de seguro de desempleo es una provisión federal—estatal de prestaciones semanales —hasta 26 semanas— para empleados que perdieron su trabajo por causas ajenas a su voluntad y que buscan activamente un nuevo empleo.
Desde marzo de 2020, el departamento de empleo del estado calcula que se presentaron 31.5 millones de reclamaciones, con más de 194,000 millones de dólares en prestaciones pagadas.
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos calculó 15 huelgas en California el año pasado en las que participaron al menos 1000 trabajadores.
Los críticos argumentaron que algunos trabajadores podrían verse incentivados a hacer huelga o aguantar para conseguir salarios más altos si pudieran recibir prestaciones por desempleo, lo que podría fomentar los conflictos comerciales.
«El SB 1116 cambiaría los incentivos a la huelga», señalaron la Cámara de Comercio de California y un grupo de empresas en sus análisis legislativos. «Aunque en la actualidad los trabajadores en huelga pueden acceder a los fondos de huelga sindicales y a otros recursos, [este proyecto de ley] añadiría una nueva fuente de ingresos… y, por tanto, cambiaría el cálculo financiero en torno a una huelga».
Los grupos dijeron que el proyecto de ley era un «asesino de empleos» que obligaría injustamente a todos los empleadores a subvencionar los beneficios de los trabajadores en huelga.
«Esto crea una injusticia fundamental al obligar a los empresarios que no han participado en ninguna huelga a pagar por conflictos laborales en los que no han intervenido», señalaron los grupos.
También es preocupante la falta de solvencia del fondo estatal del seguro de desempleo, que debe unos 20,000 millones de dólares al gobierno federal después de que el fraude y el aumento de las solicitudes durante la pandemia desbordaran la capacidad del estado para pagar las prestaciones y dejaran el fondo con un abultado déficit.
Los empresarios están pagando el precio del déficit, con impuestos que aumentan anualmente en 21 dólares por empleado —y se espera que los pagos continúen hasta aproximadamente 2034—para ayudar a cubrir la deuda.
Los partidarios del proyecto de ley sostienen que la deuda existente no se verá afectada por la medida.
«Estamos de acuerdo en que este asunto requiere atención, pero la insolvencia estructural del Fondo de desempleo no es excusa para negar a los trabajadores en huelga y a sus comunidades las prestaciones que se han ganado», afirman los proponentes en los análisis legislativos.
Al vetar el año pasado el Proyecto de Ley 799 del Senado, también de Portantino, el gobernador alegó limitaciones presupuestarias y preocupación por las deudas federales del estado.
«Cualquier ampliación de la elegibilidad para las prestaciones [del seguro de desempleo] podría aumentar la deuda federal pendiente de California [del seguro de desempleo], que se prevé sea de casi 20,000 millones de dólares a finales de año, y podría… aumentar significativamente [los] impuestos a los empresarios», escribió Newsom en su carta de veto. «Ahora no es el momento de aumentar los costes ni de incurrir en esta considerable deuda».
Más de 150 grupos se oponen al proyecto de ley, mientras que 16 figuran en la lista de la Legislatura como partidarios.
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