La legislación que castigaría a los médicos que disientan de los mensajes del gobierno de California sobre el COVID-19 ha sido aprobada por la Legislatura estatal. El gobernador Gavin Newsom tiene hasta el 30 de septiembre para vetar el proyecto de ley o convertirlo en ley.
Las enmiendas finales al proyecto de ley de la Asamblea 2098 (AB 2098), presentado por el asambleísta Evan Low (D-Campbell), fueron aprobadas por una votación de 56 a 20 el 30 de agosto en la Asamblea.
El proyecto de ley modificaría el Código de Negocios y Profesiones del estado para dar a la Junta Médica de California (MBC) el poder discrecional de disciplinar a los médicos o cirujanos que difundan «información errónea o desinformación» relacionada con el COVID-19. Actualmente, el MBC está facultado para sancionar a los médicos acusados de conducta no profesional en virtud de la Ley de Práctica Médica por infracciones que incluyen negligencia grave, incompetencia, deshonestidad o corrupción.
«La desinformación», según el análisis del Senado del 23 de agosto, significa «información falsa o engañosa sobre la naturaleza y los riesgos del virus; la prevención y el tratamiento del COVID-19; y el desarrollo, la seguridad y la eficacia de las vacunas contra el COVID-19».
En respuesta, la senadora Melissa Melendez (R-Lake Elsinore) dijo a The Epoch Times: «El gobierno no debe controlar ni prohibir a los médicos en cuanto a dar información sanitaria relevante a sus pacientes».
«Los californianos merecen tomar decisiones informadas sobre su salud sin que sus médicos sean amenazados con acciones disciplinarias por lo que alguna junta estatal considera ‘desinformación'», dijo Melendez en un mensaje de texto el 31 de agosto.
El doctor Michael Huang, de Roseville (California), que corre el riesgo de perder su licencia médica por presuntamente haber expedido exenciones médicas de mascarillas y vacunas no válidas a sus pacientes —muchos de ellos bomberos y niños en edad escolar— declaró a The Epoch Times que el gobierno estatal se ha extralimitado.
«Es horrible. Volvemos a los tiempos de la Inquisición, cuando Galileo fue declarado culpable por decir que la Tierra gira alrededor del sol», dijo. «El Estado está actuando mucho más allá de lo que está diseñado para hacer».
El proyecto de ley, sostiene Huang, hará imposible la práctica de una medicina honesta.
Los políticos no deberían inmiscuirse en la medicina «buscando culpables y tratando de castigar a los médicos» por sus opiniones médicas, porque nuestros conocimientos siempre están evolucionando, dijo. «Lo que sabíamos sobre el COVID hace dos años es completamente diferente a lo que sabemos ahora».
Huang está siendo investigado por la junta médica desde al menos diciembre de 2021 por «conducta no profesional», y la decisión sobre el destino de su licencia médica aún está pendiente.
La investigación siguió a un anuncio emitido por la junta médica el 18 de agosto de 2021 de que los médicos podrían ser objeto de medidas disciplinarias por conceder exenciones a las mascarillas y de otro tipo de manera inapropiada.
Si se suspende su licencia para ejercer la medicina, Huang probablemente abandonará el estado, e incluso podría dejar de ejercer la medicina por completo, ya que, según dijo, los médicos de todo el mundo se enfrentan a presiones políticas para cumplir.
«No es solo en California», dijo.
El expresidente Trump es utilizado como ejemplo
Mientras tanto, el análisis de la Asamblea del 22 de agosto acusó al expresidente Donald Trump de aconsejar a la gente que se inyecte desinfectante en su discusión sobre la desinformación.
«Si, por ejemplo, un médico aconsejara a los pacientes que se inyectaran desinfectante como una forma de tratar el COVID-19 —como lo hizo una vez el expresidente Trump, lo que dio lugar a un fuerte aumento de los incidentes reportados de uso indebido de lejía y otros productos de limpieza— difundir esa ‘desinformación’ casi seguramente se consideraría una atención negligente sujeta a disciplina», afirma el análisis.
Sin embargo, la transcripción de los comentarios de Trump en una rueda de prensa el 23 de abril de 2020, a la que hace referencia el análisis de la Asamblea de California, muestra que no dijo que la gente debería inyectarse desinfectantes para tratar el COVID-19. De hecho, estaba preguntando a los funcionarios del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca si podrían utilizarse en posibles curas, según PolitiFact.
Más tarde, Trump aclaró sus comentarios después de que un reportero le preguntara si los desinfectantes podrían realmente ser inyectados a los pacientes de COVID-19.
«No sería a través de inyecciones, casi una limpieza y esterilización de una zona. Tal vez funcione, tal vez no funcione, pero ciertamente tiene un gran efecto si es en un objeto estacionario», dijo Trump en ese momento.
El análisis también apuntaba a la fundadora de America’s Frontline Doctors, la doctora Simone Gold.
«La Dra. Gold ha participado en múltiples campañas para avivar la desconfianza del público en las vacunas COVID-19, caracterizándolas como ‘experimentales’ a pesar de los numerosos ensayos de seguridad y eficacia que confirman con éxito su seguridad y eficacia. La doctora Gold intervino en una concentración celebrada con motivo del intento de insurrección en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021; fue detenida y posteriormente se declaró culpable de un delito menor relacionado con ese evento», señala el análisis.
Otros partidarios y opositores
La Asociación Médica de California (CMA) es copatrocinadora del proyecto de ley.
«La pandemia de COVID-19 ha conducido, por desgracia, a un aumento de la información errónea y la desinformación relacionadas con la enfermedad, incluyendo cómo se transmite el virus, promoviendo tratamientos y curas no probadas, y poniendo en duda los esfuerzos de salud pública como el uso de mascarillas y las vacunas. Muchos profesionales de la salud, incluidos los médicos, han sido los culpables de este esfuerzo de desinformación y descredito», declaró la CMA en apoyo del proyecto de ley.
Según Medscape Medical News, el presidente de la CMA, Robert Wailes, dijo que la AB 2098 «preservaría la integridad de la profesión médica».
«Difundir información falsa a propósito es una violación de la confianza pública que puede costar la vida de las personas», dijo Wailes a Medscape.
Un grupo llamado ProtectUS también apoya la AB 2098, argumentando que los médicos tienen la obligación profesional y ética de aconsejar y tratar a los pacientes basándose en las directrices médicas y en las pruebas científicas revisadas por pares, y «no en su propia opinión o creencias».
Por el contrario, un grupo llamado Californianos por el Buen Gobierno se ha opuesto al proyecto de ley alegando que es inconstitucional y viola el derecho a la libertad de expresión.
«[S]i bien el Estado puede alegar que proporcionar al público información precisa sobre el Covid-19 es un interés imperioso, no puede argumentar que el arma contundente que representa el AB 2098 se ajusta estrictamente a ese interés», declaró la organización. «En un país como el nuestro, que se estableció sobre la base de las libertades civiles, como la libertad de expresión, la verdad es algo que se debate en el mercado de las ideas, en lugar de ser dictada por el gobierno».
Otro grupo que se opone al proyecto de ley, A Voice for Choice Advocacy, argumentó que, si bien los médicos deberían ser sancionados por difundir maliciosamente información errónea, la CMA ya tiene esa facultad y que la AB 2098 «sería imposible de aplicar» porque no existe una norma de atención establecida ni un consenso científico para tratar el COVID-19.
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