Congresistas colombianos criticaron esta semana una resolución del presidente Gustavo Petro que pide a los funcionarios del gobierno usar un «lenguaje respetuoso» para referirse a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras un acuerdo en las negociaciones de paz.
El 8 de julio, Petro firmó la resolución 194 2023 en la que además de acordar las negociaciones y agenda de diálogos de paz en el marco del cese al fuego, se incluye el artículo 3 donde el gobierno nacional de Colombia y el ELN acuerdan «que usarán entre sí un lenguaje respetuoso», ordenando a que las autoridades del gobierno nacional «tengan en cuenta que las partes actuarán bajo el marco de un proceso de paz y usarán lenguajes de desescalamiento del conflicto armado».
Algunos congresistas colombianos ven en la resolución que el gobierno estaría enviando un mensaje contradictorio y equivocado.
El representante por Bogotá de la Cámara de Representantes de Colombia, Andrés Forero, describió el miércoles la decisión del gobierno como «¡El mundo al revés!».
Forero señaló que «mientras Gustavo Petro pide a los miembros de su gobierno usar ‘lenguaje respetuoso’ con los crimínales del ELN, él y varios de sus funcionarios no bajan de ‘esclavistas’ y ‘señores feudales’ a los empresarios colombianos».
La resolución también dicta que «las referencias que se hagan del Ejército de Liberación Nacional-ELN en los diferentes actos administrativos expedidos por el Presidente de la República se harán sobre el reconocimiento de que son una ‘organización armada rebelde'». Esto significaría que de ahora en adelante los funcionarios del gobierno no podrán referirse al ELN como guerrilla, terroristas, criminales, secuestradores, asesinos, etc.
El legislador Hernán Cadavid (Centro democrático) de la Cámara de Representantes de Colombia dijo a NTN24: «la serie de mensajes equivocados que está entregando el gobierno nacional son impactantes. Primero este pedido a la fuerza pública de no castigar con el lenguaje a quienes los asesinan a ellos con francotiradores, con explosivos, con secuestros».
Otro mensaje que envía el gobierno, según Cadavid, es que «aquí prevalece más ser criminal, a hacer exigencias desde la ilegalidad, que cumplir el deber constitucional», dijo al medio, y señaló que «al gobierno se le nota el empeño y el afán de blindar con un cese bilateral al ELN».
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal (Centro democrático), sin hacer una referencia directa a la resolución, calificó este jueves como «infame» pedir o imponer el respeto para quienes destruyen vidas.
«El respeto se gana, no se pide ni se impone. Pedir respeto por quienes han destrozado vidas, pueblos, familias y empresas, es una infamia», escribió en Twitter.
Por su parte, el senador republicano de EE. UU., Marco Rubio, calificó de «insólito» el pedido del mandatario colombiano para referirse a la guerrilla.
«Es insólito que el presidente de Colombia abogue por un lenguaje ‘respetuoso’ hacia los terroristas Marxistas del ELN. ¿Respetaron estos criminales a las víctimas que han sufrido por su culpa?», cuestionó a través de Twitter el miércoles.
El ELN es una guerrilla que está sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. desde octubre de 2001. En los últimos meses, ha continuado secuestrando a civiles, a miembros del ejército colombiano así como a sus familias, y ha continuado matando a policías.
El 4 de julio, la guerrilla colombiana impuso un paro armado en el departamento de Chocó, al noroeste del país, que sometió a confinamiento a más de 8000 personas que temían trasladarse por vía terrestre o fluvial en la región, donde la población afectada lo vivió «peor que la pandemia», según medios locales.
Con información de EFE.
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