Un proyecto de ley para derogar la ley de «información errónea» y «desinformación» del COVID-19 de California —destinada a castigar a los médicos que se negaron a cumplir las directrices del gobierno sobre las mascarillas, las vacunas y los tratamientos durante la pandemia— se está abriendo paso silenciosamente en la Legislatura estatal.
El proyecto de ley 815 del Senado modificaría el proyecto de ley 2098 de la Asamblea, un controvertido proyecto de ley para castigar a los médicos por difundir «información errónea» o «desinformación» relacionada con el COVID-19.
Derogaría las disposiciones que «designan expresamente la difusión de información errónea o desinformación relacionada con el COVID-19 como conducta no profesional», según un análisis del autor del proyecto de ley, el asambleísta Richard Roth (D-Riverside).
El proyecto de ley se aprobó en el Senado en mayo y ahora está en la Asamblea, donde se ha aprobado en dos comités, pero aún no se ha votado en el pleno.
El 30 de septiembre de 2022, el gobernador Gavin Newsom promulgó la ley AB 2098, presentada por el asambleísta Evan Low (D-Campbell) y de la que era coautor el entonces senador Richard Pan (D-Sacramento).
En su mensaje al promulgarlo, el gobernador advirtió sobre el «efecto desalentador» que otras posibles leyes podrían tener sobre la libertad de los médicos y cirujanos para hablar eficazmente con sus pacientes sobre los riesgos y beneficios de los tratamientos para el COVID-19.
«Sin embargo, confío en que debatir ideas o tratamientos emergentes, incluidos los riesgos y beneficios subsiguientes, no constituya información errónea o desinformación según los criterios de este proyecto de ley», escribió.
El Sr. Newsom dijo que la ley sólo se aplica al discurso de los médicos con los pacientes durante las conversaciones directamente relacionadas con el tratamiento para el COVID-19.
«Promulgo esta ley porque está estrechamente adaptada para aplicarse sólo a aquellos casos atroces en los que un titular actúa con mala intención o se desvía claramente de la norma de atención requerida mientras interactúa directamente con un paciente a su cargo».
Días después, la ley, que definía vagamente la «información errónea y desinformación» como «conducta no profesional», fue impugnada ante los tribunales.
La ley definía la «información errónea» como «desinformación que el titular difunde deliberadamente con intención maliciosa o de engañar», y la desinformación como «información falsa que contradice el consenso científico contemporáneo y es contraria a la norma de atención».
Impugnaciones legales
Desde entonces ha sido objeto de impugnaciones legales, incluidas las denuncias del aspirante presidencial demócrata Robert F. Kennedy Jr. y de la Unión Americana de Libertades Civiles, de dos médicos de California, Mark McDonald y Jeff Barke, y de un grupo de otros cinco médicos.
Uno de los demandantes en esta última demanda era el Dr. Aaron Kheriaty, que fue despedido como director de ética médica de la Universidad de California-Irvine tras negarse a recibir la vacuna contra el COVID-19, alegando que era inmune por naturaleza tras contraer la enfermedad y recuperarse de ella.
El juez William Shubb de la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de California concedió una orden preliminar en la demanda del Sr. Kheriaty que impedía al estado aplicar la ley AB 2098. Dictaminó que la «redacción y estructura poco claras» de la ley podrían tener un «efecto desalentador».
Sin embargo, su sentencia es contraria a la decisión anterior de un juez del Distrito Central de California de denegar una medida cautelar a los doctores Barke y McDonald, después de que en octubre de 2022 demandaran a la Junta Médica de California y al fiscal general del estado, Rob Bonta, solicitando al tribunal que declarara inconstitucional la AB 2098 y una medida cautelar para impedir su aplicación. El caso sigue pendiente en los tribunales.
«La norma de atención siempre está cambiando, especialmente en lo que se refiere a algo nuevo como el COVID», dijo el Dr. Barke en una entrevista.
Dijo que, hoy en día, por ejemplo, mucha gente mira hacia atrás y se ríe de la época en que rociaban sus comestibles con alcohol u otros desinfectantes.
«Estábamos todos un poco asustados, y unas semanas después decíamos: ‘¿Qué demonios estamos haciendo? Esto no tiene ningún sentido'», dijo. «Así que es una situación que evoluciona».
Durante los cierres, el presidente Joe Biden, el Dr. Anthony Fauci y la Dra. Deborah Birx «nos dijeron que si te ponías esta vacuna, no tenías que preocuparte por contraer COVID», dijo el Dr. Barke. «Ahora sabemos que eso no es cierto».
Sin embargo, según la AB 2098, cualquier médico que dijera al principio de la pandemia que las vacunas no detendrían la enfermedad ni su transmisión, podría haber puesto en peligro su licencia médica por disentir de la narrativa de las autoridades sanitarias o de los medios de comunicación corporativos, dijo.
«Y así, si yo dijera que la hidroxicloroquina y la ivermectina funcionan —y lo hacen— y el gobierno no estuviera de acuerdo con ello, técnicamente podrían retirarme la licencia», dijo.
El Dr. Barke dijo que la AB 2098 no sólo es una violación de los derechos de la Primera Enmienda, sino que es peligrosa para los pacientes porque obliga a los médicos a adherirse a la narrativa del gobierno.
«Es malo para los médicos y peligroso para los pacientes que no se me permita decir mi verdad y darles una opinión basada en mi conocimiento de la ciencia y en mi conocimiento del paciente y de su complicada historia», afirmó.
Además, el Dr. Barke afirmó que ya no apoya a las farmacias que acataron la línea del gobierno durante la pandemia y que sólo recurrirá a las boticas o farmacias comunitarias «amantes de la libertad».
La reciente medida de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) de retractarse de su condena de la ivermectina es otro ejemplo de cambio de las normas de atención, dijo.
«Ahora han dicho: ‘Es broma. La ivermectina probablemente esté bien'», dijo el Dr. Barke.
Ashley Cheung Honold, abogada del Departamento de Justicia que representa a la FDA, declaró el 8 de agosto: «La FDA reconoce explícitamente que los médicos tienen autoridad para prescribir ivermectina para tratar el COVID».
La Dra. Simone Gold, médico de Beverly Hills que fundó America’s Frontline Doctors, ha calificado la AB 2098 de «orden de mordaza inconstitucional y orwelliana».
«Esta ley intenta imponer una norma nueva e indefinida conocida como ‘consenso científico contemporáneo’ y suprimir ilegalmente las opiniones profesionales divergentes contrarias a este consenso sobre el COVID-19», escribió en enero.
Respuesta política
El asambleísta Low dijo en una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times el 12 de septiembre que la «actualización» de la SB 815 seguirá exigiendo responsabilidades a los médicos.
«Afortunadamente, con esta actualización, la Junta Médica de California seguirá manteniendo la autoridad para exigir responsabilidades a los licenciados médicos que se desvíen de la norma de atención y desinformen a sus pacientes sobre los tratamientos para el COVID-19», afirmó.
Cuando se le preguntó si se desestimarían las denuncias de la junta médica estatal contra médicos por desafiar los mandatos del gobierno, no quiso hacer comentarios.
El Sr. Pan, que dejó el cargo en diciembre y ahora se presenta a las elecciones a la alcaldía de Sacramento, no estaba disponible para hacer comentarios, según el personal de su campaña.
El «lado feo» de la extralimitación
El Dr. Michael Huang, uno de los médicos afectados por la ley AB 2098, cerró su consultorio independiente en Roseville, California, tras recibir una treintena de quejas del Consejo Médico de California.
El Dr. Huang, que prescribía ivermectina e hidroxicloroquina a los pacientes seropositivos al COVID-19, afirma que nunca ha perdido un paciente a causa del virus. Informa de una tasa de supervivencia del 100% entre los más de 4000 pacientes tratados y dice que casi ninguno fue hospitalizado.
Los legisladores estatales, dijo, incluido el gobernador, se extralimitaron con la AB 2098 y asumieron que tenían más «autoridad» sobre la profesión médica de la que realmente tienen.
La pandemia fue «la tormenta perfecta que reveló el lado feo de la extralimitación del gobierno de California», afirmó.
Del mismo modo que no es tarea del gobierno decir a los pilotos cómo volar en tiempo de tormenta, tampoco es función del gobierno decir a los médicos cómo ejercer la medicina en medio de una pandemia, afirmó.
«No se puede decir a un piloto cómo volar en turbulencias. … Depende de la capacidad y la formación del piloto llevar a sus pasajeros con seguridad del punto A al punto B», afirmó.
El Dr. Huang dijo que culpa a otros médicos por no mantenerse fieles a su oficio y sucumbir en cambio a la presión del gobierno.
«Básicamente han perdido de vista cuál es su principal responsabilidad: Llevar con seguridad a sus pasajeros del punto A al punto B a través de esta pandemia del COVID. Y han fracasado estrepitosamente», afirmó.
El Dr. Huang no se arrepiente por haber concedido exenciones de la mascarilla a niños por razones médicas, y a enfermeras y bomberos que ya tenían inmunidad natural contra el COVID-19 y se negaron a cumplir los mandatos de vacunación.
Ahora que vive de sus ahorros y «se está tomando un descanso de la medicina», dice que no está preparado para desarraigar a su familia y abandonar el estado, pero que está sopesando seriamente sus opciones.
«[Pensando en] la forma en que California está haciendo negocios, la forma en que están perjudicando a los ciudadanos que viven aquí en el estado, no quiero quedarme aquí», dijo. «Si decidiera trabajar, no quiero apoyar a este gobierno corrupto. No quiero que mis impuestos, mi corazón ni nada vayan a parar a este tipo de organismos».
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