Los legisladores de Florida están impulsando proyectos de ley gemelos en la Cámara de Representantes y el Senado de Florida que facilitarían la presentación de demandas por difamación contra los medios y los creadores de suplantaciones “deepfake” que utilizan inteligencia artificial (IA).
Los proyectos de ley complementarios HB 757 y SB 1780 han generado críticas por disposiciones que harían más difícil para los medios de comunicación defenderse contra acusaciones por presuntas actuaciones con “verdadera malicia” al publicar informes sobre figuras públicas utilizando fuentes anónimas.
La malicia real se refiere a hacer una declaración falsa a sabiendas o hacerlo con un desprecio imprudente por la verdad.
En la ley federal de difamación, se debe probar la malicia real para que un funcionario público o una figura pública pueda presentar con éxito una demanda por difamación.
A las personas menos conocidas (aquellas que no se han lanzado a la esfera pública) tradicionalmente les ha resultado más fácil demostrar ante un tribunal que han sido difamadas.
Los ciudadanos privados normalmente no han tenido que demostrar que un periodista actuó con verdadera malicia para demostrar una difamación.
La nueva ley podría tener un efecto paralizador sobre los periodistas que dependen de fuentes anónimas para informar sobre temas de interés público como la corrupción y el crimen. Si los periodistas o sus fuentes temen que su identidad sea revelada en una acción legal, entonces es posible que la información no se divulgue, lo que disminuye la capacidad de un medio de comunicación para actuar como organismo de control.
El año pasado se introdujo una legislación similar que no se aprobó.
Cuando se trata de combatir los deepfakes, la nueva legislación también establecería que aquellos perjudicados por creaciones de IA que generen tergiversación y “altamente ofensivas” podrían demandar por difamación. Un ejemplo de un deepfake reciente involucró imágenes sexualizadas de Taylor Swift en X generadas por IA.
Los proyectos de ley también permitirían que se presenten demandas por difamación relacionadas con transmisiones o Internet en cualquier condado de Florida.
¿A qué definición de difamación se refieren?
Los proyectos de ley definen la difamación como «calumnia, injuria, invasión de la privacidad, o cualquier otro agravio basado en cualquier publicación, exhibición o expresión”.
La difamación es una declaración falsa publicada que se puede demostrar que daña la reputación de una persona. La calumnia es una declaración falsa que puede dañar la reputación de una persona.
Según la legislación propuesta, las opiniones no pueden considerarse difamatorias. Pero las declaraciones falsas presentadas como un hecho sí lo serían.
Para limitar los daños, un editor tendría que eliminar “permanentemente” y “de manera oportuna” de Internet un artículo o transmisión considerada difamatoria durante un juicio.
Los proyectos de ley parecen ofrecer una manera rápida de determinar los méritos fundamentales de una demanda por difamación al permitir audiencias de “veracidad” ante un juez, quien podría descartar casos que involucren opiniones.
Los proyectos de ley parecen ser una reacción a la información irresponsable de algunos medios de comunicación sobre figuras públicas, especialmente sobre periodistas conservadores que se han quejado en voz alta de lo que han llamado “noticias falsas”.
El expresidente Donald Trump ha sido un feroz crítico de los medios de comunicación hegemónicos por informar acusaciones sin fundamento contra él, entre otros.
Después de que se demostró que era falsa la cobertura sobre él por parte del The New York Times y The Washington Post, el presidente Trump pidió a la junta del Premio Pulitzer que rescindiera los premios otorgados a ellos.
Ambos habían publicado informes erróneos sobre la “interferencia rusa” en las elecciones de 2016 y su participación en el “Russiagate”.
Los periódicos habían basado algunos informes en un expediente deshonesto financiado por la campaña presidencial de 2016 de Hillary Clinton, su oponente demócrata.
Christopher Steele, un exoficial de inteligencia británico, recopiló la información, parte de la cual afirmaba falsamente que el candidato Trump estaba en connivencia con el Kremlin.
La junta del Pulitzer se negó a retirar los premios.
La legislación propuesta en Florida adoptaría una postura más dura que la ley federal contra los informes periodísticos falsos. Según los proyectos de ley, si se puede demostrar que una declaración publicada, basada en el testimonio de una fuente anónima, es falsa, se presumiría que el editor actuó con “malicia real”.
Por qué es importante que se compruebe la malicia
En el histórico caso de 1964 New York Times vs Sullivan, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que, para probar la difamación, una figura pública debe demostrar que una declaración falsa fue publicada con verdadera malicia.
Los críticos dicen que la legislación propuesta en Florida impondría indebidamente la carga de la prueba a los editores demandados en lugar de obligar al demandante a demostrar que una declaración era falsa.
El proyecto de ley HB 757, titulado Difamación, publicidad engañosa y publicación no autorizada del nombre o la imagen, está patrocinado por el representante republicano Alex Andrade, que ya patrocinó un proyecto similar el año pasado. El proyecto de ley hermano, SB 1780, está patrocinado por el senador republicano Jason Brodeur
Al explicar por qué la legislación es necesaria, Andrade dijo durante una reunión del Subcomité de Justicia Civil de la Cámara de Representantes de Florida el 18 de enero: “La confianza en los medios está en su punto más bajo”.
Y, dijo, “Los medios no se están autorregulando”.
Pero no todo el mundo está de acuerdo en que lo mejor sea más legislación.
Bobby Block, director ejecutivo de la Fundación de la Primera Enmienda de Florida, se manifestó en contra del proyecto de ley durante la reunión.
La ley propuesta iría más allá de castigar el periodismo descuidado y podría usarse como arma contra los medios liberales y conservadores por igual, dijo.
Incluso los demandantes con poca evidencia para respaldar las afirmaciones de que la información publicada era falsa podrían perjudicar a las organizaciones de noticias al arrastrarlas ante las cortes.
«La demanda en sí misma castigaría a los demandados debido a los costos exorbitantes», dijo. «Tendría un efecto paralizador sobre la información y la libertad de expresión».
La ACLU de Florida, políticamente de izquierda, también se ha pronunciado en contra de los proyectos de ley. El grupo emitió un comunicado diciendo que la legislación socavaría el precedente de la Corte Suprema e infringiría los derechos de libertad de expresión de quienes critican a los funcionarios públicos.
«La libertad de expresión y la libertad de prensa son las características distintivas de una democracia saludable», dijo Kara Gross, directora legislativa y asesora política principal del grupo.
Pero el abogado de Florida, Jeff Childers, calificó algunas de las respuestas a los proyectos de ley como “sobrecalentadas” e “histéricas”.
Los legisladores de Florida parecen estar a la vanguardia del tema que se ha debatido desde 1964: Cómo se debe tratar a las figuras públicas cuando se trata de difamación.
Los políticos son considerados casi uniformemente blancos justos para las críticas y la cobertura noticiosa porque se les considera figuras públicas. La cuestión de considerar a otros (como blogueros o incluso actores) como figuras públicas ha sido parte de un debate en curso en los círculos legales, dijo Childers.
Es una distinción importante. Históricamente, ha sido difícil para las figuras públicas demandar exitosamente a los medios de comunicación por difamación. La ley de Florida facilitaría que figuras públicas demandaran a periodistas.
«Tenemos un derecho constitucional general a la libertad de expresión en este país, pero una de las limitaciones es la difamación», dijo Childers.
El discurso difamatorio que puede dañar la reputación de una persona no está protegido como libertad de expresión según la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Aun así, los periodistas le deben al público verificar la información proporcionada por fuentes anónimas antes de publicar un informe, dijo Childers. Por lo tanto, en caso de una demanda, demostrar que la información es verdadera no debería ser una carga.
«Eso solo te da un poco más de trabajo para refutarlo», dijo. «Deberías haber hecho ese trabajo de todos modos como periodista».
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