La legislatura de Florida controlada por los republicanos aprobó el jueves el proyecto de ley «antidisturbios», Luchando contra el Desorden Público, que incluye sanciones más severas contra los manifestantes violentos, crea desincentivos para los gobiernos locales que adopten medidas de «desfinanciamiento de la policía», y brinda más protecciones a los ciudadanos, como hacer que los conductores no sean civilmente responsables por causar lesiones o muerte si «huyen de una turba por seguridad».
El proyecto de ley, llamado HB1: Luchando contra el desorden público, impone sanciones a nivel de delitos graves por participar en reuniones violentas o desordenadas, obstruir el tráfico durante protestas no permitidas, y por destruir o derribar monumentos, según una hoja informativa de la oficina del gobernador de Florida, Ron DeSantis (pdf). También aumenta las sanciones penales por agredir a los agentes de policía durante los disturbios, aumenta la responsabilidad de cualquiera que organice o financie una reunión violenta o desordenada, y facilita que las víctimas de los disturbios demanden a los gobiernos locales por daños y perjuicios. El proyecto de ley también dice que los gobiernos locales no pueden recortar su presupuesto policial sin la aprobación del estado.
El proyecto se está trasladando al escritorio de DeSantis, quien se espera que lo firme.
“Esta legislación logra el equilibrio apropiado para salvaguardar el derecho constitucional de todos los residentes de Florida a reunirse pacíficamente, al tiempo que garantiza que aquellos que se esconden detrás de protestas pacíficas para causar violencia en nuestras comunidades sean castigados”, dijo DeSantis en un comunicado.
La medida ha generado ánimos intensos, y los proponentes lo ven como un paso acertado hacia la imposición de la ley y el orden y el apoyo a las fuerzas de la ley para responder a la violencia relacionada con las protestas. Los opositores lo ven como una medida destinada a silenciar la disidencia que tendría un efecto paralizante en las protestas legítimas.
“Los derechos tienen límites y la violencia es donde se traza la línea”, dijo el senador estatal republicano Danny Burgess, quien aprobó el proyecto de ley en el Senado estatal. «Este proyecto de ley trata sobre la prevención de la violencia».
Micah Kubic, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, calificó el proyecto de ley como «racista, inconstitucional y antidemocrático, así de simple».
“Está claro que el gobernador DeSantis y ciertos miembros legislativos tienen como objetivo cerrar el discurso político con el que no están de acuerdo en un ataque directo a la Primera Enmienda y a costa de las personas de raza negra y morena. Este proyecto de ley es una vergüenza para nuestro estado”, agregó Kubic.
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