Dos miembros de la delegación del Congreso de Oklahoma encabezan un grupo de legisladores republicanos que exigen que el Inspector General (IG) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) investigue cómo Planned Parenthood obtuvo USD 20 millones en fondos federales de ayuda por el COVID-19.
«Nos ha llamado la atención que Planned Parenthood y sus afiliados recibieron más de USD 20 millones del Provider Relief Fund (PRF). Le solicitamos que revise las solicitudes de PRF enviadas por Planned Parenthood y sus afiliados para determinar si la organización proporcionó información falsa o información engañosa para obtener acceso a los fondos de PRF», dijeron el senador James Lankford (R-Okla.) y el representante Josh Brecheen (R-Okla.) a HHS IG Christi Grimm en una carta del 31 de julio. También firmaron la carta 35 senadores republicanos y miembros de la Cámara de Representantes.
El programa PRF para ayudar a los proveedores de atención médica se incluyó en la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES) aprobada por el Congreso y promulgada por el entonces presidente Donald Trump en marzo de 2020 al comienzo de la pandemia de COVID-19 que ha matado a más de 1 millón de estadounidenses desde enero de ese año. Muchos expertos estadounidenses creen que el virus se originó en el Instituto de Virología Wuhan de China.
«El Congreso diseñó intencionalmente la Ley CARES para que ningún financiamiento federal asignado a través del proyecto de ley pudiera usarse para el aborto. Como Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), usted tiene la autoridad para realizar auditorías e investigaciones sobre denuncias de desperdicio, fraude y abuso en programas y oportunidades de financiación administrados por el HHS», continúa la carta.
«Los esfuerzos de Planned Parenthood y sus afiliados se centran en el aborto. A pesar de la pandemia y las políticas de bloqueo, en su informe anual 2020-2021, Planned Parenthood y sus afiliados realizaron 383,460 abortos. Esto supuso un aumento con respecto al año anterior, en el que Planned Parenthood realizó 354,871 abortos», dice la carta.
“Planned Parenthood también brindó menos servicios sanitarios durante la pandemia. Las revisiones mamarias se redujeron en más de un 30%, los exámenes ginecológicos disminuyeron en un 39% y el total de pruebas de embarazo se redujo en un 14%», continúa la carta.
A diferencia de otros proveedores de atención médica que sufrieron pérdidas financieras significativas durante la pandemia, los firmantes señalaron los registros de impuestos de Planned Parenthood como prueba de que el mayor proveedor de abortos del país no se vio tan afectado.
«Mientras que la mayoría de los proveedores de atención médica sufrieron tensiones financieras por la pandemia, los registros financieros de Planned Parenthood muestran que la organización no sufrió un impacto significativo. En su Informe Anual 2020-2021, Planned Parenthood presumía de unos ingresos de USD 1700 millones y de unos activos netos de más de USD 2500 millones. Incluso durante el punto álgido de la pandemia, Planned Parenthood fue capaz de mantener un flujo de caja positivo cuando muchas pequeñas empresas y proveedores de atención sanitaria reales se vieron obligados a cerrar sus puertas a los pacientes», dijeron los autores de la carta a la Sra. Grimm.
Un portavoz de Planned Parenthood no respondió a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
La principal de las múltiples leyes y regulaciones federales como la PRF que prohíbe el uso de dólares de impuestos federales para pagar abortos es la Enmienda Hyde, que fue patrocinada por el representante Henry Hyde (R-Ill.) y se convirtió en ley en 1976.
Planned Parenthood dice en su sitio web que desde su promulgación, la Enmienda Hyde «bloqueó los fondos federales de Medicaid para los servicios de aborto (desde 1994, ha habido tres excepciones extremadamente limitadas: cuando continuar con el embarazo pondrá en peligro la vida de la paciente, o cuando el embarazo resulte por violación o incesto). Esto significa que Medicaid no puede cubrir el aborto incluso cuando la salud de la paciente está en riesgo y su médico recomienda que se haga un aborto».
Planned Parenthood también afirma que la Enmienda Hyde «afecta a todos los 2.4 millones de pacientes de Planned Parenthood, pero perjudica directamente al 60 por ciento de los pacientes de Planned Parenthood que dependen de programas de salud pública como Medicaid para la atención primaria y preventiva. La Enmienda Hyde impide que esos pacientes utilicen sus prestaciones de salud pública para la atención del aborto».
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