Legisladores de Pensilvania buscan retirar la certificación de los resultados de las elecciones con una demanda

Por Mimi Nguyen Ly
08 de diciembre de 2020 2:35 PM Actualizado: 08 de diciembre de 2020 2:46 PM

Un grupo de 11 votantes de Pensilvania presentó una demanda ante la Corte de la Mancomunidad de Pensilvania para que ordene al gobernador Tom Wolf retirar la certificación de los resultados de las elecciones generales de 2020.

Los demandantes, entre los que se encuentran nueve representantes estatales republicanos y un senador estatal republicano, también pidieron que el tribunal emita una orden de emergencia para bloquear temporalmente a los 20 electores presidenciales demócratas del estado, quienes figuran entre los acusados, de emitir los votos para presidente en el Colegio Electoral en base a los resultados electorales actuales.

Otros acusados en la demanda son Wolf y la secretaria de Estado de Pensilvania, Kathy Boockvar, ambos demócratas.

La demanda está encabezada por el representante estatal Daryl Metcalfe.

«Las elecciones generales de 2020 en Pensilvania estuvieron plagadas de numerosas violaciones del Código Electoral de Pensilvania, perpetradas por funcionarios electorales predominantemente demócratas del condado. Además hay innumerables irregularidades e impropiedades electorales documentadas que impiden un recuento preciso de los resultados de las elecciones presidenciales», se lee en la demanda (pdf) presentada el 4 de diciembre.

«Muchas de las irregularidades se relacionan directamente con la entrega de los votos en ausencia y por correo por parte de las juntas electorales del condado; el escrutinio previo y el escrutinio de los votos; el hecho de no permitir una supervisión y transparencia, legalmente apropiadas y adecuadas al proceso; y el hecho de no mantener y asegurar la integridad y la seguridad de los votos durante todo el proceso electoral», dice a continuación.

«Por ello, los resultados de las elecciones generales de 2020 tienen tan graves defectos que es imposible certificar la exactitud de los supuestos resultados».

El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, habla con la prensa en Harrisburg, Pensilvania, el 4 de noviembre de 2020. (Oficina del Gobernador Tom Wolf/Flikr) [CC BY 2.0 (ept.ms/2haHp2Y)]
Lyndsay Kensinger, portavoz de Wolf, emitió una declaración a los medios de comunicación sobre la última presentación judicial: «Este es solo otro intento de algunos republicanos de difundir desinformación e ignorar la realidad. Las acusaciones de fraude y las cansadas teorías de conspiración han sido repetidamente desacreditadas y desestimadas por los tribunales».

La portavoz afirmó que Pensilvania tenía una «elección libre y justa» y acusó a los legisladores republicanos de «tratar de robar el voto de los habitantes de Pensilvania».

La oficina de Boockvar no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Denuncias

Los demandantes denunciaron varias violaciones e irregularidades electorales.

En un caso, ellos alegaron, citando «información y creencia», que los acusados Wolf y Boockvar no habían seguido las recomendaciones de un informe de auditoría (pdf), publicado en diciembre de 2019. La auditoría se realizó en el sistema informático del Departamento de Estado de Pensilvania que contiene una base de datos de todos los votantes registrados en el estado. Incluyó un análisis de datos que encontró «decenas de miles» de registros de votantes potencialmente duplicados e inexactos, así como casi 3000 votantes potencialmente fallecidos que aún figuran en las listas de votantes del sistema, denominado Registro Uniforme de Electores del Estado (SURE). Entre otros puntos, el informe de auditoría recomendó que el Departamento de Estado actualizara sus orientaciones para abordar esas cuestiones.

Los demandantes presentaron una declaración jurada (pdf) de un contratista del USPS, Jesse Richard Morgan, quien alegó que se le ordenó que transportase lo que él cree eran votos rellenados de Pensilvania, de la elección, a través de las fronteras estatales desde Nueva York a Pensilvania. En la denuncia se afirma que a la espera de las nuevas investigaciones que se estaban realizando, «no hay manera posible» de que la validez de la elección «pudiera ser certificada» por Wolf.

En la demanda también se cuestionó la medida adoptada por la Corte Suprema de Pensilvania en septiembre de permitir que las juntas electorales de los condados acepten papeletas de voto por correo en lugares distintos de las oficinas de las juntas electorales, «incluso mediante el uso de buzones situados arbitrariamente en todo el condado». El tribunal también amplió el plazo de recepción de los votos por correo a tres días después del 3 de noviembre. Los demandantes afirman que el más alto tribunal del estado había «discutiblemente usurpado los poderes» de los legisladores del estado.

Los demandantes también afirmaron que las juntas electorales de los condados demócratas de Pensilvania «rutinariamente ayudaban a identificar, facilitar y permitir» a los votantes remediar sus votos ausentes y votos por correo defectuosos, lo cual afirman es una violación del Código Electoral. Se presentó un correo electrónico de octubre de 2020 como evidencia, que muestra que el director de elecciones por correo del condado de Montgomery había emitido una directiva que decía que los votantes pueden corregir sus votos de varias maneras, incluida la cancelación o reemplazo de los votos.

Para cancelar o reemplazar el voto por correo de un votante, los funcionarios electorales tendrían que cambiar manualmente la información en el sistema SURE, pero no hay ninguna autoridad en el Código Electoral que permita a los funcionarios electorales hacerlo, señalaron los demandantes.

«El efecto de utilizar boletas provisionales para remediar los defectos de las boletas de ausentes y de correo es una clara violación del Código Electoral. El número de votos provisionales emitidos en Pensilvania es de decenas de miles», dice la demanda.

Los demandantes también adjuntaron una declaración jurada (pdf) del observador electoral republicano, Gregory Stenstrom, quien escribió sobre varias violaciones del Código Electoral a partir de su observación del proceso electoral en el condado de Delaware.

Además proporcionaron un informe del representante estatal Francis X. Ryan, quien es uno de los demandantes. Ryan dijo que «testificará e identificará discrepancias y errores significativos y determinantes» que ponen en tela de juicio los resultados de las elecciones.

El informe de Ryan (pdf) afirma que el proceso de votación por correo era «tan defectuoso que es esencial declarar que la selección de los electores presidenciales de la Mancomunidad está en disputa».

Este caso legal se titula Metcalfe, Diamond, Kefer, Sankey, Kauffman, y otros contra Wolf y Boockvar, y otros (636 MD 2020)

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