Un grupo de legisladores de Pensilvania presentó la noche del miércoles un recurso legal contra una ley de voto que algunos de ellos ayudaron a aprobar en 2019, argumentando que se ha aplicado de una manera que viola la Constitución del estado.
Catorce representantes del Partido Republicano de Pensilvania están pidiendo a la Corte del Estado que declare inconstitucionales las disposiciones que permiten el voto por correo sin excusa y que bloquee a los funcionarios estatales para que distribuyan, recojan o cuenten los votos por correo sin excusa en futuras elecciones.
La legislatura, controlada por los republicanos, aprobó en 2019 la Ley 77, que cambió drásticamente el Código Electoral de Pensilvania, incluyendo la posibilidad de que cualquier persona vote por correo.
Pero la petición argumenta que la expansión del voto por correo no puede hacerse legalmente sin una enmienda constitucional.
«Debido a que los cambios legislativos que permiten el voto por correo sin excusa en Pensilvania requieren una enmienda constitucional, y debido a que la Constitución de Pensilvania ha delegado a sus ciudadanos el derecho a votar sobre las enmiendas a la Constitución de Pensilvania, la Ley 77 viola la delegación de la Constitución de Estados Unidos a los estados del poder legislativo para las elecciones federales», dice la impugnación.
Unos 2.6 millones de votantes de Pensilvania utilizaron el voto por correo en las elecciones de 2020, y otros 4.2 millones votaron en persona.
Once de los representantes que presentaron la petición votaron a favor del proyecto de ley en cuestión. Uno de ellos no estaba en el cargo en ese momento. El otro, el representante estatal David Zimmerman, votó en contra de la ley.
La representante estatal Dawn Keefer, una de las que votó a favor del proyecto de ley, dijo a The Epoch Times en un correo electrónico que la acción legal fue impulsada por las sentencias del Tribunal Supremo de Pensilvania.
«El proyecto de ley que se presentó en la Cámara no era lo que se implementó debido a los fallos atroces de la Corte Suprema del estado y los cambios realizados por la administración. Fue un mal voto y pedí disculpas a mis electores por ello», dijo.
«El texto que examinamos en el comité fue alterado enormemente una vez que llegó al pleno para una votación completa. El ritmo al que avanzaba el proyecto de ley solo daba tiempo para hojearlo y leer los resúmenes. Tuvimos que depender de nuestros líderes y el personal de entonces para analizar el proyecto de ley y, francamente, estábamos mal informados», añadió.
El Departamento de Estado de Pensilvania, citado como demandado, declinó hacer comentarios.
El jueves, el fiscal general de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, reaccionó a la petición.
«Esta demanda no solo es el colmo de la hipocresía, sino que tiene consecuencias reales y daña la confianza pública en nuestras elecciones», dijo en un posteo de Facebook.
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