Varios legisladores de Wyoming dicen que la próxima semana celebrarán una sesión especial en Cheyenne para hacer frente a la vacunación obligatoria contra la COVID-19 anunciada por el presidente Joe Biden el mes pasado.
Según el Casper Star-Tribune, la mayoría de la Cámara de Representantes y el Senado del estado votaron a favor de añadir la rara sesión especial al calendario legislativo. Los legisladores republicanos Chuck Gray, Landon Brown y Rachel Rodríguez-Williams dijeron que las mayorías necesarias de ambas cámaras habían aprobado la convocatoria de la reunión, prevista del 26 al 28 de octubre.
Dos proyectos de ley que se están redactando como parte de las medidas para hacer frente a la orden de vacunación propuesta por el presidente están patrocinados por el representante republicano Chuck Gray, de Casper, y prohibirían los pasaportes de vacunación, e impondrían una multa de 500,000 dólares por despedir, degradar, ascender, compensar o negarse a contratar empleados basándose en el estado de vacunación.
Otra medida, patrocinada por el senador republicano Tom James, de Rock Springs, impondría multas y podría dar lugar a una sentencia de prisión para los funcionarios públicos que trataran de imponer la vacunación obligatoria federal.
Queda por ver si la sesión procederá a discutir la legislación, ya que el desacuerdo sobre las reglas podría llevar a un aplazamiento, informa el Casper Star-Tribune.
Se debe alcanzar una mayoría de dos tercios en cada cámara para aprobar las reglas de la sesión, algo que no se ha logrado en las votaciones anteriores, según el medio de comunicación.
«Pediremos al respectivo líder de la mayoría en el hemiciclo que proponga un aplazamiento inmediato de la sesión especial sin considerar ninguna legislación», habrían escrito el presidente del Senado, Dan Dockstader, y el presidente de la Cámara, Eric Barlow, ambos republicanos, en un memorando fechado el 12 de octubre.
Incluso si se aprueban y el gobernador Mark Gordon, un republicano, los sanciona, tales proyectos de ley pueden carecer de fuerza legal. La Constitución de EE. UU. prohíbe que los estatutos estatales sustituyan a la ley federal.
Según se informa, cada día de la sesión especial costará al estado unos 25,000 dólares.
El presidente aún no ha esbozado los detalles de su plan para imponer la vacunación contra la COVID-19 a los trabajadores federales, a los sanitarios, a los contratistas y a los trabajadores de empresas con más de 100 empleados, sin embargo, al menos 19 gobernadores, incluido Gordon, han emitido declaraciones públicas en las que expresan su desacuerdo con la medida de la administración, y varios han prometido desafiarla.
«He pedido al fiscal general que esté preparado para emprender todas las acciones necesarias para oponerse a la extralimitación inconstitucional del poder ejecutivo por parte de esta administración», dijo Gordon anteriormente sobre la orden de vacunación obligatoria de Biden. «No tiene lugar en Estados Unidos. Ni ahora, ni nunca».
El presidente ha defendido su decisión, diciendo que «no se trata de la libertad o la elección personal. Se trata de protegerte a ti mismo y a los que te rodean: la gente con la que trabajas, la gente que te importa, la gente a la que quieres».
Varios funcionarios de la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Con información de Associated Press.
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