Un grupo de legisladores demócratas pidió este lunes al Departamento de Justicia que ponga fin a la pena capital en el país y que prohíba a sus abogados solicitar ese castigo.
Los representantes Adriano Espaillat, Ayanna Pressley, Jerrold Nadler y Cori Bush hicieron el reclamo en una carta enviada hoy al secretario de justicia, Merrick B. Garland.
«Debemos construir un sistema jurídico-penal que esté profundamente arraigado en el respeto a la humanidad, y eso empieza por poner fin a la pena de muerte federal», escribió Bush en una declaración en las redes sociales el lunes.
Espaillat y Pressley han patrocinado por separado proyectos de ley que abolirían la pena de muerte federal. En enero, Espaillat patrocinó la Ley Federal de Abolición de la Pena de Muerte de 2021.
«La pena de muerte es una reliquia cruel del pasado, y no debería tener lugar en nuestra sociedad», dijo Espaillat en un comunicado de prensa en ese momento. «Un gobierno no debería tener el poder de quitarle la vida a otra persona, y la pena de muerte es un sistema profundamente defectuoso e inherentemente injusto».
Por su parte, el senador Dick Durbin (demócrata de Illinois), presidente de la Comisión Judicial del Senado, el senador Patrick Leahy (demócrata de Vermont) y el senador Cory Booker (demócrata de Nueva Jersey), encabezaron a 14 de sus colegas demócratas del Senado para instar al Departamento de Justicia a tomar nuevas medidas para «poner fin a la pena de muerte federal de una vez por todas», según un comunicado de prensa.
«Existen serias preocupaciones sobre la arbitrariedad en la aplicación de la pena de muerte, su impacto dispar en la gente de color y el alarmante número de exoneraciones en casos de pena capital», escribieron los senadores.
De acuerdo con los congresistas, la pena capital «es una práctica profundamente imperfecta e inhumana que el Departamento de Justicia puede y debe descontinuar», y recordaron «sus conocidas deficiencias, incluyendo arbitrariedades en su aplicación y el impacto desproporcionado en gente de color» que ha sido ampliamente documentado.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido acabar con la pena capital, pero aún no ha emitido ninguna orden relacionada con esta práctica.
El ex presidente Donald Trump reanudó el uso de la pena capital. El gobierno federal llevó a cabo 13 ejecuciones entre julio de 2020 y enero de 2021. Las ejecuciones adoptaron un nuevo protocolo para administrar inyecciones letales en la Oficina Federal de Prisiones, utilizando el fármaco pentobarbital, que sustituyó el procedimiento de tres fármacos que se había utilizado en las ejecuciones federales anteriormente.
Las 13 muertes corresponden a delincuentes convictos, entre ellos Keith Nelson, condenado por secuestrar, violar y asesinar a una niña de 10 años; Dustin Honken, condenado por asesinar a cinco personas en Iowa; y Daniel Lee, que mató a una pareja y a su hija de 8 años en 1996.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.
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