Legisladores demócratas de la Cámara de Representantes presentaron el martes un proyecto de ley para poner límites a los mandatos de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, en un intento por «restaurar el equilibrio» de la bancada mayoritariamente conservadora.
El patrocinador del proyecto de ley, el representante Hank Johnson (D-Ga.), presidente del Subcomité Judicial de Tribunales, afirmó que el tribunal superior de la nación se enfrenta a una «crisis de legitimidad».
«Cinco de los seis jueces conservadores del tribunal fueron nombrados por presidentes que perdieron el voto popular y ahora se apresuran a imponer su agenda fuera de lugar al pueblo estadounidense que no la quiere», dijo Johnson en un comunicado de prensa.
El representante está respaldado por un grupo de legisladores demócratas, entre los que se encuentran los congresistas Jerry Nadler (D-N.Y.), David Cicilline (D-R.I.), Sheila Jackson Lee (D-Texas), Steve Cohen (D-Tenn.), Karen Bass (D-Calif.) y Ro Khanna (D-Calif.).
Molesto por las sentencias «de este último año», que no nombró, Nadler dijo que quería que los límites de los mandatos alejen la balanza del poder de la mayoría conservadora, a la que considera «radical, desenfrenada».
Entre sus decisiones de este año, la Corte Suprema anuló en mayo el caso Roe vs. Wade, una sentencia de 1973 que fue fundamental para legalizar el aborto en todo el país. El fallo fue aplaudido por los conservadores, pero se encontró con la resistencia de activistas y políticos de izquierda.
Desde 1869, la Corte Suprema está compuesta por nueve jueces que ejercen su cargo de forma vitalicia. Pero esta tradición ha sido cada vez más cuestionada por algunos demócratas y defensores de la izquierda.
En la actualidad hay seis jueces conservadores, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. También hay tres jueces de izquierda, como Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.
Oposición
El profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, Noah Feldman, que formó parte de la Comisión Presidencial sobre la Corte Suprema del presidente Joe Biden a fines de junio, dijo anteriormente que las reformas sustanciales podrían ser «desastrosas».
«La cuestión es si en las circunstancias actuales un debilitamiento del tribunal a través de una reforma sustancial mejoraría o socavaría la legitimidad institucional de la corte, legitimidad que le permite cumplir estas funciones —teniendo en mente ‘la ampliación de la corte’, y la mayoría de las formas de despojo de jurisdicción», dijo Feldman.
«En mi opinión, ese tipo de operaciones serían desastrosas para la capacidad de la Corte Suprema de desempeñar estas funciones que actualmente desempeña».
Los republicanos han criticado a Biden por la creación de la comisión, calificándola de «asalto al poder judicial independiente de nuestra nación y una muestra más de la influencia de la extrema izquierda sobre la administración Biden».
«El presidente pasó la mayor parte de su campaña haciéndose el tímido sobre el tema, pero ahora ha admitido con la seguridad de tener un mandato de cuatro años, que considera que el poder judicial está ‘fuera de control'», dijo el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), en una declaración.
«Este estudio falso-académico de un problema inexistente encaja perfectamente en la campaña de años de los liberales para politizar la corte, intimidar a sus miembros y subvertir su independencia», añadió McConnell.
Biden creó la comisión por orden ejecutiva el 9 de abril de 2021.
Demócratas
Los copatrocinadores demócratas del proyecto de ley describieron la legislación en términos de «restablecer el equilibrio [y] (…) la confianza del público» en la Corte Suprema, que algunos de ellos citaron como «radical», «desenfrenada» y «retrógrada».
Ellos no mencionaron ningún apoyo entre los conservadores a las sentencias de la Corte Suprema sobre las leyes de armas y el aborto, cuestiones que suelen dividir a los estadounidenses de izquierda y derecha.
Nadler expresó su preocupación porque Estados Unidos «se quede con» una mayoría de jueces conservadores en la Corte Suprema «durante una generación o más».
«En cambio, con este proyecto de ley, cada presidente tendría derecho a nombrar a dos jueces», añadió, expresando su opinión de que con la legislación propuesta habría oportunidad de deshacer con el tiempo la composición actual del tribunal para reflejar las opiniones públicas de tendencia izquierdista.
Cicilline afirmó que la Corte Suprema está perdiendo la confianza del público y apoyó a la legislación propuesta como una forma de restaurar «el importante papel del Tribunal en nuestro sistema constitucional».
Este no es el primer intento dirigido hacia la Corte Suprema por parte de los demócratas, quienes a principios de este mes pidieron una legislación para añadir cuatro asientos más al tribunal para sortear la mayoría conservadora.
El proyecto de ley
Según la Ley de Establecimiento de la Titularidad y Modernización de la Jubilación (TERM) de la Corte Suprema (pdf), un nuevo juez ocuparía el banquillo cada dos años y pasaría 18 años en trabajo activo.
El escalonamiento de los límites de los mandatos con nueve jueces significa que habrá una vacante cada dos años, permitiendo a cada presidente dos nombramientos por mandato.
Los magistrados que conserven el cargo asumirían la condición de senior. Los nuevos nombramientos se producirían en el primer y tercer año después de unas elecciones presidenciales como único medio de nombramiento de la Corte Suprema.
Los magistrados vigentes asumirían la condición de senior por orden de antigüedad en el cargo a medida que se nombra a cada nuevo magistrado.
La Ley TERM también preservaría la independencia judicial garantizando que los jueces de la Corte Suprema que asuman la condición de senior sigan siendo miembros del poder judicial federal de por vida y con plena remuneración, capaces de ejercer sus funciones oficiales dentro y fuera del tribunal durante el tiempo que deseen.
El senador Sheldon Whitehouse (D-R.I.) presentó el mismo proyecto de ley en el Senado.
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