Un grupo de 27 legisladores republicanos de Pensilvania escribió el 30 de diciembre una carta al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.) y al representante Kevin McCarthy (R-Calif.), pidiéndoles que impugnen los resultados de las elecciones de Pensilvania hasta que se lleve a cabo una investigación sobre las numerosas denuncias de fraude.
Señalando las acusaciones de actividad fraudulenta y violaciones de la ley electoral, los legisladores dijeron en la carta que su esfuerzo no tiene «nada que ver con la anulación de ningún resultado electoral, sino con determinar si las acusaciones de fraude corrompieron el resultado de la votación».
«Simplemente hay demasiadas preguntas que quedan sin respuesta para decir que los resultados son confiables y por lo tanto la certificación es prematura, y los resultados deben ser impugnados hasta que se complete una investigación», escribió el grupo compuesto por ocho senadores del estado de Pensilvania y 19 representantes estatales.
Entre las principales acusaciones figuran anomalías estadísticas en los votos, testigos que alegan interferencias en la capacidad de los observadores electorales para realizar su trabajo, retrasos en la apertura o cierre de los centros de votación el día de las elecciones, recolección ilegal de votos, boletas erróneas «corregidas», errores en la cadena de custodia de los votos y el material electoral, además de la presentación directa de votos fraudulentos.
Los legisladores también alegaron un «déficit masivo de votos» en Pensilvania, alegando que se contaron más de 200,000 votos más que el número total de votantes que votaron en las elecciones del 3 de noviembre. Ellos proporcionaron como referencia una reciente declaración hecha por un grupo de legisladores de Pensilvania, que compararon los registros del Departamento de Estado con los registros del sistema DoS/SURE para reclamar esta discrepancia.
«Estos números no cuadran y la supuesta certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de Pensilvania fue absolutamente prematura, no confirmada y errónea», dijeron los legisladores en un comunicado.
La oficina del secretario de Estado de Pensilvania no respondió de inmediato a una solicitud de The Epoch Times para comentar la discrepancia. Una portavoz de Kathy Boockvar, secretaria de estado de Pensilvania, dijo en una declaración a The Washington Examiner, que el «llamado análisis de los legisladores republicanos se basó en datos incompletos» y que tanto los jueces estatales como los federales «revisaron cientos de páginas de acusaciones infundadas y falsas y no encontraron pruebas de fraude o de votación ilegal».
En su carta a McConnell y McCarthy, los legisladores también alegaron que alrededor de un tercio de los 121,000 votantes cuyo género en los padrones electorales del estado está anotado como «No identificado», son fraudulentos y que alrededor de 90,000 de ellos votaron en 2020.
Ellos también se refirieron a una audiencia del Comité de Políticas de la Mayoría del Senado del 25 de noviembre, durante la cual se presentaron horas de testimonios sobre supuestos fraudes de votantes y violaciones de las leyes electorales de Pensilvania. Algunas de las irregularidades presentadas durante la audiencia, a las que los legisladores se refirieron en su carta, incluyen afirmaciones de que los votos por correo fueron inspeccionados incorrectamente. Cientos de miles de votos por correo fueron procesados con «cero supervisión civil». A los observadores electorales se les negó un acceso significativo y las marcas de tiempo revelan alzas en que se procesaron más votos en un momento dado de lo que la máquinas de votación son capaces de contabilizar.
«En uno de estos picos, cerca de 600,000 votos fueron depositados en una instalación de procesamiento de votos, de los cuales 570,000 fueron para Biden, y unos míseros 3200 para Trump», escribieron.
Los legisladores argumentaron que la audiencia demostró un «fraude electoral desenfrenado» en Pensilvania y que esto «debe ser investigado, remediado y rectificado».
También alegaron que en Pensilvania la Corte Suprema del estado y los miembros del poder ejecutivo socavaron el código electoral del estado con acciones como la eliminación de la verificación de firmas mientras «se permitía la proliferación de buzones con medidas de seguridad cuestionables y la corrección no autorizada de los votos».
The Epoch Times se dirigió a la oficina de McConnell con una solicitud de confirmación de recepción de la carta y de comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
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