La orden de emergencia de la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, por la que se suspende el derecho a portar armas de fuego en público en Albuquerque y sus alrededores, ha suscitado un recurso judicial inmediato y también peticiones de destitución por parte de los republicanos de la legislatura.
Los representantes estatales de Nuevo México. Stefani Lord y John Block, ambos republicanos, pidieron su destitución después de que emitiera la orden hace unos días, que prohíbe a los ciudadanos portar armas en público alrededor de Albuquerque.
«Este es un intento abominable de imponer una agenda radical y progresista a una población que no está dispuesta. En lugar de abordar la delincuencia en su esencia, la gobernadora Grisham está restringiendo los derechos de los propietarios de armas respetuosos de la ley», escribió Lord en un comunicado de prensa en X, antes conocido como Twitter.
Block afirmó que la gobernadora «ha abierto la veda contra los ciudadanos respetuosos de la ley» malinterpretando la Constitución y las leyes del estado. «Eso es algo que debe remediarse inmediatamente», dijo el legislador.
En respuesta a la amenaza de destitución, la oficina de Lujan Grisham dijo que la gobernadora está «preparada para luchar contra los desafíos a su decisión y reconoce que no todo el mundo apoya la orden de salud pública», añadiendo que se trata de una «emergencia de salud pública, y se requieren medidas extraordinarias para evitar que más nuevomexicanos inocentes sean asesinados por armas de fuego.»
Demanda presentada
La Asociación Nacional por los Derechos de las Armas y Foster Haines, un miembro que vive en Albuquerque, presentaron documentos (pdf) en la Corte de Distrito de EE.UU. en Nuevo México demandando a Lujan Grisham y buscando un bloqueo inmediato a la aplicación de su orden.
«El Estado debe justificar la prohibición de portar armas demostrando que es coherente con la tradición histórica de la nación en materia de regulación de armas de fuego», dice la demanda. «Pero es imposible que el Estado cumpla con esta carga, porque no existe tal tradición histórica de regulación de armas de fuego en esta Nación».
El presidente del grupo pro-armas, Dudley Brown, dijo que la orden de la Sra. Lujan Grisham es esencialmente un » gesto de dedo corazón » a la Constitución de EE.UU. y la Corte Suprema, según un comunicado.
«Su orden ejecutiva es un flagrante desprecio por Bruen. Tiene que rendir cuentas por despojar de un plumazo a millones de personas de los derechos que Dios les ha dado», dijo Brown, refiriéndose a una orden anterior de la Corte Suprema sobre el derecho a las armas.
La gobernadora, demócrata, dijo que la suspensión de 30 días, promulgada como medida de emergencia de salud pública, se aplicaría en la mayoría de los lugares públicos, desde las aceras de la ciudad hasta los parques. La Sra. Lujan Grisham dijo que la policía estatal se encargaría de hacer cumplir lo que equivale a infracciones civiles y conlleva una multa de hasta 5.000 dólares.
Lujan Graham argumentó que la orden fue diseñada para ayudar a reducir el número de tiroteos en Nuevo México, al tiempo que pidió la ayuda del gobierno federal.
«Estos son actos repugnantes de violencia que no tienen lugar en nuestras comunidades», dijo Lujan Grisham el jueves, afirmando que el condado de Bernalillo necesitaba un «período de apaciguamiento» en medio de un aumento de los tiroteos. Ella también dijo que su estado debe utilizar el «poder de una [orden] de salud pública en un estado de emergencia para acceder a diferentes niveles, diferentes recursos y diferentes oportunidades para mantener a los nuevos mexicanos seguros.»
La orden estipulaba que los propietarios de armas seguirían pudiendo transportarlas a lugares privados, como un campo de tiro o una armería, si el arma está en un contenedor o tiene un seguro de gatillo o un mecanismo que imposibilite su descarga.
En la emisión de la orden, dijo que se vio obligada a actuar después de que un niño de 11 años fuera asesinado a tiros fuera del estadio de béisbol de las ligas menores, así como tras los disparos que causaron la muerte de una niña de 5 años.
Reacciones
Pero algunos funcionarios demócratas, alguaciles e incluso fiscales de distrito dijeron que no pueden hacer cumplir su orden.
El fiscal de distrito del condado de Bernalillo, Sam Bregman, quien alguna vez fue líder del partido demócrata y fue nombrado por Lujan Grisham, se unió el sábado al alcalde de Albuquerque, Tim Keller, y al jefe de policía Harold Medina, diciendo que no harían cumplir la orden.
Medina señaló que la policía de Albuquerque realizó más de 200 detenciones de sospechosos de asesinatos en los últimos dos años. El portavoz de la policía Gilbert Gallegos dijo que la aplicación de la orden también podría poner a la policía de Albuquerque en una posición difícil con un acuerdo de reforma policial del Departamento de Justicia de EE.UU..
«Como funcionario de la corte, no puedo y no voy a hacer cumplir algo que es claramente inconstitucional», dijo el Sr. Bregman, el fiscal superior en el área de Albuquerque. «Esta oficina seguirá centrándose en los delincuentes de cualquier edad que utilicen armas en la comisión de un delito».
Del mismo modo, el sheriff del condado de Bernalillo, John Allen, se mostró inquieto por la posible respuesta de los propietarios de armas. «Desconfío de colocar a mis ayudantes en posiciones que puedan dar lugar a conflictos de responsabilidad civil», dijo, «así como de los riesgos potenciales que supone prohibir a los ciudadanos respetuosos de la ley su derecho constitucional a la autodefensa.»
La orden de la oficina de la gobernadora también parecía ser tan extrema que incluso el prominente activista por el control de armas David Hogg reaccionó con críticas en una publicación en las redes sociales el sábado. «Apoyo la seguridad de las armas, pero no existe tal cosa como una excepción de emergencia de salud pública estatal en la Constitución de los Estados Unidos», escribió el Sr. Hogg.
El principal republicano en el Senado de Nuevo México, Greg Baca de Belén, también denunció la orden de la Sra. Lujan Grisham como una violación de los derechos de armas de los ciudadanos respetuosos de la ley. Dan Lewis, que forma parte del Consejo Municipal no partidista de Albuquerque, calificó la orden de edicto inconstitucional.
Expertos jurídicos han afirmado que la última sentencia de la Corte Suprema, de junio de 2022, amplió el derecho de los estadounidenses a portar armas de fuego fuera del hogar para defensa propia.
Con información de The Associated Press
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