Tres miembros republicanos de la Cámara de Representantes de Arizona exigen que la fiscal del condado de Maricopa investigue a los funcionarios de la ciudad de Phoenix que crearon una ordenanza por la que se donaban ilegalmente armas de fuego a Ucrania.
El presidente pro tempore de la Cámara de Representantes de Arizona, Travis Grantham, el presidente del Comité Judicial, Quang Nguyen, y la vicepresidenta, Selina Bliss, afirmaron que la alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego, y los miembros del ayuntamiento ignoraron las advertencias de que la donación de armas de fuego «violaba la ley estatal».
En una carta dirigida a la fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, los legisladores escribieron que «insisten en que investigue estas acciones sin precedentes por posibles violaciones penales» del Título 13 del código penal de Arizona.
«La alcaldesa y los miembros del consejo de la ciudad también deben ser plenamente responsables de facilitar los crímenes de otros a través de su transferencia ilegal de armas, incluyendo —pero no limitado a— delitos civiles domésticos, crímenes de guerra y crímenes organizados» bajo la ley estatal, escribieron los legisladores.
Poco después de que el Consejo aprobara la ordenanza, el Sr. Nguyen y la Sra. Bliss presentaron una solicitud SB 1487 ante la Fiscalía General, lo que desencadenó la investigación y la elaboración de un informe el 26 de septiembre.
En su dictamen jurídico escrito, la Sra. Kris Mayes concluyó que los funcionarios de la ciudad de Phoenix violaron intencionadamente la ley estatal al aprobar la ordenanza del 28 de junio, que dio lugar a la donación ilegal de 599 armas de fuego no reclamadas a la policía nacional de Ucrania.
Sin embargo, la fiscal general dijo que su decisión no reflejaba su opinión personal sobre las leyes estatales que rigen la política de eliminación de armas de fuego. Tampoco reflejaba su posición respecto a la intención de las acciones del ayuntamiento para ayudar a la Ucrania devastada por la guerra.
«Indiscutiblemente consciente» de la donación ilegal
La carta añadía que la ciudad «no abordó las supuestas violaciones estatutarias ni proporcionó de otro modo autoridad legal que apoyara su posición» para explicar cómo su ordenanza que autorizaba la donación de 599 armas de fuego no reclamadas a la policía nacional de Ucrania cumplía las leyes estatales.
«De hecho, la ciudad era indiscutiblemente consciente de esas leyes estatales y de la ilegalidad de la ordenanza ya el 3 de julio, cuando les alertamos de que la ordenanza es ilegal y exigimos su derogación inmediata».
«Tras esa investigación, la ciudad no tuvo más remedio que derogar su ordenanza en un plazo de 30 días o arriesgarse a perder los ingresos compartidos por el Estado», escribieron los tres legisladores republicanos.
El consejo derogó la ordenanza a finales de septiembre, aunque algunos miembros expresaron su decepción porque la ley estatal les prohibía actuar a nivel local con respecto a la eliminación de armas de fuego.
Los legisladores dijeron que el informe del fiscal general también señalaba que «ante la amenaza de una investigación, el abogado de la ciudad «reveló que la ciudad ya había completado la transferencia de las armas de fuego contempladas en la ordenanza y en el acuerdo» con un corredor internacional de Pensilvania.
«Sin inmutarse, cuando la ciudad se enteró de que la fiscal general no detendría su investigación basándose en estos hechos, la ciudad ‘anuló el acuerdo mediante notificación escrita e instó a la [fiscal general] a considerar que esta acción anulaba’ la investigación».
En su informe, la Sra. Mayes dijo que su papel en la investigación de las denuncias presentadas en virtud del SB 1487 no incluye «castigar las violaciones pasadas», sino alentar a las subdivisiones estatales a «subsanar las violaciones en curso» de la ley estatal.
«Responsabilidad penal»
«Ni el informe de la fiscal general ni la derogación de la ordenanza por parte de la ciudad eximen a la alcaldesa o a los miembros del consejo de la responsabilidad penal o civil por su mala conducta», escribieron los tres legisladores.
Aunque estamos de acuerdo con la conclusión jurídica final de la fiscal general de que la ordenanza viola inequívocamente la ley estatal, siguen existiendo importantes cuestiones jurídicas y fácticas sin resolver».
«Al día de hoy, la ciudad se ha negado a revelarnos la fecha en que enviaron ilegalmente las armas de fuego al extranjero».
«En una sociedad libre, es fundamental que nuestros funcionarios electos sigan el imperio de la ley, incluso cuando puedan estar en desacuerdo con la política subyacente de la ley».
El Sr. Nguyen dijo a The Epoch Times que la solicitud de una investigación del condado representa «el siguiente paso» para hacer frente a la conducta oficial que fue «no incidental [sino] deliberadamente, a sabiendas» violar la ley estatal.
«No es un ‘¡Uy! Lo sentimos. No lo sabíamos'», dijo.
La oficina de la alcaldesa Gallego y la fiscal del condado aún no han devuelto un correo electrónico en busca de comentarios de The Epoch Times.
Un portavoz de la Oficina del Fiscal General dijo a The Epoch Times: «La Oficina del Fiscal General no tiene comentarios adicionales que hacer sobre el asunto».
La ley estatal de Arizona limita la venta de armas de fuego no reclamadas a los distribuidores autorizados y permite a las ciudades y pueblos revenderlas transcurridos 30 días.
El valor de reventa estimado de las 599 armas de fuego, entre las que había pistolas semiautomáticas y rifles capaces de disparar munición utilizada por los militares, era de unos 350,000 dólares.
El Sr. Nguyen dijo que, a pesar de sus indagaciones, el paradero del alijo de armas de fuego sigue siendo desconocido.
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