La Legislatura de Arizona, controlada por los republicanos, se pronunció para quitarle poder a la secretaria de Estado, Katie Hobbs, en las demandas relacionadas con las elecciones, trasladándolo en cambio a la oficina del fiscal general.
La medida, que está contenida en un proyecto de ley de conciliación presupuestaria (pdf), busca impedir que Hobbs, una demócrata, desempeñe un papel en las demandas relacionadas con las normas electorales del estado, mientras que da a la oficina del fiscal general «autoridad exclusiva» para defender las leyes electorales de Arizona. El proyecto de ley se dirige ahora a la mesa del gobernador Doug Ducey, quien no ha manifestado alguna oposición.
Es «necesario para asegurar la fiel defensa de las leyes de integridad electoral del Estado y para eliminar la confusión creada por la secretaria de Estado sobre quién puede hablar en nombre de Arizona en los tribunales», dijo Katie Conner, portavoz del fiscal general republicano Mark Brnovich, al Arizona Mirror, al referirse al proyecto de ley que reduce el poder de Hobbs. Su oficina también acusó a Hobbs de presentar «quejas del colegio de abogados por motivos políticos contra» los abogados de su oficina para «atacar su posición profesional y su reputación».
El texto aprobado la noche del 24 de junio dice que el «fiscal general tiene autoridad exclusiva en todos los litigios electorales para dirigir la defensa de las leyes electorales, para apelar o solicitar cualquier decisión y para intervenir en nombre de este estado en cualquier etapa» hasta el 2 de enero de 2023, que es cuando termina el mandato de Hobbs.
El proyecto de ley también prohibe a la oficina del fiscal general proporcionar asesoramiento jurídico o representar a la secretaria de Estado. Ella tampoco puede utilizar fondos públicos para contratar abogados relacionados con los litigios electorales y la limita a contratar un asesor legal a tiempo completo.
Hobbs, que con frecuencia criticó la auditoría en curso de los resultados electorales de 2020 en el condado de Maricopa, reclamó la aprobación del proyecto de ley el fin de semana y acusó a los republicanos de tomar represalias contra ella «porque no les gustó el resultado de las elecciones presidenciales», según una declaración emitida por su oficina.
Los demócratas en la legislatura replicaron su declaración y la senadora estatal Lisa Otondo calificó el proyecto de ley como una «toma de poder».
«Realmente yo creo que esto no tiene que ver con las normas, sino con la política», dijo Otondo la semana pasada durante una audiencia del Comité de Apropiación del Senado.
Por su parte los republicanos afirmaron la semana pasada que la medida de Hobbs sobre presentar una denuncia ante el colegio de abogados (pdf) contra Brnovich y otros abogados de alto nivel de su oficina había cruzado la línea. En una queja presentada el año pasado, Hobbs alegó que Brnovich y sus abogados violaron las normas de conducta ética en relación con varios casos de derecho electoral en los que el fiscal general representó a la oficina de la secretaria de Estado.
«No sé qué es más político que la secretaria de Estado presente cargos en el colegio de abogados contra todo el escalafón superior de la Oficina del Fiscal General», dijo el senador estatal Vince Leach, un republicano, según el medio Arizona Mirror. «Yo diría que el ataque sin precedentes contra nuestro fiscal general, el primer fiscal adjunto y muchos abogados de alto nivel es improcedente».
Hobbs es actualmente candidata a gobernadora de Arizona, mientras que Brnovich es candidato al Senado.
The Epoch Times se puso en contacto con la oficina de Hobbs y la de Brnovich para obtener más comentarios.
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