Los legisladores del Partido Republicano presentaron el jueves un proyecto de ley que restringiría la financiación federal a las jurisdicciones estadounidenses que no apoyan el estado de derecho.
La «Ley de Responsabilidad de Ciudades sin Ley», cuyo principal patrocinador es el representante Matt Rosendale (R-Mont.), sostiene que si las jurisdicciones no hacen cumplir el estado de derecho y no protegen a los residentes, no deben tener acceso a la financiación federal.
La propuesta de ley se basa en un memorando que emitió el expresidente Donald Trump a principios de septiembre de 2020, tras meses de protestas violentas en múltiples ciudades estadounidenses. En él se ordenó la revisión de la financiación federal a determinados gobiernos estatales y locales que «permitían la anarquía, la violencia y la destrucción en las ciudades estadounidenses», tras la muerte de George Floyd en Minnesota.
En febrero, el presidente Joe Biden revocó el memorando.
El último proyecto de ley respaldado por el Partido Republicano, presentado durante la Semana Nacional de la Policía, revocaría la financiación federal a las jurisdicciones estatales o locales consideradas por el fiscal general como «sin ley».
El término, según un comunicado de la oficina de Rosendale, se refiere a las jurisdicciones que: prohíben a las fuerzas policiales intervenir en medio de la violencia o la destrucción generalizada o sostenida, retiran la protección de las fuerzas de seguridad de una determinada zona a la que tienen derecho a acceder legalmente, desfinancian o desautorizan a las fuerzas de seguridad, y/o se niegan a aceptar la ayuda federal de las fuerzas de seguridad en medio de la violencia o la destrucción generalizada.
«Es obvio lo importante que es la labor policial para mantener las comunidades y la seguridad de sus ciudadanos», dijo Rosendale en un comunicado. «Las ciudades que decidieron retirar la financiación a sus departamentos de policía han sufrido un gran aumento de los delitos violentos perpetrados, poniendo en peligro a los estadounidenses».
«No se deben dar fondos federales a las ciudades que siguen fomentando los disturbios criminales y la anarquía. No podemos permitir que estas jurisdicciones pongan en peligro los progresos que hemos hecho como nación para luchar contra la delincuencia», añadió.
El representante Alex Mooney (R-W.Va.), copatrocinador del proyecto de ley, dijo en un comunicado que el dinero de los contribuyentes «no debe proporcionarse a las ciudades que desfinancian a su policía y no les permiten hacer su trabajo».
«Debemos defender el estado de derecho en Estados Unidos. Esto incluye empoderar a nuestros oficiales de policía y a las agencias de seguridad para mantener la ley y el orden en nuestras comunidades», dijo Mooney.
Otros nueve legisladores republicanos firmaron como copatrocinadores originales del proyecto de ley: los representantes Ralph Norman ( R-S.C.), Brian Babin ( R-Texas), Ted Budd (R-N.C.), Bob Good (R-Va.), Jeff Duncan (R-S.C.), Dan Bishop (R-N.C.), Lauren Boebert (R-Col.), Scott Perry (R-Pa.), y Chip Roy (R-Texas).
«A lo largo de 2020, hemos sido testigos de cómo los anarquistas salían a la calle y destruían monumentos históricos, vandalizaban y quemaban pequeños negocios y acosaban a estadounidenses normales que simplemente disfrutaban de una cena al aire libre», dijo el representante Budd en una declaración. «El hecho de que esta actividad continúe y sea tolerada por las ciudades gobernadas por los demócratas es indignante y un insulto para todos los ciudadanos respetuosos de la ley de nuestro país. Este tipo de violencia no tiene cabida en Estados Unidos. Tenemos que quitar la financiación federal a las ciudades que se niegan a enfrentarse a esta anarquía en sus comunidades”.
El representante Babin dijo que los líderes habían «optado repetidas veces por abandonar la aplicación de la ley y doblar la rodilla ante la izquierda radical» en 2020, que vio cómo la violencia y la delincuencia en múltiples ciudades de Estados Unidos no disminuían.
«Mantener a los ciudadanos seguros debería ser la principal prioridad de cada funcionario electo», dijo Babin. «Los funcionarios de la ciudad que voluntariamente ignoran el estado de derecho, luchan para desfinanciar a la policía y permiten que el caos reine supremo, no deberían recibir fondos federales, simple y llanamente».
La oficina de Rosendale dijo que el hecho de que las ciudades no apliquen la ley «tiene graves consecuencias y cuesta vidas», citando un aumento de alrededor del 33 por ciento en los homicidios en las principales ciudades de Estados Unidos en 2020.
El Departamento de Justicia bajo la administración de Trump etiquetó, a fines de septiembre de 2020, a las tres ciudades de Portland, Seattle y Nueva York como «jurisdicciones anarquistas» que podrían ver retenida su financiación federal. Las ciudades registraron un aumento drástico de los crímenes violentos en los meses anteriores y recortaron la financiación de sus departamentos de policía.
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