La Legislatura del Estado de California aprobó un controvertido proyecto de ley el 30 de agosto para despenalizar las muertes fetales e infantiles que se consideran «pérdidas de embarazo» potencialmente hasta varios días después del nacimiento, incluidos los bebés muertos por el uso de drogas. Los opositores de la legislatura dicen que el lenguaje usado podría despenalizar el infanticidio y todas las formas de aborto a pesar de las varias enmiendas que se realizaron a principios de este año.
El gobernador Gavin Newsom tiene hasta fines de septiembre para vetar el proyecto de ley o promulgar la ley.
El proyecto de ley 2223 de la Asamblea, escrito por la asambleísta Buffy Wicks (D-Oakland), elimina las sanciones civiles y penales por “el resultado real, potencial o presunto del embarazo, incluido el aborto espontáneo, nacimientos sin vida o el aborto o muerte perinatal debido a causas que ocurrieron en el útero” basado en “acciones y omisiones” de la madre o su proveedor médico, según el texto del proyecto de ley.
“Nadie debería enfrentar una investigación, arresto o enjuiciamiento en medio de su dolor por algo que sucedió durante su embarazo”, escribió Wicks en Twitter en abril.
Algunos médicos dijeron que la falta de una definición clara es peligrosa porque es difícil determinar si un caso de “muerte perinatal” es el tipo correcto de muerte fetal o infantil que el autor del proyecto de ley espera proteger del enjuiciamiento penal.
“La mayoría de las muertes perinatales realmente no tienen una etiología [causa]”, dijo el Dr. Vance Wong, obstetra y ginecólogo de 31 años en Sacramento, dirigiéndose a los legisladores en la audiencia del Comité de Salud de la Asamblea en abril. “Sí, puede haber algunas explicaciones, pero la mayoría de estas muertes perinatales son, por lo tanto, desconocidas, y ¿cómo clasificarlas como tales?”.
Lisa Matsubara, consejera general de políticas de Planned Parenthood Affiliates of California, una de las copatrocinadoras del proyecto de ley, escribió en Twitter después de la aprobación del proyecto de ley que “no hay nada controvertido en no enjuiciar a las personas por los resultados de sus embarazos”.
Según la legislación, el forense ya no estaría obligado a investigar la muerte de un bebé no nacido o recién nacido, después de 20 semanas de embarazo, como resultado de “sospecha de aborto autoinducido o criminal”, de acuerdo al texto del proyecto de ley.
Aunque el médico forense podría todavía investigar esos casos, el proyecto de ley prohibiría el uso de las declaraciones del médico forense en los certificados de defunción para establecer, iniciar o respaldar un proceso penal o civil contra la madre, o cualquier persona que contribuyó a la muerte con el consentimiento de ella, de acuerdo con el texto de legislatura.
También permitiría a las mujeres demandar a los funcionarios estatales cuando se les niegue su derecho al aborto definido bajo la Ley de Privacidad Reproductiva del estado, y reclamar daños civiles.
Cuando Wicks lo presentó en abril, cientos de manifestantes se manifestaron en contra del proyecto de ley, expresando su preocupación de que conduciría a menos investigaciones sobre muertes fetales e infantiles sospechosas o incluso a la legalización del infanticidio.
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de ley es la falta de definición de “muerte perinatal”.
“En ausencia de una definición en el proyecto de ley, ciertamente parece que la intención de esta legislación es legalizar el abandono de niños (o algo peor) en las primeras semanas después del nacimiento”, declaró el 25 de agosto la organización provida sin fines de lucro Americans United for Life en un análisis de proyecto de ley en la sala de la asamblea.
Aunque la versión actual del proyecto de ley no define «perinatal», comúnmente implica el período de tiempo entre las 22 semanas de embarazo y los siete días después del nacimiento, según un análisis del proyecto de ley realizado en abril por el Comité Judicial de la Asamblea.
Al abordar las preocupaciones sobre si el proyecto de ley legalizaría el infanticidio, el lenguaje del proyecto de ley pasó por varias enmiendas y ahora, desde mayo, solo se aplica a la pérdida perinatal «debido a causas que ocurrieron en el útero», según el texto del proyecto de ley.
La Conferencia Católica de California eliminó su oposición y permanece neutral sobre la legislación después de que se modificó esa parte de la legislatura.
“Este cambio definitivamente cierra la puerta a las posibles consecuencias no deseadas de permitir la muerte de bebés debido a abuso, negligencia o abandono, aliviando las preocupaciones que la [Conferencia Católica] llevó para que fueran atendidas por el autor”, dijo la directora ejecutiva, Kathleen Domingo, en una declaración.
Por su parte algunos legisladores dijeron que es difícil determinar si la muerte de un feto o un bebé es una “muerte perinatal” debido a causas que ocurrieron en el útero.
La senadora Melissa Melendez (R-Lake Elsinore) dijo en una audiencia del Comité de Salud del Senado en junio que “es difícil probar que [la muerte de un bebé] fue causada en el útero. Eso ya es ciencia establecida”.
“Entonces, ¿cómo le asegura a la gente que los bebés que nacen vivos, o los bebés que son inducidos a una edad viable y luego mueren porque se descuida su cuidado [están legalmente protegidos]?”, preguntó Melendez a Wicks.
Wicks no respondió la pregunta y la remitió a los abogados y médicos de los copatrocinadores del proyecto de ley, incluida la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y Planned Parenthood.
“Yo no soy médico ni abogado”, dijo Wick.
Aunque el asambleista indicó en varias audiencias que el proyecto de ley tiene como objetivo principal prevenir los procesos penales contra las mujeres que sufren muertes fetales causadas por la adicción a las drogas, los críticos dijeron que su lenguaje va mucho más allá de esta categoría.
Greg Burt, portavoz del California Family Council, una organización provida sin fines de lucro, dijo a The Epoch Times que “no habrá formas ilegales de aborto” bajo esta legislación porque permite la investigación pero evita el enjuiciamiento penal basado en —de acuerdo al texto del proyecto de ley— la conducta de una mujer embarazada “acciones u omisiones” con respecto a su “embarazo o (…) resultado del embarazo”.
“Entonces, sin la capacidad de castigar, uno está despenalizando algo”, agregó Burt. “[El estándar de viabilidad se convierte en] una ley sin dientes”.
La ley de California actualmente prohíbe el aborto después de que el feto alcanza la viabilidad o se vuelve capaz de sobrevivir fuera del útero, a menos que la vida o la salud de la madre estén en riesgo.
Según Burt, la muerte de un feto viable causado por drogas o píldoras abortivas, o un bebé nacido vivo que luego muere después de un aborto químico fallido, podría protegerse de la responsabilidad penal gracias al proyecto de ley, que ya no requiere que la «sospecha de aborto autoinducido o aborto criminal” sea investigada.
“Todo lo que la mujer tiene que decir es que este bebé nació muerto. Además cuando ella dijo que nació muerto, los oficiales ahora pueden ser demandados si ellos investigan. ¿Cierto?», señaló a continuación.
En enero, el fiscal general de California, Rob Bonta, emitió una alerta legal notificando a las fuerzas del orden público que, según su interpretación de la ley estatal actual, las mujeres no deben ser procesadas por pérdida del embarazo, independientemente de sus propias acciones.
“La pérdida de un embarazo en cualquier etapa es una experiencia traumática física y emocional que no debe ser exacerbada por la amenaza de ser acusada de asesinato”, dijo Bonta.
En mayo, el fiscal de distrito del condado de Kings retiró los cargos contra una mujer que presuntamente había causado la muerte de su feto a través del uso de drogas.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
