La Ley Alexandra entra en vigor el 18 de diciembre como parte de la legislación antidroga la Proposición 36, que exige que los condenados por traficar con fentanilo sean advertidos por un juez sobre las consecuencias y penas más duras a las cuales podrían enfrentarse si distribuyen fentanilo o sus análogos y causan la muerte de una persona.
Matt Capelouto y su familia luchan en memoria de su hija Alexandra, para ayudar a proteger las vidas de otros luego que su hija fuera envenenada por una píldora farmacéutica falsificada mezclada con fentanilo hace cinco años, en diciembre de 2019.
Para combatir la crisis de fentanilo del estado, Capelouto fundó Stop Drug Homicides, una organización sin fines de lucro para ayudar a evitar que otros pierdan a sus hijos a causa de la crisis de drogas de California.
La familia también apoyó la Proposición 36, una medida electoral aprobada por los votantes de California en las elecciones primarias del 5 de noviembre. La proposición aumenta las penas para los reincidentes en ciertos delitos relacionados con drogas y robos y también incluye el texto de la Ley Alexandra.
Incluso tras la aprobación de la Proposición 36, Capelouto planea proseguir con su lucha abogando por una legislación más fuerte, al tiempo que sensibiliza sobre los riesgos que plantea el fentanilo, dijo.
El gobernador de California, Gavin Newsom, se encontraba entre los opositores a la Proposición 36, argumentando que el proyecto de ley costaría millones de dólares al Estado debido a las elevadas tasas de encarcelamiento que podría provocar.
Llevó años aprobar la Ley Alexandra, con repetidos intentos fallidos de los legisladores en la Asamblea Legislativa. Tanto representantes demócratas como republicanos presentaron propuestas desde 2020. Los proyectos de ley fueron rechazados por los comités de seguridad pública del Senado y la Asamblea.
A nivel federal, el representante Darrell Issa (R-CA) presentó la Ley Alexandra en HR 6671 en diciembre de 2023. La legislación está a la espera de una audiencia en el Subcomité de Salud de la Cámara de Representantes.
Alexandra Capelouto, una estudiante de sociología de 20 años de la Universidad Estatal de Arizona, consumió la mitad de una pastilla que pensó, era Percocet, pero esta contenía una dosis letal de fentanilo.
Compró 11 pastillas en total a través de Snapchat desde una cuenta controlada por Brandon Michael McDowell, que también tenía 20 años en ese momento y es del condado de Riverside. Las autoridades federales detuvieron a McDowell y este se declaró culpable en julio de 2022 de vender el fentanilo que causó la muerte de Alexandra. Enfrentaba hasta 20 años de prisión y recibió nueve años.
La familia Capelouto interpuso una demanda civil contra McDowell a finales de 2021. Buscaban una indemnización por daños y perjuicios permitida por la Ley de Responsabilidad de los traficantes de droga del estado, que la Legislatura aprobó en 2009.
La familia solicitó más de 5 millones de dólares, incluidos 4 millones de dólares en daños generales, 1 millón de dólares en daños punitivos, 25,000 dólares en gastos funerarios y 735 dólares en gastos legales.
La corte dio la razón a Capelouto en diciembre de 2023, citando negligencia «intencional… voluntaria y maliciosa» de McDowell cuyo resultado fue fatal.
Cuando McDowell se declaró en quiebra en diciembre de 2022, Capelouto y su abogado lo calificaron de intento de eludir la sentencia y la combatieron en la corte de quiebras.
Una corte federal de quiebras de California dictaminó el 18 de septiembre que McDowell es responsable del importe total de la sentencia más los intereses, un total de unos 5.8 millones de dólares.
Capelouto no está seguro de recibir dinero de la sentencia. Dice que no es una prioridad. En cambio, se conforma con haber sentado un precedente para que otros puedan cobrar en el futuro. Después que McDowell cumpla su condena de nueve años de prisión, la familia Capelouto podría embargar su salario y cualquier propiedad que adquiera por compra o herencia.
Baruch Cohen, abogado de los Capelouto durante el litigio por quiebra, apoyó la sentencia.
«Las acciones deliberadas del acusado no sólo robaron el futuro de Alexandra, sino que también privaron a sus padres de su amada hija», dijo Cohen en su moción de sentencia. «Ninguna compensación monetaria podrá compensar verdaderamente esta profunda pérdida. Si bien ningún recurso legal puede curar por completo las heridas de esta trágica muerte por negligencia, afirmar la imposibilidad de cancelar esta deuda… enviará un mensaje contundente de que la crueldad intencional de McDowell no quedará impune».
Cohen dijo que el fallo garantiza que otros criminales no utilicen las protecciones de la bancarrota para evitar la responsabilidad fiscal.
«Esto tiene bastante impacto. Este es el disparo que se escuchará en todo el mundo», dijo Cohen a The Epoch Times el 24 de septiembre. «En la medida en que los traficantes de drogas piensen que pueden volver a salirse con la suya asesinando, deberán pensarlo dos veces. Ahora existe el precedente de que serán considerados responsables civilmente».
Con información de Travis Gillmore.
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