«No podemos permitir que la República Popular China y las empresas vinculadas a ella continúen explotando a los países africanos», afirma el representante Colin Allred.
Un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Representantes presentó un nuevo proyecto de ley que pretende contrarrestar las actividades malignas de la China comunista en África.
Los congresistas Young Kim (R-Calif.) y Colin Allred (D-Texas), ambos miembros de la Subcomisión de Asuntos Exteriores para África de la Cámara de Representantes, afirmaron que las actividades de China en África, en particular las realizadas en el marco del programa de inversión extranjera de Beijing, Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI por sus siglas en inglés), causan efectos nocivos en el medio ambiente, la ecología y la salud pública del continente, según un comunicado de prensa emitido el 5 de agosto.
«La Iniciativa de ‘La franja y la ruta’ de la RPC coacciona a los países en desarrollo para que caigan en la diplomática trampa de la deuda de Xi Jinping, pero también expone a las poblaciones vulnerables a riesgos ecológicos, medioambientales y de salud pública perjudiciales», afirmó Kim en un comunicado, en referencia a las siglas del nombre oficial de la China comunista, República Popular China.
«No podemos permitir que Xi Jinping se salga con la suya aumentando su poder global y violando las leyes medioambientales y laborales internacionales en el proceso», afirmó.
Anunciada por el Partido Comunista Chino (PCCh) en 2013, la BRI pretende construir redes comerciales terrestres y marítimas centradas en Beijing mediante la financiación de proyectos de infraestructuras en todo el Sudeste Asiático, África, Europa y América Latina. Según los datos oficiales de China, muchos países africanos participan en la BRI, entre ellos Sudáfrica, Gambia, Uganda, Senegal, Ghana, Mozambique, la República Democrática del Congo y Etiopía.
La legislación, Stopping PRC Environmental Exploitation and Degradation (SPEED) Act, (H.R. 9265), establecería que la política de Estados Unidos es oponerse a las acciones de las entidades vinculadas a China que no respeten las leyes del país anfitrión, las leyes internacionales de protección del medio ambiente y las leyes laborales en su explotación de los recursos naturales en África.
«Me enorgullece liderar la Ley SPEED para contrarrestar la Iniciativa de la Franja y la Ruta y exigir responsabilidades a la República Popular China por sus prácticas explotadoras, su deliberada degradación medioambiental y su amenaza a los medios de subsistencia de las comunidades africanas», declaró Kim.
Si se promulga, la ley también exigirá al secretario de Estado y al administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que presenten al Congreso una estrategia sobre cómo Estados Unidos trabajará con los países africanos para «desarrollar estrategias de mitigación del impacto medioambiental negativo» causado por las empresas chinas, según el texto del proyecto de ley.
Además, la legislación autorizaría al presidente a imponer sanciones a las entidades vinculadas a China responsables de incidentes medioambientales, ecológicos o de salud pública adversos en África.
«No podemos permitir que la República Popular China y las empresas vinculadas a China continúen su explotación de las naciones africanas mientras someten a sus pueblos a riesgos ecológicos y de salud pública perjudiciales», dijo Allred en un comunicado.
La legislación hacía referencia a un informe del Departamento de Estado titulado «Abusos medioambientales de China» publicado durante la administración Trump. En el informe, calificaba los proyectos de la BRI de «no tan verdes».
«En los últimos años, los proyectos respaldados por China en varios continentes, desplazaron poblaciones locales, afectando negativamente la calidad del agua, contaminando las tierras adyacentes y estropeando ecosistemas frágiles», se lee en el informe.
«Un estudio publicado en Nature Sustainability sugería que los proyectos de BRI pueden provocar una «degradación medioambiental permanente» debido a daños medioambientales por contaminación, pérdida de hábitats y mortalidad de la fauna, entre otros».
El proyecto también documenta incidentes medioambientales, ecológicos y de salud pública adversos en Etiopía, Gambia, Ghana y la República Democrática del Congo.
En 2021, las comunidades locales del Congo acusaron a una empresa minera china de contaminar el río Aruwimi, afluente del río Congo. «Los lugareños denunciaron que el agua se encontraba descolorida por el vertido de residuos. El incidente provocó un aumento de las enfermedades, y empezaron a flotar peces muertos en el río, que los lugareños consumieron», se lee en el proyecto de ley.
En Gambia, fábricas de procesamiento de harina de pescado propiedad parcial o total de inversores chinos fueron acusadas de cometer prácticas pesqueras ilegales y no declaradas y de verter residuos no tratados en las vías fluviales desde 2016, según el proyecto de ley.
Una planta china de gas natural en la región somalí de Etiopía fue acusada de envenenar el agua potable con sus residuos químicos peligrosos, causando presuntamente más de 2000 muertes, según el texto de la legislación.
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