Más de una veintena de organizaciones sociales de El Salvador advirtieron este sábado que el proyecto de ley de agentes extranjeros promovido por el presidente Nayib Bukele puede generar una «vulneración de la libertad de asociación y de expresión».
La iniciativa impulsada por Bukele establece la creación de un registro de organizaciones o personas cuyas actividades en El Salvador «respondan o sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero», según el texto del proyecto de ley.
El documento explica que el objetivo es que «los ciudadanos conozcan los agentes extranjeros destinados a influir en la opinión pública» y establece para la financiación de estos agentes un impuesto del 40 %.
Al respecto, una veintena de organizaciones sociales indicaron este sábado en un comunicado que «el eventual cierre de espacios de participación cívica constituirá nuevas formas de vulneración de la libertad de asociación y de expresión, tan necesarias en un Gobierno que se precie y se dice democrático».
«La afectación será para las numerosas personas beneficiarias o destinatarias del trabajo que las entidades sin fines de lucro realizamos con fondos de la cooperación solidaria», agrega la nota.
El ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, ha defendido el proyecto de ley de agentes extranjeros al asegurar que es para «garantizar la soberanía nacional».
Pero, a juicio de las organizaciones humanitarias, el proyecto de ley es «muy confuso, ambiguo y abierto a cualquier interpretación, además de otorgar facultades reglamentarias amplias», por lo que «se corre el riesgo de que la aplicación de la misma sea discrecional y arbitraria».
Por ello, las organizaciones llamaron al Ejecutivo de Bukele a que «sea respetuoso al disenso, promueva el diálogo y la participación ciudadana».
Las organizaciones que emitieron el comunicado trabajan en áreas sociales, ambientalistas, de juventudes, de mujeres y de derechos humanos.
Entre estas se encuentran la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Tutela Legal «María Julia Hernández».
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) se pronunció también sobre la iniciativa y advirtió que es un intento para aplicar una ley «mordaza», dado que «incluye disposiciones que justificarían el control abusivo de las autoridades sobre el material informativo».
El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, también afirmó recientemente que esta propuesta de ley busca «silenciar a voces críticas».
«En regímenes autoritarios como Rusia y Nicaragua este tipo de legislación es usual y ha sido usada para sofocar a la prensa y sociedad civil», publicó Vivanco en Twitter.
La propuesta fue enviada por el presidente Bukele pocos días después de señalar a Estados Unidos de financiar a organizaciones sociales que a su juicio son la «oposición política».
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