La ley Especial de Ciberdelitos, que entró en vigencia este miércoles en Nicaragua, «viene a reprimir la libertad de expresión y de prensa», advirtió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que calificó esa norma de «perversa».
Según el Cenidh, esa controvertida ley también viene «a ejercer vigilancia y control absoluto de redes sociales, plataformas digitales, perfiles en línea de activistas políticos, defensores de derechos humanos, y toda la población en general que se atreva a oponerse a las políticas gubernamentales».
«Esta ley perversa claramente pretende condenar formatos legítimos de expresión, asociación y reuniones en línea mediante el uso de términos vagos e indefinidos que se pueden aplicar de manera arbitraria o discrecional para producir incertidumbre legal», señaló esa ONG, al que el Ejecutivo, con votos de los diputados sandinistas en el Parlamento, despojaron de su personalidad jurídica.
El Cenidh advirtió, además, que esa ley «le otorga un poder más amplio al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo (Telcor) a fin de que puedan bloquear sitios de internet que las autoridades consideren peligrosos».
«O incluso para bloquear redes, aplicaciones y servicios enteros que facilitan el acceso e intercambio de información en línea», añadió.
La ley atenta contra defensa de DD.HH.
Asimismo, advirtió que «esta ley atenta también contra el derecho a defender los derechos humanos», aun cuando la denuncia pública es un mecanismo de defensa de los derechos humanos.
Por tanto, el Cenidh exhortó a la población a impulsar «todas las acciones que garanticen la libertad de expresión».
También respaldó el posicionamiento del movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) que, entre otros, hizo un llamado a la comunidad internacional «para que respalde al pueblo de Nicaragua en su lucha por vencer la censura».
En la víspera, el PCIN comparó esa ley, a la que ha bautizado como «ley mordaza», «con un fusil apuntando a la cabeza» de los periodistas.
El PCIN expresó su rechazo y condena a esa ley que, según el gremio periodístico independiente, amenaza la libertad de prensa, «criminaliza» al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.
La ley de ciberdelitos, aprobada el 27 de octubre pasado por la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional (Parlamento), plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.
La ley establece penas de uno a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la «seguridad del Estado».
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