Un proyecto de ley presentado recientemente por un republicano de la Cámara busca proteger a los bancos comunitarios de una disposición dañina en la Ley Dodd-Frank de 2010.
La Ley para hacer que el CFPB sea responsable ante las pequeñas empresas busca derogar la Sección 1071 de la Ley Dodd-Frank que requiere que los prestamistas recopilen e informen 12 datos al procesar solicitudes de crédito de pequeñas empresas, empresas propiedad de mujeres y empresas propiedad de minorías, según un comunicado de prensa del 20 de julio del representante Scott Fitzgerald (R-Wisconsin) quien presentó el proyecto de ley.
En septiembre de 2021, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) propuso una regla que implementa la Sección 1071 que, según afirma, ayudará al gobierno a comprender las barreras que impiden que las pequeñas empresas prosperen más.
Sin embargo, Fitzgerald criticó a la CFPB por abusar de su autoridad e impulsar una agenda política que perjudica a las pequeñas empresas.
En declaraciones a Fox News, Fitzgerald reveló que las instituciones financieras locales y pequeñas le han informado que están preocupadas por la regla.
«Es un exceso de regulación a las instituciones financieras, y por eso están tan preocupados», dijo. «Esta norma básicamente obligaría a los bancos comunitarios y a las cooperativas de crédito a recopilar y comunicar datos que mucha gente consideraría algo sensibles».
Uno de los propósitos legales de los datos recopilados es garantizar que se sigan prácticas justas de préstamo.
Pero dado que cada prestatario y préstamo de pequeña empresa es único, se vuelve casi imposible comparar los términos de estos préstamos para determinar si las prácticas crediticias son justas, según el comunicado de prensa.
El miedo a infringir los requisitos justos de préstamo puede obligar a los bancos a proporcionar solo préstamos homogeneizados, lo que impide la personalización de los préstamos según las necesidades del cliente.
La «agenda woke» de la administración Biden ha llegado para los bancos comunitarios y las cooperativas de crédito, dijo Fitzgerald, mientras culpaba al gobierno por regular en exceso la industria bancaria «en nombre de la equidad». Esto está exprimiendo a los prestamistas comunitarios que no están en condiciones de soportar los costes financieros que conlleva el incumplimiento de estas regulaciones desbordadas, advirtió.
La legislación propuesta pretende hacer que la CFPB presuma la necesidad de «adaptar las regulaciones en función del tamaño y la sofisticación» durante las revisiones de los paneles en virtud de la Ley de Equidad en la Aplicación de la Regulación de las Pequeñas Empresas (SBREFA). La SBREFA, promulgada en 1996, fue diseñada para ayudar a las pequeñas empresas a entender y cumplir con las regulaciones, así como para darles más voz durante el desarrollo de nuevas regulaciones.
Estresando a los bancos
En una entrevista con Fox News, un portavoz de la CFPB dijo que la regla de préstamos para pequeñas empresas «no es una creación de reglas discrecional». La agencia está bajo un “mandato del Congreso” para imponer la Sección 1071, cuya implementación está sujeta a disposiciones judiciales. Espera finalizar la regla para marzo de 2023.
En la actualidad, la CFPB aún debe implementar la regla y está revisando los comentarios presentados por las partes interesadas. Un banco en Minnesota, ONB Bank, emitió un comentario en noviembre que dice que los bancos comunitarios están siendo “expulsados del mercado”. Estados Unidos está perdiendo dos bancos cada tres días, lo que obliga a las personas y empresas a depender más de los grandes bancos para obtener fondos.
“Esta adición continua de carga regulatoria sobre los bancos comunitarios, sin las reducciones correspondientes para compensar, acelerará el ritmo de la consolidación bancaria, lo que perjudica a los consumidores, las mismas personas que está tratando de proteger”, dijo ONB Bank, según Fox News.
La Asociación de Banqueros de Wisconsin (WBA), la Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (CUNA), la Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito con Seguro Federal (NAFCU) y los Banqueros Comunitarios Independientes de América (ICBA) han extendido su apoyo al proyecto de ley de Fitzgerald.
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