Los legisladores republicanos han presentado un proyecto de ley que busca fortalecer la integridad electoral y aumentar la confianza de los votantes en las elecciones estadounidenses mediante la implementación de medidas como exigir la identificación del votante en algunos casos y garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses puedan votar en las elecciones federales.
El presidente del Comité de Administración de la Cámara de Representantes, Bryan Steil (R-Wis.), presentó el lunes la Ley de Confianza Estadounidense en las Elecciones (ACE).
La legislación «hace el mayor esfuerzo legislativo en una generación para proteger el discurso político en un clima en el que los demócratas están haciendo todo lo que está a su alcance para imponer una ‘verdad’ y silenciar las voces conservadoras», afirma el resumen del proyecto de ley.
El proyecto de ley deja en claro que es un delito grave que un no ciudadano vote en una elección federal y solicita al Departamento de Seguridad Nacional, a la Administración del Seguro Social y a otras agencias federales pertinentes que proporcionen datos de votantes a los estados sin costo para que los no ciudadanos y los votantes fallecidos puedan ser eliminados de las listas de votantes.
Los estados estarían facultados para eliminar a los no ciudadanos de las listas de votantes de inmediato sin un período de moratoria.
Los estados que permiten que los no ciudadanos voten en las elecciones estatales y locales tendrían que mantener papeletas separadas para esas contiendas en caso de que coincidan con una elección federal, pero también recibirían un 30 por ciento menos de fondos federales para gastos electorales bajo la Ley Help America Vote (HAVA).
La Ley ACE modernizaría el requisito de identificación de votantes por correo por primera vez en HAVA. Todos los votantes primerizos que no se registraron en persona en su oficina electoral local o a través de una agencia estatal de registro de votantes deberán proporcionar una identificación cuando voten.
El proyecto de ley requeriría que ciertos votantes que soliciten una boleta por correo también proporcionen una identificación. También reformaría la Ley REAL ID para garantizar que la ciudadanía estadounidense esté impresa en todos los documentos de identificación de los votantes calificados después del 1 de enero de 2026.
Según el proyecto de ley, la Junta de Gobernanza de la Desinformación del DHS también sería cancelada oficialmente y se prohibiría cualquier entidad similar en el futuro.
“Reformas de sentido común”
La Ley ACE se basa en tres hallazgos clave: 1) Que los estados tienen el papel principal en establecer la ley electoral y administrar las elecciones, 2) Que todos los votantes estadounidenses elegibles deben poder votar y todos los votos legales deben contarse, y 3) Que el discurso político es un discurso protegido y todas las voces deben ser protegidas, establece el resumen del proyecto de ley.
El representante Joe Morelle (D-N.Y.), miembro de alto rango del Comité de Administración de la Cámara, criticó fuertemente el proyecto de ley.
“Esta legislación está diseñada para apaciguar a los negadores extremistas de las elecciones que han pasado los últimos cuatro años atacando nuestra democracia”, dijo Morelle en un comunicado el domingo.
“Restringiría el derecho fundamental a votar, especialmente para los votantes de color, pondría en peligro la seguridad de nuestras elecciones, sobrecargaría a los administradores electorales locales y traería más dinero oscuro a nuestro proceso electoral, abriendo la puerta a la corrupción”, continuó. “Es antiestadounidense”.
Sin embargo, los partidarios de la integridad electoral dieron la bienvenida a la Ley ACE.
“Las reformas de sentido común en #ACEAct ayudarán a los estados a mantener actualizados los roles de los votantes, garantizar que solo los ciudadanos voten, combatir la cosecha de votos y evitar que el dinero federal y privado se entrometa en nuestras elecciones”, dijo el representante Barry Loudermilk (R-Ga.) en un tuit del 11 de julio.
Garland Favorito, cofundador de VoterGA, una organización sin fines de lucro dedicada a la integridad electoral, anunció que su organización respalda la Ley ACE.
“Una vez que el proyecto de Ley ACE se convierta en ley, los estadounidenses ya no se verán obligados a sufrir elecciones no verificables y contadas en secreto que dividen al país porque nadie sabe realmente quién ganó. Eso ayudará a restaurar la confianza estadounidense”, dijo en un comunicado.
Protección al discurso y a la transparencia electoral
La Ley ACE busca proteger el discurso político y limitar la extralimitación gubernamental en tales asuntos.
“Revoca el requisito de que las personas que realizan gastos independientes informen la identificación de ciertos donantes”, al mismo tiempo que codifica “protecciones de divulgación de donantes existentes para ciertas organizaciones exentas de impuestos”, dice el resumen. Se prohibiría a la Comisión de Bolsa y Valores emitir regulaciones con respecto a la divulgación de contribuciones políticas.
También convertiría a la Comisión de Asistencia Electoral en la única agencia autorizada para emitir estándares de certificación para tecnología, equipos y software electorales y de votación, eliminando esa autoridad de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad.
El proyecto de ley requiere que los materiales electorales se conserven durante 22 meses, incluidas las boletas, los sobres de las boletas votadas, las imágenes de las boletas y otros registros que podrían ser útiles para una auditoría después de la elección.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental se encargaría de estudiar la viabilidad de exigir que todo el equipo de votación utilizado en las elecciones federales se fabrique y ensamble en Estados Unidos.
La Ley ACE también derogaría la Orden Ejecutiva 14019 del presidente Joe Biden, prohibiendo así a las agencias federales participar en actividades de movilización o registro de votantes.
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