Un nuevo y aparatoso proyecto de ley sobre los procesos de campaña y registro de votantes le otorgará a los burócratas federales un nuevo poder para controlar el discurso político, según un análisis del Instituto para la Libertad de Expresión (IFS).
«Todas las disposiciones que analizamos son malas ideas, algunas de ellas son claramente inconstitucionales y es muy dudosa la constitucionalidad de otras», dijo el presidente de IFS, David Keating, a The Epoch Times el 22 de febrero.
Keating se refería al proyecto de ley H.R. 1, la «Ley de 2021 para el Pueblo», una legislación a la que la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.), le ha dado la máxima prioridad. La ley incluye una amplia gama de reformas sobre cómo los estadounidenses se registran para votar y emitir sus votos en las elecciones federales, así como quién y cómo puede participar en las campañas para presidente, Senado y Cámara de Representantes.
Si H.R.1 se convierte en ley en su forma actual, según los críticos, socavará las libertades constitucionales, al mismo tiempo que institucionalizará muchos de los cambios en los procedimientos de registro y votación realizados en 2020, que se usaron para responder a la pandemia del virus del PCCh. Esos cambios produjeron uno de los resultados presidenciales más controvertidos en la historia de Estados Unidos.
“Enterrada en las casi 800 páginas del proyecto de ley H.R.1 se encuentra una lista de deseos de quien busca censurar el discurso y la privacidad de los donantes. Propone una democracia donde el compromiso cívico es castigado y donde menos personas tienen voz en nuestro gobierno, en nuestras leyes y en la vida pública”, dijo Eric Wang, autor del estudio, en un comunicado que acompaña a la publicación del análisis. Es miembro senior de IFS y abogado especial en el grupo de práctica de derecho electoral, en el bufete de abogados Wiley Rein, LLP, de Washington.
Entre los 14 problemas constitucionales identificados por el análisis del IFS en el Título IV de H.R. 1, incluidos especialmente los subtítulos B, C y D, el primero son disposiciones que «regulan inconstitucionalmente el discurso que menciona a un candidato federal o funcionario electo en cualquier momento bajo un estándar vago, subjetivo y peligrosamente amplio que pregunta si el discurso ‘promueve’, ‘ataca’, ‘apoya’ o ‘se opone’ (PASO) al candidato o funcionario.
«Este estándar es imposible de entender y probablemente regularía cualquier mención de un funcionario electo que no haya anunciado su retiro».
La propuesta impulsa este veto a la libertad de expresión mediante la creación de una nueva categoría de discurso regulado llamado «desembolsos relacionados con la campaña» que impactaría grupos de defensa sin fines de lucro y otros interesados en comunicarse sobre temas de política pública.
Dicho discurso incluiría cualquier comunicación pública que mencione a un candidato específico para un cargo federal y ataque o apoye a ese candidato “sin importar si la comunicación aboga expresamente por un voto a favor o en contra” del candidato.
También incluiría cualquier comunicación pública que sea «susceptible de alguna interpretación razonable por promover, apoyar, atacar u oponerse a la nominación o confirmación del Senado» de un candidato a un tribunal federal.
También se incluirían todas las comunicaciones públicas que cumplan con la definición de la ley actual de «comunicaciones de campaña electoral», es decir, anuncios de radio y televisión que simplemente mencionen a un candidato o funcionario por su nombre. También impondría nuevos y significativos costos de cumplimiento normativo en todos los discursos políticos en Internet que no sean publicidad paga.
«Por lo tanto, si se promulgó la H.R. 1, es probable que cualquiera que opere un sitio web, por ejemplo, sin saberlo, pueda entrar en conflicto con los requisitos de exención de responsabilidad y presentación de informes de la [Comisión Federal Electoral] FEC al publicar información poco halagadora sobre un candidato federal o funcionario electo» sostiene el análisis de IFS.
“Esto se debe a que los costos de hospedaje y mantenimiento de un sitio web probablemente lo calificarían como un ‘Internet de pago o una comunicación digital de pago’”.
“De manera similar, un grupo que comparte una guía de votantes o una tarjeta de puntuación legislativa utilizando un servicio de correo electrónico pagado o una aplicación para dispositivos móviles probablemente estaría realizando una ‘comunicación de pago por Internet o digital’ en el marco de la R.H. 1. Incluso publicaciones de un grupo en Facebook, tweets de Twitter, y las cargas de YouTube podrían regularse si se utiliza personal remunerado para crear dicho contenido”.
Otros problemas inconstitucionales entre los 14 identificados por el estudio IFS incluyen disposiciones del Título IV de H.R.1 que:
- “Imponen requisitos inflexibles de exención de responsabilidad en anuncios por Internet de oradores estadounidenses que pueden hacer que muchas formas de anuncios pequeños, populares y rentables, que abogan por cambios en las políticas gubernamentales o por la elección o derrota de candidatos, sean efectivamente imposibles.
- “Obligan a los grupos a presentar informes onerosos y probablemente duplicados ante la [FEC] si patrocinan anuncios que intentan ‘promover’, ‘atacar’, ‘apoyar’ u ‘oponerse’ a individuos, como miembros del Congreso, para que apoyen o se opongan a cuestiones políticas, incluida legislaciones como la H.R.1.”
- “Obligan a los grupos a identificar públicamente a ciertos donantes de anuncios en los mismos anuncios. En muchos casos, los donantes identificados no habrán proporcionado financiación para los anuncios. Ante la perspectiva de estar asociado de manera inexacta con lo que, por ley, se consideraría (injustificadamente, en muchos o la mayoría de los casos) anuncios de ‘campaña’ en los informes y descargos de responsabilidad de la FEC, muchos donantes dejarán de donar a organizaciones sin fines de lucro, o estos grupos se autocensurarán”.
- “Obligan a las organizaciones que otorgan subvenciones a presentar informes e identificar públicamente a sus propios donantes si se considera que una organización tiene ‘motivos para saber que una entidad donataria ha realizado o realizará los denominados desembolsos relacionados con la campaña’. Esta nueva norma vaga y subjetiva aumentará enormemente los costos legales de examinar las subvenciones y muchos grupos simplemente terminarán los programas de concesión de subvenciones”.
- «Centran la atención pública en las personas y los donantes asociados a las organizaciones patrocinadoras, en lugar de centrar la atención en el mensaje del candidato u organización, exacerbando la política de destrucción personal y afectando aún más al discurso político».
En resumen, el análisis del IFS concluyó que H.R. 1 “aumentaría enormemente los ya onerosos costos de cumplimiento legal y administrativo, el riesgo de responsabilidad, y los costes para la privacidad de los donantes y de las asociaciones de grupos cívicos que hablan sobre políticos y cuestiones políticas.
“Las organizaciones y sus partidarios se verán aún más disuadidos de hablar o se verán obligados a desviar recursos de sus actividades de promoción para pagarle a los abogados y a más personal”.
“Algunos grupos no podrán pagar estos costos o violarán la ley sin saberlo. Menos discurso por parte de ciudadanos y organizaciones privadas significa que los políticos podrán actuar con menos responsabilidad ante la opinión pública y las críticas. En consecuencia, los ciudadanos, que de otro modo hubieran escuchado su discurso, tendrán menos información sobre el gobierno”.
Póngase en contacto con Mark Tapscott en [email protected]
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