El gobernador de California, Gavin Newsom, se está retractando de las declaraciones realizadas el mes pasado, después de que las normas federales le impidieran retirar los contratos estatales con Walgreens, por el medicamento abortivo mifepristona que el minorista se niega a dispensar en 21 estados de Estados Unidos.
«California no tiene intención de tomar ninguna medida que infrinja los requisitos federales de Medicaid o que pueda socavar el acceso de las personas con bajos ingresos», declaró en un comunicado Tony Cava, portavoz del Departamento de Servicios de Salud de California.
Newsom anunció el 8 de marzo que tenía previsto no renovar un acuerdo —que entraría en vigor el 1 de mayo— entre California y Walgreens, con sede en Illinois, utilizado principalmente por el sistema de atención sanitaria correccional del estado.
Más de la mitad de los abortos realizados en el país se llevaron a cabo con el uso de fármacos, según datos recopilados en 2022 por el Instituto Guttmacher, una organización sin ánimo de lucro con sede en Nueva York centrada en la investigación y la política relacionadas con el aborto.
Medicaid en California —conocido como Medi-Cal— proporciona cobertura sanitaria a aproximadamente 15 millones de residentes con bajos ingresos, según el Departamento de Salud Pública de California.
Aunque Newsom intentó rescindir los acuerdos con Walgreens, la ley federal relativa a los beneficiarios de Medicaid se lo impidió, ya que permite a los beneficiarios la opción de elegir proveedores de atención médica, incluido el lugar donde obtienen las recetas médicas.
Aunque la ley permite algunas restricciones, sólo se permiten en determinadas circunstancias, ninguna de las cuales se aplica a los contratos del estado.
Estos mismos estatutos protegen a organizaciones como Planned Parenthood en estados conservadores que han intentado impedir que ofrezcan abortos.
Anteriormente, Newsom había dicho que el estado «no se quedaría de brazos cruzados mientras las corporaciones ceden ante los extremistas y cortan el acceso crítico a la atención y la libertad reproductivas», y que California «aprovecharía» su poder de mercado «para defender el derecho a elegir».
Las decisiones contradictorias en casos judiciales publicadas el 7 de abril contribuyen a la incertidumbre que rodea la cuestión.
En un caso presentado en el estado de Washington, el juez Thomas Rice dictó una sentencia que impedía a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) retirar la mifepristona del mercado.
Mientras tanto, un juez federal del distrito norte de Texas, Matthew Kacsmaryk, emitió una orden judicial de ámbito nacional que suspendía la aprobación del fármaco por parte de la FDA.
Inmediatamente después de la decisión, el Departamento de Justicia de EE. UU. y un fabricante de mifepristona, Danco Laboratories, anunciaron su intención de presentar demandas para impugnar la sentencia.
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