La decisión de EE.UU. de dar luz verde a las demandas contra empresas multinacionales que operan en terrenos o inmuebles expropiados en Cuba amenaza con disuadir la inversión extranjera en el país caribeño y asestar un duro golpe a su dictadura comunista.
Desde el próximo jueves, los ciudadanos estadounidenses (gran parte de origen cubano) que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras la Revolución de 1959 podrán demandar en tribunales del país norteamericano a cualquier empresa extranjera que se beneficie de ellas, en virtud del título III de la ley Helms-Burton de 1996.
En un movimiento sin precedentes, la Administración de Donald Trump anunció el pasado 17 de abril la inminente activación de los títulos III y IV (este último impide la entrada a EE.UU. de los demandados por el anterior), que permanecían suspendidos desde su promulgación por el rechazo de la Unión Europea y otros países cuyas compañías pudieran verse afectadas.
Firmas españolas como Meliá e Iberostar y otras europeas, canadienses, japonesas, rusas o chinas operan -generalmente en régimen de empresa mixta con corporaciones estatales cubanas- hoteles y otros negocios ubicados en propiedades o terrenos que fueron nacionalizados en los primeros años de mandato de Fidel Castro.
De multiplicarse las demandas en tribunales estadounidenses se podría generar una complicada espiral de litigios internacionales que perjudicarían a las empresas demandadas, especialmente si cuentan con algún tipo de activos en EE.UU.
La Unión Europea (UE), que aglutina a la mayoría de las compañías amenazadas, advirtió que contraatacará con «todas las opciones a su alcance», en palabras de su alta representante para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, que emitieron un comunicado conjunto tras el anuncio de Washington.
Concretamente, Bruselas prometió recurrir a su «estatuto de bloqueo», que prohíbe la aplicación de las sentencias de tribunales estadounidenses relacionadas con el Título III en territorio europeo y permite a los demandados recibir indemnizaciones por daños a través de procedimientos judiciales contra sus demandantes en las cortes europeas.
En el caso concreto de España, cuyas empresas dominan gran parte del mercado hotelero cubano, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aludió a la necesidad de que la Unión Europea acuda de nuevo a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
De hecho, fue una primera demanda ante la OMC presentada por la UE en 1996 la que forzó a EE.UU., entonces con Bill Clinton en la Casa Blanca, a suspender indefinidamente la aplicación de los títulos III y IV, medida que fue respetada por todos los antecesores de Trump.
Al margen de los procesos legales a los que dé pie, los expertos auguran que la aplicación del título III creará un efecto disuasorio en potenciales inversores extranjeros en la isla, que necesita de unos 2000 millones de dólares anuales de inversión foránea directa para sostener su economía.
El régimen cubano ha emprendido una intensa campaña para desacreditar la medida de Trump y recabar apoyos en la comunidad internacional, lo que refleja el alto grado de preocupación que este movimiento genera en La Habana.
Al previsto -aunque aún imposible de cuantificar- desincentivo de las inversiones extranjeras se suma además el anuncio de dos nuevas sanciones de EE.UU.: la restricción más severa de los viajes de sus ciudadanos a la isla y la limitación de las remesas de familiares a 1000 dólares trimestrales por persona.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, reconoció que las medidas tendrán «un impacto probable en la economía» del país, si bien consideró que «están condenadas al fracaso» y apeló a la tradicional resistencia de los cubanos ante las continuas adversidades a las que se enfrentan.
En todo caso, este problema surge en un momento de especial fragilidad en la economía de la isla, donde comienzan a escasear de forma intermitente alimentos básicos como la harina, el aceite o los huevos, se acumula la deuda a proveedores extranjeros y la balanza de pagos permanece en negativo sin solución a la vista.
Por si fuera poco, el régimen de Venezuela, principal socio y sostén de La Habana, experimenta las restricciones de la administración Trump que pone en peligro los envíos de petróleo subvencionado que aportan a la isla aproximadamente la mitad de su demanda energética diaria de 130.000 barriles.
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