Un juez federal de California bloqueó una ley que exigía una verificación de antecedentes para comprar municiones, dictaminando que violaba el derecho de la Segunda Enmienda a portar armas.
El jueves, el juez de distrito de Estados Unidos, Roger Benítez, nombrado por George W. Bush, falló a favor de una demanda presentada por la Asociación de Rifles y Pistolas de California y los vendedores de municiones de fuera del estado, en la que pedían el cese de las verificaciones y restricciones relacionadas con la venta de municiones.
«El experimento ha sido probado. Se han contado las bajas. La nueva ley de verificación de antecedentes de municiones de California erró en el tiro y los derechos de los ciudadanos de California en virtud de la Segunda Enmienda han sido gravemente perjudicados», escribió Benítez en el fallo y calificó la ley de «onerosa y enrevesada» además de «constitucionalmente defectuosa».
En 2016, los votantes de California aprobaron leyes de armas más estrictas, incluyendo la verificación de antecedentes en la compra de municiones y la prohibición de los cargadores de alta capacidad. Poco después de que las restricciones entraran en vigor en julio de 2019, el estado se vio afectado por la demanda.
El juez argumentó que los controles perjudicaban a los compradores de munición legal, pero no disuadían a los criminales de armarse. «Los criminales, los tiranos y los terroristas no hacen comprobaciones de antecedentes», escribió Benítez.
El fiscal general Xavier Becerra afirmó en una presentación en la corte que las verificaciones de antecedentes impidieron que más de 750 personas compraran balas ilegalmente desde julio de 2019 hasta enero de 2020, según The Associated Press.
Chuck Michel, presidente y consejero general de la Asociación de Rifles y Pistolas de California, elogió la decisión del juez.
«Este es un golpe devastador para los defensores anti-pistolas que falsamente empujaron la Prop 63 en nombre de la seguridad. En realidad, la burocracia y los desastrosos errores de la base de datos del estado hicieron imposible que cientos de miles de californianos respetuosos de la ley compraran municiones para deporte o defensa personal», comunicó Michel. «El tribunal consideró que las endebles razones ofrecidas por el gobierno para justificar estas infracciones constitucionales eran deplorablemente inadecuadas», añadió.
Aunque la asociación dijo que espera que el estado apele el fallo, destacó que «los californianos pueden dormir un poco más tranquilos esta noche sabiendo que sus derechos constitucionales fueron restaurados y fortalecidos por esta decisión».
El año pasado, Benítez anuló la prohibición del estado sobre los cargadores de armas de alta capacidad de más de 10 rondas, declarando en una orden de 86 páginas (pdf) que «la libertad individual y la libertad no son conceptos anticuados».
Argumentando por qué no debería aplicarse la prohibición de California de los cargadores de gran capacidad, Benítez citó un estudio sobre el uso de armas de fuego para la defensa personal, en el que se estimaba que cada año los civiles utilizan entre 2,2 y 2,5 millones de armas defensivas. De ellos, hasta 400,000 usos de armas defensivas se daban en situaciones en las que los defensores creían que al usar el arma habían salvado una vida.
El Associated Press contribuyó a este informe.
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