América Latina fue el continente donde más se degradó la libertad de prensa en 2021, especialmente en países como Brasil y El Salvador, reveló este martes un nuevo reporte de 2021 de Reporteros sin Fronteras (RSF).
Latinoamérica sufrió el peor retroceso entre los indicadores que mide las dificultades de acceso a la información para la prensa. La crisis del coronavirus actuó como un “acelerador de la censura en América Latina y ha creado serias dificultades para acceder a información sobre la gestión de la epidemia por parte de los gobiernos de la región”, según la Clasificación 2021 de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF) publicada este 20 de abril.
El reporte, que cada año evalúa la situación de la libertad de prensa en 180 países, descubrió “graves impedimentos” en 73 de los territorios evaluados por RSF, y “obstáculos” en otros 59, lo cual representa el 73% de las naciones evaluadas. Dichas cifras se ven reflejadas en rojo o negro del mapa elaborado por la organización; mientras que las zonas de color naranja están clasificadas como lugares “problemáticos” para ejercer el periodismo.
“En América Latina, casi todos los indicadores están en rojo. Con algunas raras excepciones, el entorno laboral de los periodistas, que ya era hostil y complicado antes de la crisis del coronavirus, se ha deteriorado aún más”, escribió RSF en Twitter el martes.
#RSFIndex En América Latina, casi todos los indicadores están en rojo. Con algunas raras excepciones, el entorno laboral de los periodistas, que ya era hostil y complicado antes de la crisis del coronavirus, se ha deteriorado aún más https://t.co/voVTOqey3X
— RSF en español (@RSF_esp) April 20, 2021
Cuba encabeza la lista de la región como el peor clasificado (Nº 171, el único país de color negro), seguido por Honduras (Nº 151), Venezuela (Nº 148), y México (Nº 143). Por el contrario, Costa Rica (Nº 5) y Jamaica (Nº 7) son los países con mejor clasificación en la lista.
Por otro lado, el reporte destacó la situación de Brasil (Nº 111) y El Salvador (Nº 82), como los países en donde los medios denunciaron más dificultades para acceder a la información.
“El acceso a las cifras oficiales sobre la epidemia se volvió sumamente complejo por la falta de transparencia del gobierno de Jair Bolsonaro, que intentó por todos los medios minimizar el alcance de la crisis y generó innumerables tensiones entre las autoridades y los medios de comunicación nacionales”, según RSF.
El Salvador fue el país que sufrió una de las mayores caídas en la clasificación, dijo la organización, y el trabajo de la prensa se vio “ampliamente obstaculizado”.
“La policía incautó material periodístico, se prohibió el acceso a espacios públicos, hubo falta de transparencia en el acceso a la información pública, los funcionarios presidenciales se negaron a responder preguntas sobre el coronavirus durante las ruedas de prensa, e incluso se prohibió entrevistar a representantes del Estado sobre el asunto”, dice el reporte.
Asimismo, se menciona el obstruccionismo de líderes autoritarios como Daniel Ortega en Nicaragua (Nº 121) o Nicolás Maduro en Venezuela, donde a la prensa se le considera “enemigos del pueblo”.
“Estos mandatarios aprovecharon la onda expansiva provocada por la crisis para fortalecer su arsenal de censura y complicar aún más la labor informativa de la prensa independiente. A los periodistas se les acusó públicamente de exagerar la gravedad de la crisis sanitaria y de sembrar el pánico en el espacio público. Quienes se atrevieron a cuestionar la respuesta oficial de las autoridades para combatir la pandemia fueron detenidos, acusados de practicar el ‘terrorismo de desinformación’», dice.
México sigue siendo una de las naciones «más mortíferas del mundo para la prensa”, de acuerdo con RSF, en donde el actual presidente López Obrador “sigue estigmatizando” a los periodistas cuando se publican reportajes “contrarios a sus intereses”.
Por otro lado, países como Argentina (Nº 69) y Perú (Nº 91) experimentaron un aumento de procesos judiciales “abusivos” contra la prensa, generalmente por parte de funcionarios del estado. En Colombia (Nº 134) se pagó por campañas de difamación, intimidación y acoso contra los periodistas, mientras que la cobertura de manifestaciones en Chile (Nº 54) se ha convertido en una labor de riesgo.
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