El Departamento de Defensa (DoD) está repitiendo su política fallida de exigir una vacuna que un tribunal federal luego consideró ilegal, argumenta la fundación sin fines de lucro de ayuda legal para la libertad religiosa, Liberty Counsel.
Varios años después de que el DoD lanzara su programa de vacunación contra el ántrax en 1998, obligando a los miembros del servicio militar a ser vacunados o dados de baja, se presentó una demanda y un juez federal dictaminó que era ilegal, lo que obligó al DoD a finalizar el programa. De manera similar, como resultado de múltiples demandas presentadas por el mandato de vacunación contra el COVID-19 del DoD y de las ramas militares que negaron las solicitudes de adaptaciones religiosas, los tribunales continúan fallando en contra del DoD, aunque su mandato aún no ha terminado.
El DoD mantiene que su mandato de vacunación contra el COVID-19 es necesario para la preparación militar. También argumenta que los jueces de los tribunales de distrito de EE.UU. no tienen jurisdicción para supervisar sus políticas. Sin embargo, en todos los casos presentados sobre el mandato en varias jurisdicciones, los jueces federales han dictaminado lo contrario. Asimismo, un informe del Inspector General del Departamento de Defensa encontró que, en todas las ramas militares, los oficiales violaron la ley federal al emitir denegaciones generalizadas a solicitudes de adaptaciones religiosas (RAR).
En el caso de Liberty Counsel, Navy SEAL 1 vs Biden, no se otorgaron RAR de las 21,342 presentadas, según descubrió el juez del Tribunal de Distrito de EE.UU., Steven Merryday. Por esta y otras razones, reprendió a los líderes militares y falló a favor de los demandantes. El caso irá a juicio en enero.
El fundador y presidente de Liberty Counsel, Mat Staver, dijo que el Departamento de Defensa “continúa abusando de nuestros miembros del servicio militar con estos mandatos ilegales de vacunación. Los miembros del servicio están continuamente amenazados con ser despedidos, con la pérdida de salarios y beneficios y el reembolso de los costos de educación y capacitación. Como resultado, también sufren efectos físicos adversos”.
El secretario de Defensa, Lloyd Austin, emitió un mandato de vacunación contra el COVID-19 en agosto de 2021 que exige que todos los militares en servicio activo, reservistas, personal civil y contratistas se apliquen la vacuna contra el COVID-19, que aún está disponible solo a través de la Autorización de uso de emergencia, o, de no hacerlo, enfrentar una baja deshonrosa y otras consecuencias. En octubre pasado el Liberty Counsel presentó una demanda.
Merryday concedió la solicitud del Liberty Counsel para medidas cautelares permanentes en nombre de varios miembros del servicio y otorgó una reparación de demanda colectiva y una medida cautelar preliminar para todos los infantes de la Marina de EE.UU.
Décadas antes, el mandato de la vacuna contra el ántrax del DoD también era ilegal, argumenta el Liberty Counsel. Solo después de que se presentó una demanda y un juez dictaminó que era ilegal, el Departamento de Defensa le puso fin.
El Departamento de Defensa lanzó el Programa de Inmunización de la Vacuna contra el Ántrax en 1998 que requiere que todos los miembros del ejército de EE.UU. se vacunen o sean dados de alta. Desde el 1 de marzo de 1998 hasta el 14 de enero de 2007, se administraron aproximadamente seis millones de dosis de la vacuna contra el ántrax.
En 1970 la FDA autorizó por primera vez la vacuna original, específicamente para trabajadores agrícolas expuestos a la bacteria formadora de esporas Bacillus anthracis. La bacteria mata animales de sangre caliente en regiones agrícolas y rurales y es contagiosa e infecciosa a través del contacto con la piel.
En 2003, se presentó una demanda, Doe vs Rumssfeld, en la que los demandantes argumentaron que la vacuna contra el ántrax era un fármaco experimental, sin licencia para el uso, que se les estaba aplicando. También argumentaron que violaba la ley federal, una orden ejecutiva presidencial y las propias regulaciones del DoD y le pidieron al tribunal que le prohibiera al DoD vacunarlos sin consentimiento informado.
El juez de distrito de EE.UU., Emmet Sullivan, concedió su solicitud y dictaminó que la FDA no siguió los procedimientos adecuados cuando autorizó el uso del medicamento. También dijo que el «programa de vacunación involuntaria [del DoD] contra el ántrax [era] ilegal», informó la Alianza para la Protección de la Investigación Humana en ese momento.
Sullivan también emitió una dura reprimenda, diciendo: “El Congreso ha prohibido la administración de medicamentos en investigación a los miembros del servicio sin su consentimiento. Este Tribunal no permitirá que el gobierno eluda este requisito. Los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas merecen la seguridad de que las vacunas que nuestro gobierno les obliga a tomar en sus cuerpos han sido aprobadas por el mayor escrutinio de todos: El escrutinio público. Este es el proceso que ha esbozado la FDA en su dictamen pericial, y este es el curso que este Tribunal obligará a seguir a la FDA”.
Como resultado, el DoD suspendió el programa, pero para muchos ya era demasiado tarde. Las inyecciones obligatorias causaron reacciones adversas en el 85 por ciento de las tropas y dieron como resultado que muchos miembros de la Reserva de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional Aérea se transfirieran a otras unidades o abandonaran el ejército por completo entre 1998 y el 2000, según un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno.
La tasa de reacciones adversas fue mucho más alta que el 30 por ciento declarado por el fabricante, encontró la GAO, y el 16 por ciento de los encuestados dijeron que habían dejado el ejército o cambiado su estado, en parte, debido al mandato de vacunación del Departamento de Defensa.
El mandato de la vacuna contra el ántrax “parece haber afectado negativamente a la Guardia Nacional Aérea y a la Reserva de la Fuerza Aérea en términos de retener al personal experimentado necesario”, encontró la GAO.
También encontró que el 77 por ciento de los encuestados dijeron que se habrían negado a recibir las inyecciones “si hubieran tenido la opción”.
“Según nuestra encuesta, entre septiembre de 1998 y septiembre del 2000, cuando AVIP era obligatorio, alrededor del 16 por ciento de los pilotos de guardia y de reserva y miembros de tripulación se habían transferido a otra unidad (principalmente a posiciones que no eran de vuelo), se habían trasladado al estado inactivo o dejaron el ejército por completo”, afirma el informe de la GAO; “El 18 por ciento de los que aún participaban en unidades indicaron su intención de transferirse, mudarse o irse en un futuro cercano. Alrededor de una quinta parte de los que ya se habían ido lo hicieron a sabiendas antes de calificar para el retiro militar”.
Aunque entre 1990 y 2007 sólo se presentaron 4753 informes al Sistema de Notificación de Efectos Adversos de Vacunas, que detallaban los efectos adversos de la vacuna contra el ántrax, el informe de la GAO descubrió que la mayoría no informó de sus reacciones a través de la cadena de mando militar porque les preocupaba «la pérdida del estatus de vuelo, un posible efecto adverso en sus carreras militares o civiles y el miedo al ridículo”.
Dos estudios de los CDC, publicados en 2002, también indicaron que la vacunación contra el ántrax estaba asociada con enfermedades de la Guerra del Golfo.
Por Bethany Blankley
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