La vicepresidenta de Venezuela dijo este sábado que el líder opositor Edmundo González Urrutia abandonó el país en busca de asilo político en España.
González pasó a la clandestinidad días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por el gobierno anunciara los resultados controvertidos de las elecciones de julio en Venezuela el 28 de julio, que declaró al presidente Nicolás Maduro como ganador con el 52 por ciento de apoyo sin publicar datos detallados de la votación.
Mientras tanto, la oposición publicó en internet los recuentos detallados de las votaciones de la mayoría de los distritos electorales, lo que, según afirma, demuestra que González ganó por un margen convincente de más de dos tercios. En respuesta, el fiscal general Tarek William Saab, un fiel aliado de Maduro, emitió órdenes de arresto contra González por cargos de presunta falsificación de documentos electorales e intento de socavar al CNE.
González había faltado tres veces a la investigación criminal por sabotaje electoral.
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dijo el sábado que González había salido de Venezuela desde la embajada de España donde buscaba asilo.
«Quien habiéndose refugiado voluntariamente en la embajada del Reino de España en Caracas desde hace varios días, solicitó ante ese gobierno la tramitación de asilo político», dijo en Instagram. Agregó que la solicitud de González de salir del país había sido concedida por el gobierno.
El abogado de González, José Vicente Haro, también confirmó la salida del líder opositor.
El ministro de Asuntos Exteriores de España dijo que González había solicitado asilo y que se envió un avión de la fuerza aérea española.
«España está comprometida con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos», afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un comunicado.
González, de 75 años, se enfrentó a Maduro en julio como un candidato ampliamente desconocido que se registró para postularse a la presidencia después de que las autoridades gubernamentales le prohibieran a la presidenta del partido, María Corina Machado, postularse para un cargo público en marzo.
Expertos de las Naciones Unidas y del Centro Carter, que por invitación del gobierno de Maduro observó las elecciones, determinaron que los resultados anunciados por las autoridades electorales carecían de credibilidad. En un pronunciamiento crítico sobre las elecciones, los expertos de la ONU no llegaron a validar la afirmación de la victoria de la oposición, pero dijeron que los registros de votación publicados en Internet parecen exhibir todas las características de seguridad originales.
Estados Unidos, la Unión Europea y varios otros países, incluso de América Latina, se han negado a reconocer a Maduro como ganador de las elecciones sin que Caracas publique un desglose de los resultados electorales.
«En lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica en Venezuela, Maduro ahora ha ordenado el arresto del líder democrático que lo derrotó abrumadoramente en las urnas. Edmundo González ha promovido la reconciliación nacional y nos sumamos a la creciente lista de aliados internacionales que condenan esta orden de arresto injustificada», dijo el embajador Brian A. Nichols del Departamento de Estado de Estados Unidos en las redes sociales el 3 de septiembre.
Las actas de escrutinio se han utilizado desde hace tiempo para informar sobre los resultados electorales en Venezuela. En elecciones presidenciales anteriores, la CNE publicó en Internet los resultados de cada una de las más de 30,000 máquinas de votación, pero el grupo controlado por Maduro no divulgó ningún dato esta vez, achacando el hecho a un supuesto ciberataque organizado por sus oponentes desde Macedonia del Norte.
Desde las últimas elecciones de Venezuela, que no fueron reconocidas como libres ni justas por muchos observadores y países internacionales, Rodríguez ha sido sancionada por varios países y entidades, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, por su participación en abusos de los derechos humanos y corrupción, socavando la democracia y el estado de derecho en Venezuela.
The Associated Press contribuyó a este artículo.
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