El senador Lindsey Graham (R-S.C.) pidió el viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule una citación para que testifique ante un gran jurado especial en Georgia en una investigación sobre una posible interferencia ilegal en las elecciones de 2020.
Graham presentó su solicitud un día después de que un tribunal federal de apelaciones confirmara la decisión de un tribunal inferior de que el senador republicano debía testificar.
La investigación, encabezada por el fiscal de distrito del condado de Fulton, el demócrata Fani Willis, busca interrogar a Graham sobre las llamadas telefónicas al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en las semanas posteriores a las elecciones de 2020.
Graham ha argumentado que su conducta posterior a las elecciones fue parte de los esfuerzos de investigación legislativa y, por lo tanto, está protegida por la cláusula de Discurso y Debate. La cláusula asegura que los congresistas no pueden ser interrogados «en ningún otro lugar» sobre cualquier discurso o debate en cualquiera de las dos cámaras del Congreso.
El tribunal federal de apelación coincidió con un tribunal inferior en que cualquier tipo de interrogatorio sobre actividades legislativas está prohibida, pero que no toda la conducta de Graham entraba en esta categoría.
Por lo tanto, el gran jurado puede seguir un interrogatorio restringido que no violaría sus derechos como senador activo.
Graham puede ser interrogado sobre cualquier presunto esfuerzo para animar a Raffensperger u otros a «tirar las papeletas o alterar de otro modo las prácticas y procedimientos electorales de Georgia».
«Comunicaciones y coordinación»
El fallo del tribunal federal de apelaciones declaró que las «comunicaciones y la coordinación de Graham con la campaña de Trump con respecto a sus esfuerzos postelectorales en Georgia, las declaraciones públicas con respecto a las elecciones de 2020, y los esfuerzos para ‘engatusar’ o ‘exhortar’ a los funcionarios electorales de Georgia» caen fuera de las actividades legislativas protegidas.
El senador republicano no puede ser interrogado sobre su «investigación de hechos en las llamadas telefónicas a los funcionarios electorales de Georgia» durante el testimonio del gran jurado.
El tribunal de primera instancia dictaminó en septiembre «que esta área de investigación cae bajo la protección de la Cláusula de Discurso o Debate, que prohíbe las preguntas sobre la actividad legislativa».
Los abogados de Graham han argumentado previamente que su testimonio «erosionaría el equilibrio constitucional de poderes y la capacidad de un miembro del Congreso para hacer su trabajo».
Sin embargo, Willis ha dicho que Graham «posee un conocimiento único en relación con» lo que se dijo en las llamadas telefónicas, así como «cualquier comunicación entre él mismo, otros involucrados en la planificación y ejecución de las llamadas telefónicas, la campaña de Trump y otros individuos conocidos y desconocidos involucrados en los esfuerzos coordinados de varios estados para influir en los resultados de las elecciones de noviembre de 2020 en Georgia y en otros lugares».
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