Los extranjeros ya pueden solicitar puestos de trabajo en el gobierno del condado de Los Ángeles, California, con algunas excepciones.
La moción de «contratación inclusiva», que fue aprobada la semana pasada por la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, elimina la ciudadanía estadounidense como requisito para los puestos del condado siempre que no lo prohíba la ley estatal o federal.
El objetivo estatal de la moción (pdf) es ampliar el grupo de solicitantes y crear una «fuerza de trabajo inclusiva y representativa» que sea «un reflejo de una comunidad diversa» a la que sirve el gobierno del condado. Con más de 110,000 trabajadores, el gobierno del condado es uno de los mayores empleadores de la región.
«Los empleados existentes con estatus de inmigración y habilidades lingüísticas diversas son capaces de mejorar los servicios del condado mediante la conexión con las comunidades vulnerables y el establecimiento de nuevas conexiones a los servicios críticos», afirma la moción.
Los cambios no se aplican a los aspirantes a agentes de la paz, incluidos los que desean trabajar para el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.
La Junta de Supervisores, compuesta por cinco miembros, no respondió a la petición de The Epoch Times de aclarar si las personas que carecen de estatus migratorio legal seguirán sin poder trabajar para el condado.
La nueva política marca el último movimiento del condado hacia la contratación de extranjeros para puestos gubernamentales. En agosto de 2021, la Junta de Supervisores aprobó una moción que permite al condado emplear a los no ciudadanos como jefes de departamento, excepto el jefe de libertad condicional. También permite a los jefes de departamento nombrar a no ciudadanos como sus adjuntos, a menos que la ley estatal o federal disponga lo contrario.
La Junta de Supervisores dijo el año pasado que había preguntado a la Oficina del Asesor Jurídico del Condado y al Departamento de Recursos Humanos si era legal prescindir de la ciudadanía estadounidense como requisito para trabajar en el gobierno del condado. A la junta se le respondió que tiene autoridad para hacerlo siempre que la ley no diga explícitamente que el puesto en cuestión debe ser ocupado por un ciudadano.
La presidenta de la Junta, Hilda L. Solís, y la supervisora Sheila Kuehl, ambas demócratas, fueron las autoras de las mociones. La ciudadanía estadounidense ha hecho «más difícil» que el condado proporcione «servicios culturalmente competentes» y atraiga «candidatos a puestos de trabajo de alta calidad», dijo Sheila Kuehl a través de un comunicado de prensa del 22 de junio.
«Pedimos al Consejo del Condado que estudie la posibilidad de eliminar este requisito, porque impide que nuestra plantilla refleje la diversidad de la población del Condado y sus diversas necesidades», añadió Solís.
La promesa de la junta de ampliar el grupo de solicitantes cualificados se produce después de que esta le diera al director de personal del condado el poder absoluto de disciplinar a cualquier empleado que rechace la vacuna contra COVID-19. En abril, la junta votó 4-0 para aprobar el cambio de reglas, con la abstención de la supervisora republicana Kathryn Barger.
El cambio de regla se dirigía al sheriff del condado, Alex Villanueva, que se negó a despedir a los empleados que no habían cumplido con el mandato de la vacuna contra COVID-19 en el condado. Villanueva argumentó que hacerlo diezmaría los ya escasos recursos humanos de su departamento en un momento en que los delitos violentos en Los Ángeles están alcanzando niveles récord.
«Su moción va a tratar de hacer que perdamos 4000 empleados, por un total de 0.4 por ciento de mejora en la tasa de positividad», dijo Villanueva. «Nosotros estamos saliendo de dos años de un aumento históricamente alto del 94 por ciento en la tasa de homicidios y un aumento del 64 por ciento en el robo de autos. Esto no es sostenible».
La disputa puede ser resuelta en las próximas elecciones generales por los votantes del condado. El sheriff y dos de los cinco puestos de la junta se someten a votación este noviembre. Tanto Villanueva como su crítico, Solís, están en campaña de reelección.
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